Tres jóvenes, uno de ellos con antecedentes por estafa e hijo de un suboficial retirado de la Policía bonaerense, fueron detenidos acusados de ser quienes llevaron adelante en los últimos dos meses al menos 30 amenazas de bomba contra la Casa de Gobierno, estaciones de trenes y subtes porteños, el búnker de Unión por la Patria y despachos de jueces y funcionarios, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.
Los voceros detallaron que al grupo, que se hacía llamar La mafia del Hentai, en alusión a un animé japonés XXX, se lo acusa de las recientes amenazas de bomba dirigidas a las estaciones de trenes y del subte porteño, que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios. Incluso, se lo vincula con las intimidaciones que recibió el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones generales. También, contra el juez federal Ariel Lijo, que se encontraba de turno.
Los arrestos se realizaron el jueves a la noche en distintos domicilios del conurbano bonaerense. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), que trabajaron bajo las órdenes del juez Julián Ercolini.
Uno de los detenidos es Facundo Maximiliano Martínez Radaeli (18), hijo de un sargento retirado de la Policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en su casa de la localidad bonaerense de Llavallol. Asimismo, Matías Manuel Danco y Leandro González, quienes también formaban parte del grupo autodenominado La mafia del Hentai.
En el caso puntual de Martínez Radaelli, pudo saberse que tiene en su contra denuncias por violencia, y dijo que está “peleado con el sistema” y que eso motivó las amenazas, aseguraron voceros vinculados a su detención.
La pesquisa se inició el pasado 22 de octubre, cuando se recibieron amenazas en el 911, que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
“Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…), en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C”, se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911 donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado “hace 15 minutos y tardaría media hora” en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria al 911, una persona que se identificó como “Rodrigo teniente”, manifestó: “Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos”.
En otra amenaza, un tal “Martín coronel” alertó al operador del 911 sobre la presencia de un explosivo en “los andenes, el número 3 y 5” de la estación de trenes de Constitución.
Tras esas intimidaciones y otras, se inició una causa ante el juzgado de Lijo, que estaba de turno, quien dio intervención a los pesquisas de Delitos Constitucionales la PFA.
Pero a los tres días, el propio magistrado recibió una amenaza en su despacho, por lo que denunció el hecho ante su colega Ercolini, que quedó al mando de esa pesquisa.
Los expertos de la PFA establecieron que las amenazas fueron realizadas a través de varias líneas en común –que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana–, que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles –sin su consentimiento– nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la “deep web”.
Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas y utilizaba redes wi-fi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado.
No obstante, los detectives establecieron patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron. Allegados a la investigación dijeron que hasta el momento se identificaron, al menos, unos 30 hechos de amenazas relacionados con los detenidos.
Por el momento, los jóvenes están alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, de Villa Lugano, donde aguardaban ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados hoy por Ercolini.
