Dos causas sobre presunta corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner pasarán a unificarse en una única megacausa: la investigación sobre direccionamiento de la obra pública y la llamada "Ruta del Dinero K". Fue una decisión del Tribunal Oral Federal 2, que recibió la semana pasada la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez y determinó que el expediente esté bajo el Tribunal Oral Federal 9.
Según expresó el TOF 2 en su resolución, publicada este miérciles, "corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos”. De esta forma, el tribunal tiene a su cargo el juicio por lavado de activos, conocido como “La ruta del dinero K”, por lo que, de esta manera, todo conduciría a que habría un mega juicio contra la ex Presidenta y algunos de sus ex funcionarios, en el que las dos causas estarían unificadas.
La decisión fue a raíz de un planteo de la fiscalía a cargo de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes intervinieron en la causa que investigó la adjudicación de 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos a favor de Lázaro Baez, siendo esos fondos los que se utilizaron en maniobras de lavado con la actividad hotelera y alquiler de propiedades "a los patrimonios de los ex presidentes"
A su vez, se tuvo en cuenta lo expuesto por la Sala II de la Cámara Federal porteña, a cargo de Martín Irurzun y Eduardo Farah, consideró que no había causas aisladas.
La hipótesis de esta Cámara Federal es que Báez brindó el entramado societario para captar los fondos públicos (causa “Vialidad Nacional”). Luego, el empresario K “vehiculizó parcialmente los fondos a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos, como Néstor y Cristina Kirchner” (las causas Los Sauces y Hotesur). Por último, intervinieron al “sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen”, que es la instancia que investiga “la ruta del dinero K”.
En la misma línea, la Cámara Federal porteña argumentó que “reconocida como está la relación de todos estos hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas".
