A raíz de los reclamos judiciales de los damnificados que ven ocupadas sus propiedades temporalmente deshabitadas o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que quiere recuperar espacios públicos y demoler precarias e inseguras viviendas, cerca de 300 personas, entre niños y adultos, serán desalojados antes de las fiestas de fin de año, informaron este martes autoridades porteñas.
De acuerdo con los datos del Programa Buenos Aires Presente (BAP), que depende del Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno capitalino, en lo que va del mes ya fueron desalojados 15 lugares y hay relevados 19 predios más, que serán desocupados por orden judicial antes del 31 de diciembre.
Las autoridades del BAP señalaron que durante el mes previo a la feria judicial los desalojos se multiplican y alcanzan de tres a cinco casos por día, tanto en el norte como en el sur de la ciudad, y que involucran a familias de clases medias bajas y pobres que, generalmente, no pudieron seguir pagando un alquiler porque perdieron el trabajo.
El coordinador operativo del programa, Horacio Taddeo, afirmó que alrededor de 60 familias, de cinco integrantes promedio cada una, se quedarán en la calle antes de que termine el año, lo que da un total aproximado de 300 porteños.
Los profesionales del BAP son avisados por los juzgados de las órdenes de desalojo y se acercan a los damnificados con algunos días de anticipación, para ofrecerles un subsidio de 10 cuotas de 450 pesos para mitigar el problema habitacional.
Taddeo explicó que cuando las familias son muy numerosas, el subsidio se reorganiza en menos cuotas de más dinero cada una para que puedan afrontar el alquiler de un lugar más grande, pero dijo que los montos son los mismos independientemente de la cantidad de integrantes que tenga el grupo.
Sin embargo, el asesor legal del Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionadas (Sedeca), Carlos De Carli, advirtió que los subsidios son insuficientes para obtener una vivienda".
Sedeca es una entidad argentina que trabaja junto al Centro de Derecho a la Vivienda Contra Desalojos (Cohre, por su sigla en inglés), órgano asesor de ONU y de consulta obligatoria ante la Asamblea General, que aboga por los derechos económicos, sociales y culturales de los más pobres.
"Si bien mejoraron muchos indicadores, el número de desalojos continúa siendo elevado porque los programas de vivienda social no están pesados para los sectores medios y medios bajos", dijo.