Este jueves el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó el procesamiento y prisión preventiva del titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, su hermano Diego Hernán García, su mamá Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi en la causa por las muertes provocadas el fentanilo contaminado.
También procesó pero sin prisión preventiva a María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk, todos empleados con jerarquía en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Aunque rechazó la prisión preventiva, les mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual.
En todos los casos los consideró “prima facie” coautores penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor. Sin embargo, Kreplak adelantó que podría haber más muertes probadas: “la línea investigativa adoptada y la intensa actividad probatoria desarrollada al respecto permitió, a la fecha, incorporar progresivamente 124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”.
En la resolución en la que dictó los procesamientos, el juez Kreplak señaló las “pésimas condiciones en que se producían los medicamentos, ya sea en cuestiones de mantenimiento, insumos, agua, controles, registros documentales, entre otras tantas”.
En ese sentido, detalló que en “muestras analizadas se detectó una presencia significativa de arsénico” muy por encima del límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
Y remarcó que “todo ello (...) bajo total inobservancia de los estándares mínimos establecidos por las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)”.
Kreplak tuvo palabras muy duras para con García. Dijo que “la instrucción ha logrado demostrar que Ariel García es la figura principal de esta tragedia sanitaria”.
El magistrado advirtió que “no era confiable la documentación que registró la producción y control de calidad de los lotes adulterados de fentanilo”. “La prueba obtenida indica que los batch record y su documental anexa no reflejaban la realidad de lo que a ciencia cierta pasaba dentro de la planta”, determinó.
Los batch record son los documentos asociados a la fabricación de un lote de granel o producto terminado. Proveen la historia de cada lote del producto у todos los resultados pertinentes de control de calidad en proceso y del producto final.
“La prueba producida (...) permite sostener que los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto respecto de su fabricación, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos”, enfatizó Kreplak en la sentencia a la que tuvo acceso PERFIL.
Los chats
Kreplak señaló que, a partir del informe pericial y del acta de inspección, se demostró que Laboratorios Ramallo SA elaboraba su producción “sin cubrir los puestos clave en la totalidad de los turnos”, por lo que “los operarios trabajaban sin la dirección de personal calificado que debía supervisar el proceso”. Esto “no fue subsanado para la campaña de diciembre de 2024”, la del fentanilo contaminado, aseguró.
El magistrado indica que “se ha podido reconstruir que la actitud de los responsables, lejos de procurar resolver las deficiencias y desvíos de calidad que la autoridad de aplicación iba marcando, se desentendieron de ellos o buscaron disimularlos. Como quiera que fuese, muchos de los mismos problemas persistieron en la producción de la campaña trágica” del fentanilo contaminado.
En la resolución, Kreplak expone “pasajes de conversaciones de Whatsapp entre el personal jerárquico del laboratorio que da cuenta del ‘descontrol’ -es decir, justamente, la falta de control- en el que se producían los medicamentos”.
“Era frecuente que el personal debiera afrontar diversas problemáticas de índole operativa, tales como caídas recurrentes de la red informática, interrupciones en el suministro eléctrico, desprendimientos de muros y otras deficiencias estructurales y técnicas. Naturalmente, estas situaciones obstaculizaban el normal desarrollo de las actividades productivas y administrativas, pero también evidenciaban una falta de mantenimiento adecuado y una gestión deficiente de la infraestructura del laboratorio”, indicó el magistrado.
Kreplak puntualizó en un chat entre Rocío Garay, supervisora de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo SA y Wilson Daniel Pons, Jefe de Control de Calidad en el que ante una consulta, Pons le responde: “Y me parece que no queda otra cosa que mentir”.
A mediados de mayo, cuando ya se habían reportado las primeras muertes por el fentanilo contaminado y ya se había hecho la denuncia en sede policial y se iniciaban las investigaciones, hay un chat de Diego García -quien cumplía una función gerencial- que refiere que “hay batch que están incompletos… no los terminaron”. Ariel García, su hermano y propietario del laboratorio le responde: “Eso hay que terminarlos por las dudas entendés, que después los pidan”.
A los tres hermanos García (Ariel, Diego y Damián, que obtuvo la falta de mérito) los defiende Gastón Marano, quien ofició de abogado de Nicolás Carrizo, quien había sido señalado como el líder de la “banda de los copitos” y para quien también logró la libertad en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
Este martes se reunió la comisión especial investigadora de la causa de fentanilo, que preside la diputada Mónica Fein y para el jueves está previsto que el juez Kreplak se reúna con integrantes de la Cámara baja.
