No es mi intención responder directamente a esta nota que demuestra un marcado desfasaje con la realidad actual e histórica de nuestro país, pero sí señalarla como una muestra de cómo algunos actores socio-políticos extremos -entre ellos algunos medios de comunicación- están intentando desprestigiar ciertas políticas públicas que buscan proteger la vida, la libertad y la economía de nuestra sociedad.
El virus SARS COV-2 no respeta ideologías, ni clases, ni género, todos y todas podemos enfermarnos. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, la mayoría de los países del mundo toman a sus aeropuertos y pasos fronterizos terrestres, fluviales y marítimos como puertas de entrada de la COVID-19 y, con especial preocupación, de nuevas variantes como la Delta. Esto provocó un cierre de fronteras simultáneo inédito en la historia de la humanidad. Y los que no tomaron esa medida vivieron graves consecuencias sanitarias, que sufrieron todas las clases y sectores sociales de alguna manera o de otra, en especial las poblaciones vulnerables como trabajadores informales, adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, entre otras.
Con Alberto Fernández a la cabeza, el Gobierno mantiene una postura dura sobre los varados
Aún con restricciones fronterizas, ayer el mundo alcanzó 4 millones de muertes por COVID-19, y la OMS está alertando de un aumento de casos y hospitalizaciones en “demasiados países de todas las regiones del mundo”, motivo por el cual pidió “cautela en el levantamiento de las restricciones” y denunció una “impactante desigualdad en la vacunación”.
La gestión de la pandemia fue lejos de parsimoniosa. Muchos países señalados como ejemplos durante unas semanas, al poco tiempo dejaban de serlo por el efecto impredecible de una enfermedad difícil de controlar y muy letal. Algunos de ellos incluso fueron señalados por organismos internacionales por establecer políticas contrarias con los estándares internacionales de derechos humanos. Así nos encontramos a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciando la militarización de fronteras, expulsiones masivas, rupturas de familias, entre otras vulneraciones de derechos. Incluso algún país denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esterilizaciones forzadas en centros de detención de migrantes. Estas violaciones de derechos humanos están ocurriendo hoy en algunas partes del mundo.
Lo que no está pasando en nuestra República Argentina es que se violen derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, sean extranjeros o nacionales. Por el contrario, nuestro gobierno ha repatriado más de 400 mil conciudadanos que estaban varados en distintas partes del mundo cuando otros países impedían el ingreso de sus nacionales; hemos prorrogado de manera automática las residencias de todas las personas migrantes para que no pierdan su regularidad; y se las está vacunando en igualdad de condiciones con los nacionales como obliga la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871. Estas y otras medidas, nos han valido públicas felicitaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados (ACNUR).
El drama de los varados llegó a la CIDH
Incluso más, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, y el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU habían exigido a la gestión anterior derogar el DNU N° 70/17 para que nuestra República Argentina no incumpliera con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y, el día 24 de marzo de 2021, felicitaron al gobierno argentino por derogarlo y devolverle a nuestro país el lugar destacado que tiene a nivel mundial en el respeto y promoción de los derechos humanos. Una clara demostración, ni más ni menos, de que estamos “volviendo al mundo”.
Curiosamente, quienes critican a nuestro gobierno de autoritario y de violar derechos humanos toman como ejemplo a Australia que también está poniendo cupos de retorno para sus ciudadanos, o toman de ejemplo a Chile que no deja viajar al exterior a sus ciudadanos sino demuestran una razón imperiosa. O a Nueva Zelanda, que impone aislamientos restrictos en hoteles sin permitir ni un minuto fuera del perímetro. ¿Son gobiernos autoritarios por hacer eso? No. De hecho, estos tres países junto con la Argentina somos los más australes e invernales del hemisferio, y eso nos implica una vulnerabilidad extra en comparación con otras latitudes a la hora de protegernos del virus. Pero incluso en climas más cálidos es posible encontrar medidas y sanciones aún más severas.
Gracias al trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Salud y el de Seguridad estamos pudiendo identificar casos de Delta a tiempo en argentinos llegados del exterior, que al arribar tienen un resultado negativo pero empiezan a manifestar la enfermedad al poco tiempo y se detecta en la prueba PCR del 7° día. Es una responsabilidad de todos y todas limitar el esparcimiento de esta nueva cepa, mientras avanza la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, que ya tiene 25 millones de dosis distribuidas y que nos tiene como uno de los pocos países productores de vacunas en el mundo. Por eso, esta semana un juez rechazó cuatro hábeas corpus presentados por argentinos en el exterior considerando que las medidas adoptadas eran “razonables” y “proporcionadas” en un contexto de emergencia sanitaria indiscutible. Y por eso también la oposición no debería demorar más el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones de manera consensuada.
Este gobierno trabaja sin descanso por proteger la vida, la libertad y el trabajo de argentinos y argentinas frente a la crisis económica heredada, y a la que ha generado esta pandemia en nuestro país y a nivel mundial. Como dijo la Directora Nacional, Florencia Carignano, nadie está tomando medidas en contra de nadie. Es más simple: un país en serio se compone de un gobierno responsable que protege a su ciudadanía, y también de ciudadanos y ciudadanas responsables que, pensando en el bien común, respetan sus compromisos firmados en las declaraciones juradas de ingreso y egreso al país. Quienes resaltan esas virtudes en otros países deberían hacerlo también en el propio ¿no es así?
*Director de Asuntos Internacionales. Dirección Nacional de Migraciones
