La Auditoría General de la Nación (AGN) sigue su avance en la investigación sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa por el fentanilo contaminado. Por ese motivo, este jueves familiares de víctimas irán a un taller de planificación participativa.
De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, la AGN llamó a los familiares de las víctimas de la tragedia para sumarse a un taller de planificación participativa donde se definirá una auditoría de gestión sobre la ANMAT. La reunión será este 26 de marzo, a las 10:30, en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
El comunicado remarca que “la convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la ANMAT y el INAME— y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”.
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La investigación judicial realizada por el juez Ernesto Kreplak y los informes de la comisión señalan que “la causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo”.
La Justicia Federal envió a fines de enero al Cuerpo Médico Forense la lista completa de las personas muertas por el opioide adulterado, confirmándose 111 víctimas fatales. El análisis se realizó durante la Feria Judicial, cuando se evaluaron 159 casos, de los cuales 48 pacientes consiguieron sobrevivir.
La situación legal de García Furfaro
Por el caso del fentanilo contaminado hay 14 procesados y detenidos, incluyendo a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, un empresario cercano a la familia Kirchner a quien se considera “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por causar la muerte de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
A García Furfaro se lo acusa de haber participado, junto a 16 integrantes del personal de ambos laboratorios, a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, que estaba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
De acuerdo al informe, “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
HM/ML
