Convulsionada por el despido de 357 trabajadores y con el servicio suspendido, Télam, la agencia oficial de noticias, sigue sumergida en una crisis en la que no faltan frentes judiciales. En los tribunales federales, las autoridades de la empresa estatal y uno de los gremios de la agencia enfrentan denuncias cruzadas por el manejo de la “caja”. Como consecuencia, la conducción es investigada por un contrato para el comedor de los empleados, y el sindicalista Luis “Lucho” Giménez (Sitrapren) tiene una denuncia de la Oficina Anticorrupción y un pedido de indagatoria por desmanejos financieros.
La agencia se convirtió en uno de los talones de Aquiles de Cambiemos. Las peleas con el gremio Sitrapren por el manejo del comedor, la seguridad y la limpieza de los edificios y el posterior ajuste pusieron a la empresa en el ojo de la Justicia y los medios.
En 2016, las autoridades corrieron al sindicalista Giménez del manejo de las compras para el comedor de la agencia y ordenaron refacciones en la cocina por su “mal estado”. Eso les valió una denuncia del dirigente por la contratación de un servicio de catering en el comedor, posterior a su salida.
El juez Ariel Lijo constató que entre noviembre de 2016 y agosto de 2017 Télam pagó por el servicio de comida unos $ 2 millones en total (alrededor de $ 222 mil promedio por mes) a un matrimonio de dos monotributistas sin contrato ni licitación. Uno de ellos es empleado del Estado y ya había ganado un contrato con la Secretaría de Cultura porteña, entonces a cargo de Hernán Lombardi, actual titular del Sistema Federal de Medios.
Tanto la cúpula de Télam como allegados a los proveedores aseguraron que el matrimonio no tiene ningún vínculo político, y que fueron contratados porque operaban el bar de un museo cerca de la agencia. Uno de los socios ya se inscribió como autónomo, dijeron.
El magistrado pidió en los últimos días que la agencia informe cuál es el estado del servicio y si finalmente se realizó la licitación correspondiente. Fuentes oficiales dijeron a PERFIL que la contratación “arrancó como una solución provisoria y que ya se llamó a concurso para regularizar la situación. El servicio quedó a cargo de las mismas personas. Ahora hay que rever si vamos a seguir teniendo comedor”, dijo una autoridad de la agencia en referencia a la crisis interna. Según fuentes gremiales, entre los despedidos están los trabajadores del comedor.
Mientras, Giménez tiene prohibido por orden judicial ingresar a Télam, tras denuncias de amenazas y agresiones. Además, el fiscal Ramiro González pidió su indagatoria por supuestas irregularidades en el pago al personal de vigilancia de la agencia, negocio que alegan era controlado por el dirigente de Sitrapren.
La mayoría de los trabajadores de Télam están afiliados a otro sindicato, Sipreba, que exige la reincorporación de los despedidos.
