Uno de los custodios del juez federal Norberto Oyarbide comprometió al magistrado y al funcionario Carlos Liuzzi, número dos de Carlos Zannini. En su declaración como testigo en la causa que instruye el juez federal Luis Rodríguez por la suspensión de un allanamiento en una financiera, el sargento Hernán Estrada admitió una nueva llamada de Liuzzi a Oyarbide durante 2013. La información cobra relevancia porque fue Oyarbide quien sobreseyó a Liuzzi de manera exprés en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito a principios de 2013.
El nuevo llamado se suma a otros dos, realizados el 19 de diciembre de 2013. Ese día el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia llamó alrededor de las 15 para pedirle al juez que frenara un allanamiento a la financiera Propyme. Ese mismo día, Oyarbide había llamado a Liuzzi cerca de las 9.30 por razones que todavía no explicó a la Justicia, como reveló PERFIL en octubre.
El sargento Estrada dijo a la Justicia que Oyarbide no tiene celular propio y que utiliza los teléfonos móviles de sus custodios, tanto para realizar llamadas como para recibirlas. Esto fue avalado por el testimonio de otro custodio, José Marín.
Cuando el juez preguntó a Estrada si conocía a Carlos Liuzzi, el gendarme dijo que no lo conocía personalmente pero que un día recibió una llamada de quien se presentó con ese nombre y que pidió hablar con Oyarbide, informaron fuentes judiciales a PERFIL. Estrada sólo recordaba haber recibido un llamado de Liuzzi y si bien no sabe la fecha exacta, dijo que fue durante 2013, previo al 19 de diciembre. Oyarbide se encontraba almorzando en un restaurante de avenida Rivadavia al 4000 y él lo aguardaba en la puerta. Su teléfono sonó y del otro lado Liuzzi pidió hablar con el juez. El dato confirma un nexo entre el juez y el funcionario.
El 19 de diciembre, una brigada de la Policía Federal estaba allanando la financiera de un amigo de Liuzzi, Guillermo Greppi, y dos subcomisarios pidieron sobornos en nombre de Oyarbide. Tras el llamado de Liuzzi, el juez suspendió el procedimiento. Ambos están imputados por supuesto prevaricato, ya que el magistrado levantó un allanamiento que él mismo había ordenado por la llamada de un funcionario del Gobierno. Los policías son investigados en otra causa.
