El juez federal Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria del ministro Oscar Aguad por haber realizado un acuerdo “abusivo” con Correo Argentino SA, la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri, en junio de 2016. El funcionario, que entonces se desempeñaba como ministro de Comunicaciones y actualmente encabeza la cartera de Defensa, deberá presentarse a rendir explicaciones a la Justicia el 28 de febrero de 2019, tras la feria judicial de enero, confirmaron fuentes judiciales a Perfil.
El magistrado también citó al subsecretario Juan Manuel Mocoroa (para el 26 de febrero). Además, deberán declarar el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher el 19 y 21 de febrero, respectivamente. Los dos últimos son hombres de estrecha confianza de la familia presidencial.
Lijo fijó las indagatorias 24 horas después de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara que los cuatro imputados sean citados por el caso.
El junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87 % a la deuda de Correo Argentina SA con el Estado, en un pacto que el fiscal calificó el jueves como “abusivo” y “perjudicial para la administración pública”, utilizando la mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Gabriela Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.
El caso, el escándalo y la foja cero
El Gobierno de Macri y la empresa de su familia debían llegar a un acuerdo para que Correo Argentino SA pagara una deuda con el Estado Nacional que viene arrastrando desde hace casi dos décadas por cánones adeudados durante la concesión del correo. Entonces, Franco Macri estaba al mando de la compañía. Tras la estatización del correo en 2003, la compañía que gerenciaba el servicio se negó a pagar su deuda y esta comenzó a acumular intereses millonarios.
Los funcionarios de Macri debían garantizar los intereses del patrimonio público pero terminaron firmando un pacto por el que que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. A marzo de 2033, cuando finalizara el plan de pagos acordado, la administración pública habría dejado de recibir más de $ 70.163 millones de Correo Argentino SA.
En 2017, luego de que el acuerdo llegara a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial para ser homologado, la fiscal general ante ese tribunal, Boquin, se opuso al acuerdo y destapó el caso Correo. Más tarde, el Presidente debió dar marcha atrás con lo que había acordado Aguad con los representantes de su familia y el acuerdo volvió a “foja cero”. También se abrió este expediente penal en los tribunales federales. Más de un año después, el Estado sigue sin poner fin a las negociaciones para cobrar la deuda de Correo.
En un duro dictamen, que se dio a conocer el jueves, Pollicita sostuvo que Aguad y Mocoroa, en representación del Estado, y los dos representantes de la empresa de los Macri “obligaron abusivamente a la administración pública con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA” en “perjuicio del patrimonio público”.
De acuerdo al fiscal, con el acuerdo que iba a concretarse de no mediar el dictamen de Boquin y el consecuente escándalo mediático, el Estado iba a tener que “soporta el no recupero del valor real” de la deuda de Correo Argentino SA, gerenciada por Sideco, principal compañía de la familia Macri.
El rol del ministro Aguad
Hay “elementos objetivos” en el expediente contra el ministro Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher que “permiten atribuirles participación en la maniobra”, dijo el fiscal Pollicita, quien no descartó la intervención de “otros sujetos” en dicho esquema.
Como ministro de Comunicaciones y máxima autoridad del Gobierno en las negociaciones con Correo Argentino SA, Aguad tenía asignado “el cuidado del patrimonio público” pero “omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar”, escribió Pollicita. De acuerdo al fiscal, Aguad “obligó a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito (es decir, de lo que Correo Argentino le debe al Estado en concepto de cánones no abonados durante la concesión) con el interés de beneficiar a la empresa involucrada”, cuyos dueños son los hermanos e hijos del Presidente, jefe político directo del ministro.
Aguad, sostuvo el fiscal, “impartió instrucciones previamente acordadas con la contraparte (Correo Argentino SA) al director general de Asuntos Jurídicos” del entonces ministerio de Comunicaciones, Mocoroa. Pollicita citó como ejemplo la nota del 24 de junio de 2016 mediante la cual Aguad instruyó a su subalterno para avanzar con el acuerdo.
La acusación contra Mocoroa
Actualmente, Mocoroa sigue bajo el ala de Aguad. Cumple funciones en el ministerio de Defensa como subsecretario Legal y de Articulación Institucional. “Mocoroa contribuyó a la concreción del acuerdo perjudicial” para el Estado y participó de las reuniones previas con representantes de Correo “con miras de solapar y pergeñar los alcances” de ese acuerdo, afirmó Pollicita.
Mocoroa fue “el brazo ejecutor” de Aguad “a sabiendas de que el resultado comprometía abusivamente al Estado Nacional”, agregó el fiscal. El funcionario “sabía que el acuerdo de pago implicaba una afectación a los intereses de la administración pública”, agregó al solicitar las indagatorias de ambos funcionarios ante el juez Lijo.
Cibils Robirosa es el presidente del directorio de Correo Argentino SA, una empresa residual que administra lo que queda de la compañía. Es un hombre que responde a Sideco, principal empresa del holding Macri.
El abogado Kleidermacher es el letrado patrocinante de Sideco y de Correo. El juez Lijo los citó a declarar como partícipes necesarios de la maniobra que se le imputa a los funcionarios públicos.
Tanto Cibils Robirosa como Kleidermacher participaron en la audiencia del 28 de junio de 2016 en la que “se perfeccionó el acuerdo en virtud del cual el Estado Nacional resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada” por Correo, otorgando un “beneficio ilegítimo” a la empresa de los Macri, aseguró el fiscal.
Lo que sigue en la causa penal
Pollicita sostuvo el jueves que estas cuatro indagatorias se basan en una primera etapa de la causa penal y que no abarca la totalidad del caso. “La investigación continúa en torno a las restantes irregularidades denunciadas”, aseguró.
Tanto Lijo como el fiscal deben avanzar el próximo año no sólo con las declaraciones indagatorias sino además con al menos tres ejes pendientes en la investigación: qué rol cumplió realmente el presidente Macri en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa de su familia; si la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, incurrió en irregularidades al emitir un dictamen avalando todo lo actuado por Aguad y Mocoroa; y el accionar de las juezas que intervienen en el caso en la Justicia comercial.
La vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el procurador de Tesoro, Saravia Frías también dieron por clausurado un expediente interno sobre el rol de los funcionarios públicos en el caso.
El primer fiscal de la causa penal, Juan Pedro Zoni, había presentado ante el juzgado de Lijo pruebas de seis reuniones entre Mauricio Macri y los funcionarios del ex ministerio de Comunicaciones que intervinieron en la negociación con la empresa de su familia. Los encuentros fueron en las vísperas del acuerdo.
Zoni se había basado en un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, y fue desplazado de la fiscalía poco después.
