El fiscal federal Gerardo Pollicita insistió en las últimas horas, ante el juez Julián Ercolini, con el pedido de inhibición general de bienes del ex presidente del Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, Javier González Fraga, de otros 17 directivos de la entidad, y miembros del directorio y apoderados de la firma Vicentín, entre ellos Oscar Padoán. La presentación fue en el marco de la causa en la que se investigan los créditos otorgados por el Banco Nación a la firma durante el gobierno de Mauricio Macri. A través de un escrito de 65 páginas, Pollicita apeló la medida de Ercolini que semanas atrás dispuso la inhibición sólo sobre Algodonera Avellaneda, una de las firmas del grupo Vicentín. La causa comenzó en enero pasado, tras una denuncia del actual titular del banco, Claudio Lozano y desde entonces se investiga cómo el Banco Nación autorizó a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones, en infracción a las normativas del banco.
La apelación de Pollicita se concretó ayer, luego de que en su resolución del 18 de agosto pasado, Ercolini decidió “no hacer lugar a la inhibición general de bienes y a la prohibición de innovar la composición accionaria de la firma VICENTÍN SAIC, así como tampoco a la inhibición general de bienes de los funcionarios del Banco de la Nación Argentina y de los empresarios de la empresa VICENTÍN SAIC”, que el fiscal había pedido a comienzos de julio.
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Entonces, en su resolución Ercolini avaló la hipótesis de la investigación de Pollicita al sostener que “(...) es posible advertir que se encuentran incorporados en el sumario elementos de convicción suficientes —en lo que aquí concierne— como para fundamentar la hipótesis bajo estudio respecto de ambas sociedades [VICENTIN SAIC y ALGODONERA AVELLANEDA SA], incluyendo las implicancias económicas emergentes de la maniobra”. Y agregó que “(...) las constancias reunidas permiten sostener la existencia de una mecánica a través de la cual se habría perjudicado al Estado nacional a través del otorgamiento presuntamente irregular de financiaciones por parte del BNA a las compañías antes mencionadas y la falta de ejecución de las garantías previstas para ese endeudamiento, por el monto aproximado de $ 18.500.000.000”.
Entonces, si bien Ercolini compartió la hipótesis delineada por la Fiscalía “y coincidió en torno a la necesidad de disponer medidas cautelares de índole patrimonial, lo cierto es que a la hora de definir el alcance de la medida precautoria, entendió que ninguno de los 26 funcionarios del BNA y empresarios que intervinieron en la maniobra investigada ni la principal compañía involucrada debían ser incluidos, sino que únicamente debía resguardarse el patrimonio de la firma ALGODONERA AVELLANEDA”, detalló Pollicita en su escrito.
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Entonces, para fundamentar el rechazo de las medidas cautelares de las personas físicas, Ercolini. sostuvo que “(...) el requisito de verosimilitud del derecho para el dictado de la inhibición general de bienes a una persona exige que se realice una concreta atribución a cada sujeto del papel que desempeñó en la maniobra investigada, con especificación de sus deberes y una vestigial pero certera descripción de sus conductas desplegadas y responsabilidades según el rol que le corresponda en la institución o empresa de que se trate; en esta instancia de la pesquisa, que se encuentra en pleno desarrollo, ello no es posible aún con relación a los nombrados con suficiente fortaleza como para inmovilizar la totalidad de sus patrimonios”. Y consideró que “(...) el patrimonio de la firma [VICENTIN SAIC] se encuentra controlado y resguardado judicialmente en el marco del expediente concursal, e, incluso, ha sido objeto de actuaciones por parte de autoridades administrativas y legislativas”, por lo que resolvió no hacer lugar a las medidas cautelares requeridas y solicitar al juez concursal que, en caso de que se produzca cualquier modificación en relación a la inhibición general de bienes de la empresa, se haga saber al Tribunal”.
- La apelación de Pollicita:
Fue así como entonces en respuesta a ese y otros puntos, la fiscalía apeló y sostuvo que “se encuentra debidamente acreditada no sólo la intervención de las personas físicas en concreto en la maniobra investigada sino también el rol que ocupaban en el BNA como en las firmas VICENTÍN y ALGODONERA AVELLANEDA según correspondiera, que exhiben la necesidad de que en esta instancia del proceso se asegure el patrimonio de quienes instrumentaron la maniobra investigada desde el lado público ―funcionarios del banco― como del privado ―empresarios del Grupo Vicentín―”.
Y que, tal como se sostuvo al momento de requerir las medidas de inhibición, “la investigación desarrollada hasta el momento permitió sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, habrían incumplido deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicado los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, otorgando irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas VICENTÍN SA y ALGODONERA AVELLANEDA SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitiendo ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”. Así que como que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitaron afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma VICENTÍN en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, giraron miles de millones de ese dinero a otros bancos ―sacándolo de la esfera del BNA―, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”. Por lo que insistió en el dictado de las medidas inhibitorias.
CD/FeL
