La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 31 años, generó un alerta que pone el foco en el funcionamiento del sistema de control de la circulación de medicamentos restringidos en el sistema intrahospitalario. Ya las alarmas se encendieron en 2025 con el centenar de muertes por la circulación de una partida de fentanilo adulterado. En ese caso la justicia investiga los controles de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), y la responsabilidad del laboratorio.
En el allanamiento del 23 de febrero al departamento del médico, la policía halló una gran cantidad de estupefacientes e instrumental médicos. El foco aquí se ubicó entonces en los mecanismos de seguridad y control de los medicamentos puertas adentro de los hospitales. La trama que investiga la justicia es más amplia: presunto robo de medicación, redistribuida y consumida en fiestas con fines recreativos que llamaban “Propofest”. Apuntan a un grupo de profesionales de la salud.
Una escena inesperada
Una vía conectada al pie derecho del joven medico, insumos descartables para inyecciones en el suelo del departamento de Palermo; y dos ampollas que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular: propofol y fentanilo. La pesquisa busca develar como es el circuito de distribución de los fármacos tras la muerte del trabajador de la guardia del Hospital General de Niños R. Gutiérrez y ex residente del Hospital Rivadavia.
En Argentina el control de los medicamentos recae sobre la ANMAT. Hay protocolos y cadenas de custodia para una serie de medicamentos entre los que se encuentra el fentanilo y el propofol. Los controles de circulación tiene responsabilidades compartidas. Tras la crisis del fentanilo adulterado el Congreso de la Nación, en particular la Cámara de Diputados, constituyó una comisión investigadora. Esa comisión identificó ciertas debilidades en el proceso de control y custodia, y propuso una serie de iniciativas para debatir durante este periodo legislativo.
Las sustancias encontradas en el domicilio del médico, tuvieron que ser desviadas del sistema nacional de trazabilidad, donde cada unidad de medicamento "crítico" (incluyendo opioides y anestésicos) tiene un código unívoco que permite rastrear su camino desde el laboratorio hasta el paciente. Además la farmacovigilancia establece un sistema de reportes de efectos adversos y fallas de calidad.
Reforzar controles
La política de la motosierra afectó también los sistemas de control en los medicamentos. Algo de ello se vio en los dos casos que involucran sustancias controladas. Tanto en la produccion como en la administración de las dosis, los sistemas fallaron. La ANMAT inspecciona droguerías y laboratorios para controlar los sistemas de producción y las condiciones de elaboraciones de los medicamentos. Durante el año 2025, dio de baja 60 habilitaciones tras un endurecimiento de los estándares al detectarse "fugas" de stock hacia el mercado ilegal .
El control de la cadena de producción/importación; distribución y administración de las sustancias no es lineal, sino circular. El fentanilo, por ejemplo, ingresa a la institución con un remito oficial auditado por ANMAT. Se almacena en armarios de doble seguridad donde sólo accede el farmacéutico director técnico de la institución.
Luego el médico que generalmente es anestesiólogo o intensivista, solicita acceso al estupefaciente y emite un vale en triplicado. Ese documento contiene el nombre del paciente, número de historia clínica, dosis exacta y firma/sello del profesional. Una vez que sale de farmacia, la ampolla viaja al quirófano o a la UTI. Allí debe guardarse nuevamente bajo llave. El stock se cuenta en cada cambio de turno dejando constancia de forma escrita de las dosis existentes. Por ultimo se registra la hora de aplicación y si se usa media ampolla, el remanente debe descartarse ante un testigo y registrarse en el libro de estupefacientes.
Deudas legislativas
El compromiso asumido por el Congreso ante los familiares de las víctimas fatales del fentanilo adulterado, podría impulsar el tratamiento de varias iniciativas legislativas durante este año parlamentario. Una nueva ley de trazabilidad biométrica que obligue a las farmacias hospitalarias incorporar la huella dactilar; vinculando la ampolla directamente al DNI del profesional y del paciente. Además impulsan una reforma en la ley 17.565, de droguerías, para endurecer las penas por la venta de precursores químicos, equiparándola al narcotráfico, si hay dolo o negligencia grave en la cadena de custodia.
Otra de las leyes que buscaran consensuar este año es la digitalización total de la receta de estupefacientes. De esta manera quieren eliminar definitivamente el recetario en papel para este tipo de sustancias, centralizando la base de datos para detectar "comportamientos de consumo anómalos" en tiempo real.
La seguridad de los medicamentos a los que accede la mayoría de la población no puede convertirse en una variable de ajuste. Mejorar el sistema de control para que sustancias como el fentanilo y el propofol cumplan su función esencial en el quirófano y dejen de ser protagonistas de la crónica policiales.El desafío inmediato será sostener la capacidad operativa de la ANMAT frente a los recortes presupuestarios que amenazan la vigilancia de estas sustancias críticas.
RM
