Limitar el poder de la Procuradora General y volver a reformar el Código Procesal Penal son los dos objetivos centrales del nuevo ministro de Justicia, Germán Garavano. Las prioridades del funcionario entrante van de la mano del mandato que exige el presidente electo, Mauricio Macri, de desplazar a la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, pero va mucho más allá. Apunta a modificar legalmente el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y “fortalecer a un sector del Poder Judicial en la lucha contra el crimen organizado”, aseguraron a PERFIL fuentes del nuevo gabinete.
En marzo debe entrar en vigencia el nuevo Código Procesal, reformado este año por el kirchnerismo, que establece las reglas para los procesos legales e impone el denominado sistema acusatorio: ahora los fiscales federales serán los encargados de investigar las causas y producir pruebas, y los jueces federales quedarán acotados a aprobar procedimientos y juzgar. La reforma es resistida en el fuero federal.
El macrismo también impulsará en el Congreso una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal para quitarle poder a la jefa de los fiscales. Propondrá que el cargo ya no sea vitalicio sino por un período de tiempo y que no pueda intervenir en los procesos de elección y remoción de fiscales. En cuanto a la situación de Gils Carbó, Macri nombrará al jurista Carlos Balbín como Procurador del Tesoro y será el encargado de analizar los “mecanismos aptos” para forzar su salida.
Gils Carbó intentó esta semana tender puentes con el nuevo ministro de Justicia y envió a dos de sus principales funcionarios. Garavano los recibió. Querían presentarle un programa de implementación del nuevo Código Procesal y otro sobre la lucha contra el narco. Los enviados ratificaron que la jefa de los fiscales no renunciará. Garavano ratificó que para Macri, Gils Carbó debe dar un paso al costado. En la Procuración aseguran que dieron a Gils Carbó un plazo hasta fin de año para renunciar. En el macrismo creen que tendrán otras prioridades y que deberán convivir un tiempo con ella.
La Procuradora tomó medidas: inició un proceso de efectivización para todo el personal de las fiscalías de Comodoro Py, donde aún es resistida. Muchos de estos funcionarios trabajan hace una década en el Ministerio Público pero no son efectivos.
La Procuradora no renunciará y la Constitución del 94 garantiza su continuidad en el cargo. Para destituirla el macrismo tiene que iniciar su juicio político y contar con los dos tercios del Senado para condenarla. El nuevo gobierno no tiene una acusación para ese cometido. Por eso busca otras formas “institucionales” de garantizarse su salida. Estudian qué “mecanismos de remoción” son “aptos” para no tirar por la borda el “respeto a las instituciones” que tanto abogó Cambiemos en la campaña.
Coordinarán áreas bajo un Gabinete de Seguridad Humana
Los cambios en el Poder Judicial y el sistema de Justicia que impulsará el nuevo gobierno serán discutidos en el marco de un Gabinete de Seguridad Humana. Esta estructura estará integrada por los ministerios de Seguridad (Patricia Bullrich), Justicia (Germán Garavano) y Desarrollo Social (Carolina Stanley) y el objetivo sería “trabajar en equipo para prevenir el delito, contener socialmente a los sectores más desiguales y vulnerables ante las organizaciones criminales y combatir el crimen organizado, que abarca narcotráfico, trata de personas y corrupción en las distintas esferas del Estado”.
El nuevo gobierno suspenderá la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que aprobó este año el Congreso, con mayoría kirchnerista, para “enderezar” algunos “aspectos técnicos” que considera mal realizados Con esas leyes, planea ir hacia el sistema acusatorio pero “fortalecer a un grupo de jueces en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción enquistada en el Estado, sea en las fuerzas de seguridad, la dirigencia política y el Poder Judicial”, confiaron a PERFIL fuentes del gabinete. Aseguran que el caso del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, procesado por supuesta complicidad con el narcotráfico en la frontera con Bolivia, marca las falencias del sistema y hacia donde deben apuntar para debilitar la complicidad estatal con las mafias organizadas.
El Gabinete de Seguridad Humana será el equipo que instrumente esta reforma, en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aseguraron fuentes del nuevo gobierno.
