La Justicia avanzó de manera contundente en la causa por el fentanilo contaminado que derivó en la muerte de más de un centenar de pacientes en distintos puntos del país. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a 14 imputados, entre ellos ejecutivos y responsables técnicos de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, y dictó embargos que en algunos casos alcanzan cifras históricas.
A la cabeza se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de las compañías, procesado como coautor y con un embargo de un billón de pesos. El magistrado le atribuyó adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, en concurso real con adulteración que derivó en la muerte de al menos 20 personas.
Embargos millonarios y prisión preventiva
La resolución judicial, de más de 400 páginas, detalla los procesamientos de los directivos y técnicos involucrados, entre ellos Diego y Nilda García, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano, Carolina Ansaldi y otros responsables de calidad y producción. Los embargos dispuestos suman cientos de miles de millones de pesos e incluyen la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país.
Asimismo, Kreplak dictó prisión preventiva para Ariel García Furfaro, Diego García, Nilda Furfaro, Javier Tchukrán, José Maiorano y Carolina Ansaldi. En algunos casos, como el de Nilda Furfaro y Ansaldi, se otorgó modalidad domiciliaria.
Irregularidades graves en los controles
El fallo subraya que los responsables incurrieron en incumplimientos sistemáticos de normas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), priorizando la rentabilidad sobre la seguridad. Se comprobó la existencia de registros adulterados, documentación falsa y ocultamiento de información frente a inspecciones.
La Justicia concluyó que las políticas empresariales negligentes y la ausencia de controles adecuados permitieron que lotes de fentanilo adulterados llegaran a los pacientes, lo que derivó en consecuencias fatales.
Expectativa de condena
De confirmarse las acusaciones, los procesados enfrentan penas de 10 a 25 años de prisión efectiva por adulteración dolosa de sustancias medicinales con resultado de muerte. El caso, considerado uno de los más graves en materia sanitaria en Argentina, marca un precedente clave para la regulación y fiscalización del sector farmacéutico.
Carlos Etchepare: “Estamos frente a un récord productivo, pero con beneficios muy escasos"
Ezequiel Vega: “Tuvimos un año bastante positivo, sobre todo para las bolsas norteamericanas”
Camilo Alan: “Nunca vi un diciembre tan malo y tan triste”
