El gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial la revocación de una actualización de la guía para abortos no punibles 24 horas después de su publicación en el Boletín Oficial, lo que desató una fuerte polémica en el seno de la coalición gobernante.
La resolución había sido oficializada con la firma del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, integrante de Unión Cívica Radical (UCR), una de las fuerzas que integran la coalición de gobierno Cambiemos, liderada por Macri.
El decreto es el número 785/2019 de la Secretaría de Salud de la Nación y señala en su inicio que "la resolución publicada el 19 de noviembre fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".
El decreto de anulación de la resolución recuerda expresamente que “el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.
Se estima que en Argentina se realizan uno 500.000 abortos al año.
El texto del Boletín Oficial explica que "el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha manifestado no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes”.
Indica, además, que “la titular del Instituto Nacional de las Mujeres ha manifestado que a pesar de que el contenido del Protocolo involucra derechos de las mujeres, no se dio intervención a dicho organismo previo al dictado de la citada Resolución”.
El protocolo reconocía la autonomía de las adolescentes para decidir la interrupción de embarazo en los casos no punibles, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre otros puntos.
"La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a ILE (Interrupción legal del embarazo). Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad", había tuiteado Rubinstein, un activo militante por la legalización del aborto.
La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad. https://t.co/yjevwcLTmh
— Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) November 20, 2019
Pero su iniciativa desató una crisis dentro de Cambiemos. "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales del aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", se quejó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
Tras participar en una reunión de gabinete con el presidente Macri, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro aclaró que el protocolo sería anulado por "una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un Gobierno". "Esto no hace un juicio de valor ni sobre la resolución en sí misma y su fondo ni sobre la persona de Adolfo Rubinstein", señaló.
Se explicó que el Gobierno no estaba en conocimiento del protocolo de Rubinstein y, al enterarse, el presidente ordenó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, la redacción de un nuevo decreto que lo anulara. La ministra no habría dado el visto bueno al protocolo, según fuentes ministeriales, por lo que el gobierno decidió dar marcha atrás.
Un centenar de mujeres mueren por las prácticas hechas en clandestinidad.
Se estima que en Argentina se realizan uno 500.000 abortos al año y que un centenar de mujeres mueren por las prácticas hechas en clandestinidad. El aborto solo está autorizado cuando el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida de la mujer.
En 2018, Macri dio vía libre para tratar por primera vez en el Congreso un proyecto de legalización del aborto, pero finalmente fue rechazado por el Senado, tras ser aprobado en Diputados. Pero durante la campaña electoral de este año, el presidente enarboló un discurso "pro-vida" para conquistar el "voto celeste", que identifica a los detractores del aborto legal.
El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional.
— Federico Pinedo (@PinedoFederico) November 20, 2019
En tanto, el presidente electo Alberto Fernández anunció que impulsará la despenalización o legalización del aborto tras asumir el mando en diciembre, decisión que atribuyó a una cuestión de salud pública. "Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí", declaró al diario Página/12 consultado sobre si una 'ley del aborto' podría ingresar al Congreso este mismo año, en período de sesiones extraordinarias.
El futuro presidente dijo ser "un activista de ponerle fin a la penalización del aborto" y aseguró que enviará un proyecto de ley al Congreso "tan pronto" llegue al gobierno el 10 de diciembre, sin aclarar si buscará solo despenalizar o además legalizar la práctica como reclaman los movimientos de mujeres.
El aborto solo está autorizado cuando el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida de la mujer.
Fernández instó a cambiar el eje de la discusión y apuntó que "cuando uno despenaliza y legaliza el aborto, no lo hace obligatorio". "Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de la salud pública que debemos resolver y que hay que asumirlo así", agregó.
D.S.
