Un día después de la Marcha Mundial de Mujeres del 8 de marzo el presidente Mauricio Macri envió al Congreso el proyecto de ley de equidad salarial de género y licencias parentales que, lejos de cosechar consensos, despertó fuertes críticas de la oposición, organizaciones sindicales y agrupaciones feministas desde donde lo tildaron de "declarativo" e "intervencionista".
Tras casi seis meses de revisiones por separado, la semana pasada las comisiones de Legislación del Trabajo y de Familia y Mujer dieron por terminadas las reuniones informativas, para avanzar en el debate final con el objetivo de que el proyecto tenga media sanción este año. No obstante, si bien todos los espacios están decididos en avanzar en un proyecto de igualdad, el rechazo al iniciativa oficial motivó que desde la bancada de Unidad Ciudadana la diputada Vanesa Siley presentara otra propuesta con el aval de la Intersindical de Mujeres.
"El proyecto de Cambiemos es meramente enunciativo. La igualdad de remuneración por igual trabajo ya está planteada en el artículo 14 bis de la Constitución desde el año 1957. Lo que debería a hacer la ley es convertir en ejecutable a esa norma y no repetirla de manera declamativa", manifestó Siley en diálogo con PERFIL.
La legisladora sostuvo: "No sirve para solucionar el problema de la brecha salarial. Por un lado no le dan al empleador ninguna sanción en caso de incumplir esos principios enunciativos, ni tampoco hay una reparación real para la mujer trabajadora discriminada o dañada por su género".
El principal cuestionamiento al proyecto oficial radica en que, mientras que la iniciativa no estipula multas para las empresas que incumplan la ley, sí impone plazos a los sindicatos para que modifiquen sus estatutos bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, ahora devenido en Secretaría de Gobierno.
Se trata de los artículos 3, 4 y 9 que plantean a las organizaciones sindicales modificar sus normas internas para garantizar la igualdad de género, y que esas modificaciones sean remitidas a la cartera de Trabajo en un plazo de 180 días.
"Al incorporar artículos que aluden la ley de asociaciones sindicales, el proyecto está modificando más de una ley y eso va en contra de las buenas prácticas legislativas", opinó el diputado del PJ Sergio Ziliotto, que preside la Comisión de Legislación del Trabajo.
Por su parte, Siley sostuvo que estos artículos implican "una clara injerencia en la vida interna sindical porque pretende que los estatutos sean regulados".
Desde el oficialismo, la diputada de Cambiemos Karina Banfi cuestionó la postura de la oposición al considerar que se trata de un planteo "ideológico" que no contempla modos de "insertar a la mayor cantidad de gente en el sistema de trabajo". "Si nosotros le ponemos multas a las empresas, la ley nunca se va a cumplir. Y después van a ser morosos de las sanciones o se van a ir con el argumento de que este país es muy caro", sostuvo.
En este sentido, la legisladora apuntó directo a los gremios: "¿Quién tiene el poder de policía para hacer cumplir esto? Los sindicatos. Y cuando planteamos esto, ellos consideran que es intervencionismo sindical".
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Trabajo a distancia. Otra de las críticas está dirigida a la inclusión de la equidad de género en el teletrabajo. En su artículo 175 el proyecto plantea: "Los trabajadores, sin distinción de género, podrán optar por ejecutar trabajos fuera del establecimiento, que les sean encargados por su empleador, así como realizar prestaciones a favor de éste a través de la modalidad de trabajo a distancia".
El triunviro de la CGT Héctor Daer manifestó su preocupación al respecto durante una de las reuniones informativas que se realizó en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. El dirigente gremial tildó al proyecto de "reforma laboral encubierta" al sostener que se trata de "una relación laboral no encuadrada en ninguna norma" y que "da lugar a la precarización".
Por su parte, Ziliotto se manifestó en el mismo sentido y confirmó la intención de avanzar en la eliminación de esos aspectos en el texto final ya que "eso debería legislarse aparte".
"Ellos consideran que eso es una precarización, yo creo que es una falta de conocimiento de cómo se van generando e instalando las relaciones de trabajo hoy en día", expresó Banfi al respecto. "Muchas empresas permiten a sus empleados trabajar desde su casa y eso no genera una precarización, sino muchos beneficios. Las mecánicas de trabajo cambiaron y es necesario adaptarlas", refutó.
Licencias. El proyecto, además, propone ampliar la licencia a 15 días a los padres biológicos, adoptivos y madres no-gestantes por nacimiento o adopción. Asimismo, incorpora una licencia de 10 días para casos de violencia de género, 5 días por fertilización asistida y 10 días por trámites previos a la adopción.
En este aspecto, las críticas radican en que mientras las licencias actuales por maternidad son responsabilidad del Estado, estas nuevas licencias estarían a cargo de las empresas privadas. "Al no establecer ningún control estatal para hacerlas cumplir quedaría en manos de cada trabajadora y trabajador exigir el cumplimiento de sus licencias, algo que en el contexto de recesión actual, veo muy difícil", manifestó a este medio la diputada por Unidad Ciudadana Mónica Macha.
Desde Cambiemos, rechazan este punto al asegurar que el Estado no cuenta con rescursos para absorber más licencias. "Nosotros le queremos pedir a las empresas que hagan los aportes y que colaboren dentro del sistema de licencias de sus trabajadores y ellos se oponen. Después resulta que nosotros somos el gobierno que beneficia a las empresas. No se entiende el planteo", chicaneó Banfi.
Debate. Son dos los proyectos presentados que abordan la temática en general a los que se les suman otros 74 que plantean cuestiones particulares.
Por su parte, el texto presentado por la diputada Siley establece multas de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles a los empleadores que vulneren la igualdad salarial, al tiempo que plantea la creación de protocolos de actuación para el abordaje de la violencia laboral y de géneros. Además, delega las licencias al Estado, que deberá hacerse cargo de sus costos a través de la seguridad social e incorpora a la comunidad LGBT al hablar de "géneros" y no "género" en singular.
"Tenemos que hacer una conjunción entre los dos proyectos. Vamos a tratar de eliminar cuestiones controversiales que no cierran en ambos espacios y cada parte tendrá que ceder", manifestó a este medio el diputado Ziliotto quien confirmó el inicio de los trabajos en las distintas comisiones para lograr que el proyecto tenga media sanción este año.
"Hubo 168 proyectos durante los últimos 15 años en el Congreso de la Nación para mejorar el sistema de licencias parentales, el sistema de condiciones laboral y también de equidad salarial. Nunca se discutió, ahora lo que intentamos desde el oficialismo es buscar los consensos y las modificaciones para poder avanzar", expresó Banfi.
Cifras. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina (INDEC), las mujeres ganan un 30% menos que los hombres. El informe revela, además, que del 10% de la población con menos ingresos el 6,8% son mujeres, mientras que del 10% mejor remunerado, un 6,3% son hombres y sólo un 3,7% mujeres.
