Al momento en que se aplicó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se hablaba de una implementación nacional, que no iba a requerir instalar un protocolo por provincia. Sin embargo, en Chaco una jueza hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de IVE. En ese marco, RePerfilAr habló con Paula Toledo, integrante del Instituto de Género del Consejo de Abogados de Resistencia, quien afirmó que "hay que ver cómo actúa el estado provincial en base a este fallo que hasta hoy está firme".
En esa línea, la entrevistada fue consultada respecto a cómo colisiona lo que establece la constitución provincial con respecto al Derecho a la Vida desde la concepción, en consonancia con la implementación de la ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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"En principio la competencia debería ser de un Juzgado Federal, por lo cual hay un requisito de formalidad que no se cumple. Sin entrar en términos más técnicos de lo que es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que se plantea en la medida cautelar que no está fundamentado en ninguno de los dos requisitos en lo que se da la lectura del fallo", sostuvo Toledo.
Y agregó: "Hablando también sobre todo de las personas que piden esta medida cautelar que se roban representar a los niños por nacer que no tienen representación legal porque no son considerados personas".
Asimismo, explicó que la Fiscalía de Estado, "ya está trabajando en el recurso", a la vez que remarcó que "la organización Católicas por el Derecho a Abortar. presentó una denuncia penal en contra de la jueza".
