La Cámara de Diputados llega este martes al tramo final de la investigación parlamentaria por el caso de fentanilo contaminado, una tragedia que expuso fallas graves en los sistemas de control sanitario, en los mecanismos de trazabilidad de medicamentos y en la coordinación entre organismos nacionales y provinciales. La Comisión de Seguimiento e Investigación, creada a fines de septiembre y presidida por la diputada socialista Mónica Fein, presentará su informe después de diez reuniones, viajes al interior, entrevistas con expertos y un diálogo directo con el juez federal de La Plata que instruye la causa.
El documento, que será formalizado esta mañana en la sala 1 del Anexo A, desarrolla los ejes normativos que el Congreso deberá revisar para evitar nuevos episodios de contaminación de medicamentos de alto riesgo. Según anticipó Fein a PERFIL, la comisión trabajó sobre “las respuestas por escrito del Ministerio de Salud, del ANMAT, de las provincias, los informes técnicos de CAME, SILFA, el Hospital Italiano y los farmacéuticos hospitalarios, además de toda la causa judicial”. El análisis final integra más de 3.000 fojas de expedientes y peritajes.
La investigación también quedó marcada por la ausencia del ministro de Salud, Mario Lugones, y de la titular del ANMAT, Agustina Bisio, quienes se excusaron dos veces de asistir a las convocatorias. Ambos enviaron respuestas formales, pero su falta de presencia en persona quedó registrada como un déficit institucional en un expediente que, según entienden los legisladores, demanda explicaciones políticas, administrativas y operativas.
El mapa de fallas: controles debilitados, vacíos normativos y un sistema sin alertas
La comisión escuchó a médicos del Hospital Italiano, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios y especialistas en sistemas de trazabilidad. Todos coincidieron en un patrón: las fallas no fueron un accidente aislado sino la consecuencia de un sistema que carece de controles integrales en la cadena de producción, distribución y administración de medicamentos críticos.
La Policía Federal recuperó más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
En una reunión celebrada en Rosario, familiares de víctimas detallaron la falta de información durante las primeras horas, la ausencia de alertas sanitarias y la necesidad de contar con un sistema nacional de notificación inmediata. Esas propuestas fueron incorporadas al informe final.
Fein explicó que el trabajo de la comisión se concentró “en las normativas que deben modificarse, tanto en el Ministerio de Salud como en la ANMAT, las plantas de elaboración, las droguerías, las clínicas y los sanatorios, desde la producción hasta la administración del medicamento al paciente”. Según adelantó, la recomendación incluirá una “ley de trazabilidad exhaustiva”, que unifique registros electrónicos, audite cada movimiento en tiempo real y establezca sanciones específicas para quienes omitan, demoren o manipulen información.
El informe también abordará la falta de un sistema nacional de alertas tempranas, la fragmentación de las historias clínicas electrónicas en las provincias, los controles sobre infecciones intrahospitalarias y el rol de los organismos de fiscalización. En paralelo, evaluará las respuestas judiciales y el alcance del expediente que instruye el juez Ernesto Kreplak, quien se presentó ante la comisión el pasado 19 de noviembre para explicar los avances de la causa.
Fortalecer ANMAT y atender a las víctimas
La comisión cerrará su informe con una serie de recomendaciones legislativas que el Congreso deberá considerar en los próximos meses. En primer lugar, propondrá reformas profundas al funcionamiento del ANMAT, señaladas como imprescindibles para actualizar los estándares de control y supervisión. Fein remarcó que se necesita “una nueva ley de ANMAT” y un esquema de autoridad regulatoria con mayor presencia territorial, capacidad de auditoría y herramientas para fiscalizar medicamentos sensibles como el fentanilo y otros opioides sintéticos.
El documento también recomendará avanzar con una ley nacional de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, integrar sistemas digitales en todo el país, establecer métodos de control cruzado entre laboratorios, droguerías y hospitales, y crear un registro obligatorio de movimientos en cada etapa de la cadena.
Otro eje del informe de mañana será la atención y acompañamiento a familiares de las víctimas, un pedido expresado en cada reunión de la comisión. Se propondrá un sistema de reparación, asistencia psicológica y asesoramiento especializado para familiares y pacientes afectados.
En lo político, el informe señalará la falta de respuestas presenciales del Ministerio de Salud y del ANMAT como un punto crítico. “Queda claro en las consideraciones la ausencia del ministro de Salud y de la responsable del ANMAT, que no vinieron a dar explicaciones”, sostuvo Fein ante PERFIL, aunque aclaró que ambos organismos respondieron por escrito, la comisión interpretó que el caso requirió un compromiso mayor.
La entrega del informe será el cierre formal de esta etapa, pero no del caso. El Congreso buscará ahora que las propuestas se conviertan en proyectos de ley y que el sistema sanitario incorpore los aprendizajes de una tragedia. Según describió Fein, la comisión apuntará a que “esta terrible tragedia no vuelva a pasar y sea un aprendizaje del Estado ante tanto dolor”.
JD / EM
