Desde hace 12 años, Diego Ferrón (48) busca saber quién ordenó asesinar a su hermano, Damián, ejecutado en agosto de 2008 junto a sus socios Sebastián Forza y Leopoldo Bina. Fueron secuestrados y asesinados, y sus cuerpos fueron enfriados durante una semana y luego “plantados” en un campo de General Rodríguez. Los tres estaban involucrados en el negocio de la efedrina, una sustancia preciada por los carteles narco en México.
Impunidad. Poder. Esperar. Verdad. Son algunas de las palabras que más repite Diego Ferrón en este nuevo aniversario del triple crimen de General Rodríguez, en el que también repasa su experiencia frente al Poder Judicial, los medios y el rol de los familiares en la búsqueda de la verdad.
Los tres hombres asesinados estaban involucrados en el negocio de la efedrina, una sustancia preciada por los carteles narco en México.
En 2012, los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Marcelo y Víctor Schillaci fueron condenados a perpetua por la autoría material del triple crimen. Sin embargo, doce años después, no se conoce quiénes fueron sus cómplices ni quién o quiénes ordenaron sus ejecuciones. “Nos falta gente porque sabemos que ellos cuatro solos no pudieron hacerlo”, dice Ferrón en diálogo con Perfil. "Siempre creímos que fue un combo entre mexicanos, policía, expolicías, SIDE, DEA. Por eso es que avanzamos un poco y después retrocedemos", afirma.
-¿Cómo repercutió en tu vida haber asumido un rol tan activo en el reclamo de justicia?
-Quizás en algunos años más pueda cambiar, pero hoy casi todos los días estoy pensando en el caso, buscando pruebas. Nadie me obligó a esto, pero yo lo siento así. Te sentís solo porque luchas contra el Estado, contra el poder. A veces te sentís un poco culpable porque uno también tiene familia, hijos, pareja, y te metes en esto y salpicás para todos lados. También están los miedos porque es una causa terrible. Yo voy a seguir adelante y me apoyo en mi familia. Hay que aprender a aceptar también lo que (Forza, Ferrón y Bina) hicieron mal para poder descubrir la verdad, porque si no la aceptamos, nunca vamos a poder saber qué pasó.
"Hay que aprender a aceptar también lo que hicieron mal para poder descubrir la verdad."
-¿Hay pistas firmes sobre quién ordenó estos asesinatos?
-En esta causa hay mucha gente que miente y reina el miedo porque hubo dos posibles testigos que terminaron muertos: Ariel Vilán se tiró del balcón; y Emiliano Marcos se suicidó. La gente que habla se involucra en el tráfico de efedrina o tiene miedo de que lo maten. Llegamos al juicio oral con cruces telefónicos, con papeles, atando cabos, pero llegar a una autoría intelectual de esa manera a veces se hace complicado. Sabemos que después de muchos años, si bien se trabaja mucho, es difícil porque hay cosas que no están, cosas que desaparecieron.
-¿A qué te referís cuando dice que en la causa desaparecieron cosas?
-En una oportunidad, yo estaba en un partido de mi hijo, que jugaba al fútbol en las inferiores del Italiano, y me encuentro ahí con un gendarme que había hecho las escuchas telefónicas de aquel momento y me dijo: “Te voy a decir algo. Nosotros borramos cosas”. Y yo dije: “¿Cómo?” Lo conté en el juzgado de Servini. Lo citaron al gendarme y era real que se habían borrado casi 400 horas de escuchas (telefónicas de los casetes que le entregaron a la Justicia durante la primera etapa de la causa). Los back up de esas escuchas los recuperó el juzgado federal de Servini años después y ahí se empezó a sacar mucha información.
-¿Qué aportaron esas escuchas que pudieron recuperar?
-Aportaron indicios, gente que habla de la ex SIDE (Secretaría de inteligencia del Estado), gente que habla de la DEA (Drug Enforcement Administration) y cuyas conversaciones fueron borradas de los casetes. Entonces eso ayuda a empezar a investigar ciertos puntos, lugares. Otro avance importantísimo: en este caso hay mucho teléfono trucho que se empezó a rescatar. Por ejemplo: creíamos que (Ibar Esteban) Pérez Corradi -uno de los investigados- tenía dos teléfonos y terminaron siendo seis. Entonces es algo muy preparado y se hace muy complejo. Lamentablemente, este caso tiene relación con fuerzas de seguridad y servicios especiales.
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PERFIL consultó a fuentes directas de la investigación actual del triple crimen que confirmaron que las escuchas que no habían sido entregadas a la Justicia estan directamente relacionadas con supuestos miembros de inteligencia, tanto de organismos nacionales como del extranjero, y sus nexos con las víctimas y el caso. “Son indicios que nos llevan a sostener que hay algo mucho más grande detrás de estas muertes”, aseguró una fuente judicial.
-¿Cómo se convive con 12 años de impunidad? Los Lanatta y los Schillaci son un eslabón. No pudieron hacer toda esta movida. Entraron 40 toneladas de efedrina. Fue todo preparado, bien pensado.
"Los Lanatta y los Schillaci son un eslabón. No pudieron hacer toda esta movida. Entraron 40 toneladas de efedrina."
-Después de 12 años, ¿qué le dirías a las personas que perdieron a un ser querido y esperan la resolución de esos casos?
-Yo veo que a veces a uno le pasa el tiempo y decís: "Bueno, ya está". Y yo lo que les digo es que hay que estar, hay que ir a golpear la puerta, hay que pedir, hay que pedir explicaciones. Yo aprendí que como querellante vos mismo podés pedirle al juez ciertas cosas, medidas. Hay una ley para las víctimas. Hay que leer las causas, hay que interiorizarse. Hay gente que no puede, pero si querés pelearla es así y tenés que saber de qué estás hablando como para que no te pasen por arriba, porque si no te cierran la casa y se terminó.
-O sea que implica aprender sobre cuestiones judiciales, sobre cómo leer el expediente, estar de cuerpo presente en los tribunales...
-Yo no falté a una audiencia del juicio oral. Creo también que cuando te toca un juicio oral el tribunal mira mucho a las familias, mira que estén, mira cómo actuás, si sos respetuoso. A veces da bronca, pero hay que aceptar lo que la Justicia dice. Y si no estás de acuerdo, hay que apelar por los medios que corresponden. Pero creo que hay que ponerle el cuerpo. Yo muchas veces leo y releo o miro notas, busco en internet. Me pasó un día que vi un papelito que tenía guardado con un teléfono y lo llevé, y ese teléfono ayudó mucho. Entonces, a veces los familiares no nos damos cuenta de lo que tenemos.
-En cuanto al rol de periodistas y medios, ¿cómo pueden ayudar y no ayudar a una familia que busca justicia?
-Por supuesto que el hecho de que el caso sea mediático ayuda, pero a veces no ayuda. Y hay momentos que tenemos que aprender con quién hablamos, porque creo que para todo hay especialistas. Cuando un periodista está desinformado, no se acuerda ni tu nombre, ni cómo es la causa, ni dónde pasó, se hace muy complejo. Esa es la gente que a veces da la opinión que no corresponde. Cuando las familias queremos explicar algo bien, tenemos que saber con quién lo hacemos.
-¿Cuál es el estado de la investigación?
-Con las últimas detenciones (en 2019) la causa dio un vuelco importante sobre una pata que quedaba por investigar, que era el rol que cumplía (Leopoldo) Bina (en el caso) y toda la gente que estaba involucrada con él. Antes, la causa estaba más enfocada en la figura de Forza, que era muy, muy visible y apuntamos para ahí. Pero hoy, a partir de que tomó cartas en el asunto la Justicia federal, podemos dilucidar que hay una parte muy fuerte relacionada con Bina, la Aduana, el Correo Argentino oficial, para entender un poco más por qué los mataron. Como hablamos siempre con el juzgado de Servini, si descubrimos a quién le molestó que ellos se metieran en el medio, también vamos a saber quién los mató.
-¿Qué es lo que se descubrió en torno a la Aduana, la utilización del correo oficial (ya estatizado) y el rol de Bina?
-Tres años antes del triple crimen (es decir alrededor de 2005), Bina con un grupo de gente -que quedó detenido en 2019, fue procesado y luego liberado por una instancia superior- y con el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe sacaban del país, casi todos los días, efedrina en tachos de proteína de suero. Lo hacían por envíos del Correo Argentino, muy cerquita de (los tribunales federales de) Comodoro Py, en Retiro. Desde ahí mismo, con gente de la Aduana -ex funcionarios que están procesados-, sacaban toda la efedrina para México y tenían gente allá que la recibía en pequeños comercios, laboratorios. El circuito también está relacionado al tráfico de cocaína para Panamá. Son pruebas que descubrimos ahora. Empezaron a aparecer más personajes que explican un poco el juego y el rol de la Aduana en todo esto.
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En 2012, el empresario mexicano Pozas Iturbe había sido absuelto en un juicio por tráfico de efedrina. Sin embargo, cayó detenido en 2016 en una investigación por tráfico de cocaína a Europa. Fue condenado a seis años de prisión en 2018 por los delitos de contrabando de estupefacientes y asociación ilícita. También está procesado por tráfico de efedrina desde 2019, por orden de la jueza Servini.
Pozas Iturbe es acusado de liderar la banda que integraba Bina antes de 2008, cuando conoció a Forza y Ferrón e intentó independizarse, según el expediente. El mexicano siempre rechazó las acusaciones. Se negó a declarar durante la indagatoria por el tráfico de efedrina. Servini también procesó a miembros de la Aduana, que habrían permitido las operaciones de la banda.
-¿Por qué quedaron cabos sueltos por investigar en la primera etapa de la investigación, anterior al juicio?
-Nosotros no sabemos si fue por impericia y por enfocarse sólo en un lugar, pero sí se direccionó todo alrededor de la figura de Sebastián Forza, que relacionaba el caso con el tema de los medicamentos, que supuestamente no está ajeno a todo esto, como mi hermano también lo estaba con el tema de los medicamentos. Pero toda esta parte que nos perdimos, que es lo de la Aduana y la gente de México a través de Bina es muy fuerte. Los Lanatta y los Schillaci no escapan de ningún lugar. Su participación es totalmente real, como la figura de Pérez Corradi, que hoy está con una falta de mérito. Él era una parte fuerte del negocio. Él sabe, es una de las personas que más debe saber de esta causa, por algo se fugó durante cuatro años y hasta se intentó borrar las huellas digitales.
-En 2012, la fiscal del juicio oral había comenzado a indagar sobre el rol de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en este caso. ¿El juzgado de Servini lo profundizó y descubrió nuevas pistas?
-No quiero entorpecer la causa, pero hay nombres, algunos son públicos. Creemos que hay mucha gente, tanto en General Rodríguez, en la policía de ahí o ex miembros de la DDI de Quilmes. Siempre creímos que fue un combo entre mexicanos, policía, expolicías, SIDE, DEA. Por eso es que avanzamos un poco y después retrocedemos y se va haciendo tan complicado. Para nosotros es duro porque es mucho tiempo, pero no queda otra que seguir esperando.
El caso
- En 2008, Forza, Ferrón y Bina habían conformado una incipiente sociedad con el objetivo de hacer pie en el negocio del tráfico de efedrina, una sustancia utilizada por los carteles narco de México para la elaboración de metanfetaminas, una droga de diseño, principalmente consumida en los Estados Unidos.
- La efedrina estaba prohibida en México pero era fácil de conseguir en Argentina. Se importaba legalmente desde China e india, en general, y luego se ingresaba en el mercado negro.
- El juzgado federal de María Servini determinó que entre 2005 y 2008, Argentina permitió el ingreso sin restricciones de unas 40 toneladas de esta sustancia. Los controles que debía realizar el gobierno brillaron por su ausencia. El negocio quedó en manos de seis grupos empresarios.
- El 7 de agosto de 2008, Forza, Ferrón y Bina debían cerrar un trato en torno al negocio de la efedrina. Pero desaparecieron. Sus cuerpos aparecieron el 13 de agosto en una zanja de General Rodríguez. Forza tenía ocho disparos. Ferrón y Bina, cuatro impactos de balas cada uno. A Bina le habían cortado una oreja.
- La efedrina fue prohibida tras los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina. En 2012, la Justicia bonaerense condenó a los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Marcelo y Víctor Schillaci a cadena perpetua por la autoría material del triple crimen. Sin embargo, doce años después, no se conoce quiénes fueron sus cómplices ni quién o quiénes ordenaron sus ejecuciones. En 2016, la causa pasó a la Justicia federal.
