Un estudio revela cómo los punteros políticos canjean planes sociales por favores personales

Luego de la crisis de 2001, los planes asistenciales jugaron un rol fundamental en la contención social de los más necesitados. Pero el cobro de los planes siempre estuvo asociado como una herramienta clientelista de los punteros políticos, que pedían una contraprestación o un porcentaje del dinero a los beneficiarios de los planes.

Quienes reciben asistencia social deben soportar no sólo pedidos de dinero y presiones para asistir a actos políticos, sino también que se les exija realizar tareas domésticas en casas particulares -bajo la amenaza de perder el subsidio- y se registraron varios casos de acoso sexual a mujeres.

A esa conclusión llegó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en un informe basado en unas 448 denuncias de las 4891 que se tramitaron ante la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (dirigida por Guillermo Marijuán) entre los años 2002 y 2007.

El estudio, llamado "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", descubrió que la mayor cantidad de casos de clientelismo (79,5 por ciento) no ocurre durante la inscripción o el pago del plan social, sino durante la contraprestación laboral, informó el diario La Nación.

En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar -que hoy tiene unos 668.000 beneficiarios pero llegó a los 2 millones en 2002, por lo que fue el mayor programa de asistencia social de la Argentina- l a contraprestación consiste en asistir de cuatro a seis horas diarias a actividades comunitarias o de capacitación. El control de la asistencia está a cargo de las agrupaciones políticas o municipios donde se realizan las actividades.

Entre las denuncias, la más común es el cobro de un porcentaje del subsidio, que aparece en el 45,4 por ciento de los casos. Por lo general se pide entre un 10 y un 20 por ciento del plan (63,2% de los casos), lo que representa entre 15 y 30 pesos mensuales. Pero la "comisión" puede llegar a los 75 pesos (3,4% de las denuncias), o sea, la mitad del plan.

Otras irregularidades denunciadas son las amenazas (21,6% de los casos), la contraprestación irregular (19,6%), el proceso de pago irregular (8,3%), el uso político de los programas (3%), el acoso sexual (0,5 por ciento) y otros (1,6%). Entre las contraprestaciones irregulares, la más común (69,4 por ciento) es exigir a los beneficiarios de los planes sociales que participen en marchas políticas y piquetes, seguida por obligar a los titulares del beneficio a trabajar en casas particulares (22,3%), como empleadas domésticas las mujeres y como jardineros o albañiles los hombres.

"Mientras las marchas y los piquetes implican la politización partidaria de los programas sociales, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico representan lisa y llanamente la privatización de los programas públicos", explica el informe, elaborado por Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola.

"En teoría, la decisión de excluir a una persona por inasistencia en el cumplimiento de la contraprestación debía pasar por un proceso formal de revisión con el objetivo de prevenir medidas arbitrarias. Pero en la práctica la amenaza de un coordinador puede ser más efectiva y convincente que cualquier proceso administrativo para prevenir decisiones arbitrarias", agrega.

Los acusados son, en dos de cada tres casos, los punteros políticos barriales que operan como coordinadores del plan. Son quienes tienen relación directa y cotidiana con los beneficiarios, y los encargados de controlar el registro de asistencia a las actividades de contraprestación. En ocasiones aparecen denunciados también los empleados municipales (9,9%) y los bancos que hacen el pago (8,1%)

Por ese motivo, los autores relativizan el impacto que tendría la aplicación del pago electrónico para evitar estas irregularidades en los programas, ya que que esa herramienta sólo evitaría el clientelismo en la etapa del cobro del subsidio.