Si la denuncia contra 1.209 empresas por el uso de facturas truchas sirvió para camuflar el caso de Lázaro Báez, la amplísima presentación de la AFIP también disimuló otras curiosidades. La lista difundida por Ricardo Echegaray incluyó a las principales compañías del país, algunas de las cuales crecieron al calor de sus vínculos con el Estado. La AFIP, a su vez, acusó a una droguería que fue aportante de la campaña presidencial kirchnerista de 2007 y a dos sindicatos afines al Gobierno, como el de los mecánicos y el de los porteros.
Tales empresas y organizaciones enfrentan causas penales por presentación de facturas falsas. En las operaciones objetadas por la AFIP se habrían evadido 1.200 millones de pesos a lo largo de los últimos 15 años.
Sin dar detalles sobre el grado de la infracción cometida, la denuncia alcanza al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Liderado por Ricardo Pignanelli, Smata es un gremio golpeado por la crisis del sector automotor y acechado por la izquierda trotskista, que le pelea mano a mano la representación de base y cada vez suma más presencia en sus conflictos laborales.
El jueves pasado, Gendarmería Nacional desplazó de la Panamericana a cientos de manifestantes de la autopartista Lear. Para los 200 trabajadores despedidos, amparados inorgánicamente por el sindicalismo de izquierda, el reclamo fue dirigido contra la empresa de capitales norteamericanos, pero un poco también contra el dúo (y la alianza) compuesto por el Ministerio de Trabajo y el sindicato automotor.
El otro gremio cercano al Gobierno y a la vez denunciado recientemente por la AFIP es el de los encargados de edificios. Su secretario general es Víctor Santa María, presidente del PJ porteño a partir de un acuerdo que incluyó al kirchnerismo, y ahora aspirante antimacrista a la presidencia de Boca. Ex hombre de Alberto Fernández y muy hábil para hablar los distintos lenguajes de la política, Santa María buscará cerrar filas con el kirchnerismo para competir con Daniel Angelici. Dueño de la AM 750, del diario Z y de la revista Caras y Caretas, el sindicalista denunciado por la AFIP no descarta rumbear a la jefatura de Gobierno desde la vidriera xeneize.
La lista de la AFIP abarcó a viejas empresas conocidas del kirchnerismo, como la fallida aerolínea Southern Winds, que en 2003 realizó un acuerdo con la estatal Lafsa. Dos años después, luego de que se supiera que envió a España cuatro valijas sin identificación con 60 kilos de cocaína, SW quebró. La constructora sueca Skanska, conocida a raíz de una causa por sobreprecios que quedó en la nada, también fue acusada por Echegaray.
Entre las 1.209 empresas además figura Multipharma SA, la droguería que aportó $ 376 mil pesos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007 (la del eslogan “Cristina, Cobos y vos”) y que quedó involucrada en la causa por la mafia de los medicamentos.
Según la investigación, aún abierta, el dueño de la droguería no pudo justificar el aporte de dos cheques de $ 310 mil y $ 66 mil. En una campaña plagada de irregularidades, la hipótesis judicial es que Multipharma fue una de las tantas compañías de salud utilizadas para camuflar fondos de otras fuentes financieras.
Otro de los empresarios que emitieron facturas truchas, según la AFIP, es el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Multimillonario e influyente, hasta hace cuatro años Blaquier se definía pragmáticamente como “cristinista”.
Ahora, a los 86 años, será el primer integrante de la élite empresarial en enfrentar un juicio oral, después de ser procesado por su participación en 29 secuestros cometidos durante la última dictadura militar en Jujuy. Ante esa perspectiva, la denuncia por las facturas truchas de la AFIP es un problema menor para Blaquier.
