El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que sean citados a declaración indagatoria Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, Horacio Verbitsky y otras 31 personas que recibieron vacunas contra el COVID-19 por fuera de los criterios establecidos durante la pandemia. La medida fue solicitada cinco años después del escándalo y ahora deberá ser resuelta por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
El pedido alcanza a 34 particulares que, según el dictamen del fiscal, habrían tenido un rol activo en la maniobra que permitió el acceso irregular a dosis de la vacuna Sputnik V. Taiano sostuvo que los beneficiarios podrían ser considerados partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.
La investigación sobre quienes recibieron las vacunas avanzó luego de una decisión de la Cámara Federal de 2024, que ordenó profundizar el expediente y determinar no solo la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron las aplicaciones, sino también la de las personas que aceptaron las dosis.
Quiénes están en la lista de los vacunados
Además de Eduardo y Chiche Duhalde y Verbitsky, el pedido de indagatorias incluye al empresario marplatense Seza Manukian, al empresario Florencio Aldrey y a sus familiares Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey. También figura Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille, quien trabajaba en la Secretaría Privada del Ministerio de Salud.
La lista también alcanza al diputado Jorge Taiana, al diputado Eduardo Valdés, a María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente, y a otras personas vinculadas con funcionarios, dirigentes políticos y el entorno del gobierno de Alberto Fernández.
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Entre los nombres aparecen además el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Marta Burgos, y el publicista y dirigente kirchnerista Jorge Héctor “Topo” Devoto.
Según el fiscal, los elementos incorporados al expediente permiten establecer un “estado de sospecha” suficiente para avanzar con las declaraciones indagatorias.
Qué sostiene el fiscal sobre los beneficiarios
Taiano consideró que quienes recibieron las vacunas no fueron simplemente beneficiarios pasivos de una decisión tomada por funcionarios públicos. Para el fiscal, su aceptación de las dosis fue un aporte necesario para concretar la maniobra, ya que se trataba de personas que no formaban parte de los grupos habilitados para acceder a las vacunas.
El dictamen también señala que las reglas de priorización eran conocidas públicamente durante la campaña de vacunación y que, por ese motivo, los beneficiarios no podrían alegar desconocimiento de los criterios establecidos.
La investigación busca determinar si las personas que recibieron las dosis conocían que estaban accediendo a ellas de manera irregular y si su conducta puede encuadrarse como participación en el delito de peculado.
Los tres episodios que investiga la Justicia
Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud. Allí se instaló un vacunatorio en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García.
En ese lugar fueron vacunados, entre otros, Verbitsky, Manukian, Aldrey y sus familiares, Félix Guille, Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La mayoría fue registrada en el sistema oficial NOMIVAC como “personal estratégico”, una categoría que, según la investigación, no les correspondía.
Otro de los episodios ocurrió el 1° de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, aplicó las vacunas al expresidente, a su esposa, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
Taiano sostuvo que la vacunación domiciliaria estaba destinada a personas que no podían trasladarse y señaló que no existe constancia de que Duhalde tuviera un impedimento físico que justificara ese procedimiento.
El tercer episodio corresponde a 36 dosis aplicadas en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 a 23 personas que, de acuerdo con la acusación, fueron seleccionadas por vínculos personales, familiares o políticos. Varios de ellos fueron registrados como personal de salud pese a que no cumplían con esa condición.
El origen del escándalo del Vacunatorio VIP
La causa se inició en febrero de 2021, luego de que Horacio Verbitsky contara en una entrevista radial que había recibido la vacuna en el Ministerio de Salud. El periodista relató que había contactado a Ginés González García, quien le había indicado que fuera a vacunarse, pero finalmente un equipo del Hospital Posadas se trasladó hasta la sede de la cartera sanitaria.
La revelación provocó un fuerte impacto político y derivó en la renuncia de González García, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti. En un primer momento, la Justicia había archivado parcialmente la situación de las personas vacunadas por considerar que no había delito.
Sin embargo, el expediente volvió a tomar impulso. En 2024, Capuchetti procesó a González García por abuso de autoridad y peculado, y la Cámara Federal confirmó posteriormente los procesamientos del exministro, de Marcelo Guille, Alejandro Costa y Alejandro Maceira.
Además, los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre los beneficiarios para determinar si también debían responder penalmente por haber recibido las vacunas de manera irregular.
Qué pasará ahora con la causa
La primera parte de la investigación, vinculada con los funcionarios que autorizaron la maniobra, ya fue elevada a juicio oral. Los acusados son Marcelo Guille, Alejandro Costa y Alejandro Maceira, mientras que González García murió a los 79 años, después de que su procesamiento fuera confirmado.
Ahora, Capuchetti deberá definir si acepta el pedido de Taiano y convoca a indagatoria a los 34 beneficiarios señalados por el fiscal. La resolución será un nuevo capítulo de una causa que comenzó con el escándalo del “Vacunatorio VIP” y que, más de cinco años después, busca determinar si quienes recibieron aquellas dosis también tuvieron responsabilidad penal en la maniobra, según informó el diario La Nación.
Además, cuatro de las personas incluidas originalmente en la investigación —Salomón Schachter, Carlos Alberto Mao, Lorenzo Pepe y Miguel Ángel González— fallecieron. Para ellos, el fiscal solicitó que se declare extinguida la acción penal por muerte.
LB/AF
