La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) negó este martes en forma enfática haber puesto "en riesgo documentación contable" y haber "obstruido el accionar de la Justicia" en la causa que investiga la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero y en la que murieron 51 personas.
Ayer, el juez federal Claudio Bonadío ordenó la detención del propietario de TBA, Claudio Cirigliano, y otros tres directivos de la compañía por presunta obstrucción de la investigación.
Según se indicó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, los responsables de la empresa se sienten "muy sorprendidos" por la medida de Bonadío porque "en ningún momento TBA y sus directivos o accionistas han puesto en riesgo la documentación contable ni han obstruido el accionar de la justicia".
En el resto del texto reseñado se realiza asimismo una apología de la colaboración que brindó la ex empresa concesionaria ante la Justicia: "Es de destacarse que hace más de 60 días que TBA viene atendiendo normalmente la pericia contable y manteniendo a resguardo la referida documentación sin que existan quejas de los peritos oficiales (...). A la fecha dicha pericia contable tiene 11 puntos periciales contestados sobre los 17 ordenados por el juez, lo cual denota un importante grado de avance que no podría haber acontecido sin la debida colaboración de TBA".
Por su parte, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi llegó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para declarar en la causa que investiga la tragedia ferroviaria. Schiavi, quien renunció a su cargo dos semanas después del siniestro, tendrá que prestar testimonio ante el juez federal Claudio Bonadío, quien en su momento le prohibió salir del país frente a la posibilidad de que pudiera fraguar pruebas o evadirse de la Justicia.
Una semana después del siniestro, en medio de fuertes cuestionamientos, Schiavi fue sometido a una angioplastia coronaria tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Tras su renuncia del 7 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió reemplazarlo por Alejandro Ramos, quien se desempeñaba como intendente de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria.