El príncipe Harry perdió la demanda contra el Gobierno británico por quitarle la protección personal
El Tribunal Superior de Londres dictaminó que el Ministerio del Interior actuó dentro de los límites legales al establecer que la seguridad proporcionada al duque de Sussex y su familia estará sujeta a las circunstancias específicas.
Príncipe Harry de Inglaterra |
AFP
El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, no fue privado indebidamente de la seguridad privada financiada por el público para sus visitas al Reino Unido después de renunciar a su papel como miembro activo de la familia real y trasladarse a Estados Unidos, según determinó un juez de Londres el miércoles.
El juez Peter Lane del Tribunal Superior concluyó que la decisión de evaluar la seguridad de Harry caso por caso no infringía la ley, ni era irracional ni injustificada. “El proceso ‘a medida’ ideado para el demandante en la decisión de 28 de febrero de 2020 era, y es, jurídicamente sólido”, escribió el juez en su sentencia de 52 páginas.
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El duque de Sussex declaró que tanto él como su familia habían enfrentado situaciones peligrosas durante sus visitas al país debido a la hostilidad en las redes sociales y la constante persecución de los medios hacia él y su esposa. Su abogado argumentó que el equipo gubernamental encargado de evaluar las necesidades de seguridad de Harry había actuado de manera irracional y no había seguido sus propios protocolos, los cuales requerían un análisis de riesgo sobre la seguridad del duque.
En contraste, un abogado del gobierno afirmó que Harry había recibido un trato justo y aún contaba con protección en algunas de sus visitas. Como ejemplo, mencionó que en junio de 2021, cuando fue perseguido por fotógrafos después de asistir a un evento con niños enfermos en los jardines Kew al oeste de Londres, se le proporcionó escolta.
El comité que decidió rechazar su solicitud de seguridad consideró el impacto más amplio que tuvo en la nación la "trágica muerte" de su madre, la difunta princesa Diana, y al tomar su decisión, priorizó el "posible malestar público significativo si hubiera un ataque exitoso" contra su hijo, según explicó el abogado James Eadie.
Con 39 años, Harry es el hijo menor del rey Carlos III y desafió la tradición de la familia real al llevar sus disputas tanto con el gobierno como con los tabloides a los tribunales, en un esfuerzo por hacer que los editores asuman responsabilidades por acosarlo a lo largo de su vida.
Esta demanda era una de las seis presentadas por Harry ante el Alto Tribunal. Tres de ellas estaban relacionadas con sus necesidades de seguridad, mientras que las otras tres fueron contra editoriales de tabloides acusados de hackear teléfonos móviles y utilizar investigadores privados para obtener historias sobre su vida.
Los otros juicios que tienen al príncipe Harry como protagonista
En su primer caso llevado a juicio, Harry obtuvo una importante victoria el año pasado contra la empresa editora del Daily Mirror, que enfrentaba acusaciones de acceso ilegal a teléfonos. Esto resultó en un veredicto favorable y eventualmente en un acuerdo sobre otras acusaciones pendientes. Aunque los términos del acuerdo no fueron revelados públicamente, se acordó que la compañía reembolsaría todos los gastos legales de Harry y se le otorgaría un pago provisional de 400.000 libras (505.000 dólares).
Recientemente, retiró una demanda por difamación contra el Daily Mail relacionada con un artículo que sugería que Harry intentaba ocultar sus esfuerzos para seguir recibiendo seguridad financiada por el estado. El retiro de la demanda se produjo después de que un juez determinara que era más probable que Harry perdiera en juicio, ya que la compañía editorial podría demostrar que los documentos presentados en su nombre eran engañosos y que un artículo de febrero de 2022 reflejaba una "opinión sincera" y no era difamatorio.
Sin embargo, el año pasado, Harry no logró persuadir a otro juez de que debería poder pagar personalmente a la policía de Londres para recibir protección durante sus visitas a la ciudad. El juez desestimó esta solicitud después de que un abogado del gobierno argumentara que los agentes no deberían actuar como "guardaespaldas privados de los ricos".
