La gobernadora lanzó en noviembre una prueba piloto en doce municipios, oficialistas y opositores. Argumentó irregularidades económicas y deficiencias en el servicio. La disputa ahora es por quién maneja los recursos. Son $ 4.200 millones para todos los distritos en 2017, y $ 840 millones para el conjunto de intendentes que adhirieron.
Luis Arias –juez al que Cambiemos insinuó hacerle un jury luego que fallara a favor de la huelga docente– aceptó un amparo y frenó el cambio por treinta días. Vidal apeló este jueves y pidió a la Cámara Contencioso Administrativa quitarle “el efecto suspensivo” a la resolución.
“El fallo no tiene un sustento jurídico. El servicio para los comedores sigue siendo de la Provincia que va a monitorear todo el proceso, no es cierto que vaya a haber una municipalización, como se dice”, afirmó Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo Social.
Enfrente están los consejos escolares, formados por miembros electos de distintas fuerzas que dependen de la Provincia. La cuestión atraviesa el artículo 203 de la Constitución provincial. Dice que, en los distritos, la administración de los servicios educativos –a excepción de aspectos pedagógicos– es manejada por los consejos.
Para Provincia la alimentación escolar no es un servicio educativo, sino una “prestación adicional”. Y sustenta el cambio en una auditoría realizada por ONGs y universidadades. Entre sus conclusiones, se informó que el 98% no cuenta con capacitaciones para personal de cocina y que sólo el 31% de los desayunos tenían leche.
El Gobierno ya firmó convenio con Hurlingham, Lanús, Morón, Junín, San Isidro, Pinamar, Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, Pilar, Ezeiza y Almirante Brown. “Tienen un personal idóneo y la estructura para un proceso mejor”, dijo López Medrano.
Desde la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas (UCEJ), que promovió el amparo, reconocen que el servicio debe mejorar pero no en ese camino. “La Constitución es clara. Los consejos administran los fondos en los distritos. No puede haber un atropello a las instituciones”, dijo Roberto Crovella, consejero de Lanús y titular de la UCEJ.
Notificada por el juzgado, la Defensoría del Pueblo bonaerense comenzó a intervenir. El titular, Guido Lorenzino, recibió el viernes a los amparistas y se comprometió a acompañar la causa y realizar las gestiones pertinentes. Las controversias superan divisiones políticas. El Foro de Consejeros Escolares de la UCR tiene coincidencias con el fallo. “Si hay consejos que hacen las cosas mal, que se investigue. No necesariamente la medida garantiza que el destino de los fondos sea más seguro”, dijo Carlos Cebey, coordinador del Foro radical.
