El 23 de marzo de 2017, F.J.P. se presentó a las 6 de la mañana en la sede del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid, en San Miguel de Tucumán, donde era soldado voluntaria. Todo transcurrió de manera normal al menos hasta las 9.20 cuando recibió una orden de su superior, el Teniente Coronel Carlos Bulacio, que le pidió que le ordene la cama y uniformes en su habitación, una tarea que nada tenía que ver con sus funciones.
Como no sabía en qué parte del predio se encontraba ese cuarto, no dudó en pedirle ayuda a un soldado que la guió hasta el lugar. Fue ahí cuando empezó con la tarea asignada y fue sorprendida por Bulacio, que se apareció de sorpresa, la agarró de la cintura y la obligó a mantener relaciones sexuales. Ella se negó y de entrada buscó repeler el ataque.
F.J.P. utilizó la fuerza de su cuerpo para escapar de la situación. Le pidió que se vaya y que no le haga nada, pero Bulacio siguió con su ataque: se encargó de cubrir la puerta y empezó a bajarse los pantalones para luego obligarla a que le practique sexo oral. La víctima logró zafarse deslizándose por la pared y la puerta de un placard con un tornillo suelto que le lastimó el brazo, hasta que pudo refugiarse en un baño.
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En un primer momento tuvo la intención de mantenerse callada, pero al rato dos compañeros ya sabían lo que le había pasado. Cuando se lo cruzó, Bulacio actuó impune, como si nada hubiera pasado.
Qué hizo el Ejército
El lunes, en tanto, fue a ver a la ginecóloga del Liceo, que a pesar de la gravedad del relato no le practicó ningún examen médico. Fue el primero de los episodios que mostró, de mínima, el desinterés de la institución por la víctima y la situación de violencia de género.
Pero no fue el único: todo concluyó con un acto administrativo en el que las autoridades del Ejército Argentino dispusieron su baja de la institución.
La investigación judicial del caso estuvo en manos de la Justicia Federal de Tucumán, cuya primera instancia concluyó con la firma de un requerimiento de elevación a juicio contra Bulacio. El proceso quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, cuya sentencia tuvo un doble señalamiento de responsabilidades.
Por un lado apuntó al victimario, el teniente coronel Bulacio, a quien lo responsabilizó del delito de abuso sexual simple y lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el mismo término, y le impuso el pago de $2 millones en concepto de reparación del "daño material y moral causado a la víctima", de acuerdo a lo consignado por la resolución a la que accedió PERFIL.
Pero además de apuntar al autor del abuso, la Justicia también puso la mira respecto del accionar de la institución militar. Ocurre que ante una denuncia de abuso sexual de un superior jerárquico hacia una soldado voluntaria ocurrido dentro del ámbito castrense, el Ejército no sólo decidió hacer oídos sordos sino que también revictimizó a F.J.P. por medio de su baja. Con Bulacio nada pasó.
La Sala II de la Cámara de Casación, con votos de los jueces federales Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, rechazó esta semana un planteo de nulidad y pedido de absolución de la defensa. En la resolución a la que accedió este medio se validaron los puntos de la resolución de la Justicia tucumana, entre ellos el quinto, donde se le ordenó a las autoridades del Ejército Argentino que revise con perspectiva de género el acto administrativo en el que se decidió la baja de la soldado después de denunciar el hecho.
Pero también se le pidió al Ministerio de Defensa de la Nación que remita el Protocolo de Actuación ante casos de violencia de género. A priori, la manera en la que actuó la institución dejó en claro el déficit en la materia que tiene el Ejército, por lo que cabe la posibilidad de que dicho Protocolo no exista. En ese supuesto, la Justicia exhortó a la cartera a "la confección de un Protocolo de Actuación conforme las reglas y estándares locales e internacionales aplicable a los casos de violencia de género a fin de que se garantice la protección integral a las víctimas".
La resolución de Casación
Al liderar la votación, el juez Yacobuzzi sostuvo que "cabe concluir en la legitimidad y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas en el fallo condenatorio".
Entre otras cosas, también rechazó un cuestionamiento que el teniente coronel Bulacio había hecho al punto de la resolución que ordenaba al Ejército la revisión de la baja de la víctima de la institución. El magistrado dijo que "la defensa, sobre el punto, carece de facultad recursiva, resultando, en su caso, las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación, quienes eventualmente se encuentren en condiciones de formular, en su oportunidad y mediante los mecanismos vigentes, los reclamos que consideren pertinentes".
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En su turno, el juez Slokar compartió las valoraciones y sumó que "resulta pertinente recordar cuanto llevo dicho en orden a que no es posible construir las reglas de una […] comunidad sobre la base de actitudes unilaterales de hombres que identifican a las mujeres como seres sin derechos".
El magistrado también fue muy crítico respecto del accionar del Ejército ante el caso de abuso.
Lo hizo al sostener que "la situación jurídica de la mujer no siempre es reconocida por los actores institucionales intervinientes, lo que se manifiesta en prácticas institucionales que carecen de una adecuada perspectiva de género y no hacen más que traducir valoraciones propias de determinados contextos histórico-culturales fundados en el mantenimiento de relaciones sociales asimétricas propias del patriarcado a partir de la asignación de pretendidas diferencias sexuales".
Por su lado, la jueza Ledesma cerró la votación con el mismo sentido de rechazo a los planteos ejecutados por la defensa del acusado. La resolución fue firmada en la reunión de la Sala II ocurrida este martes 7 de marzo, en la previa del Día Internacional de la Mujer.
*Si sos víctima de violencia de género, comunicate gratis con la Línea 144 de atención, contención y asesoramiento.
AS/fl
