Julio Fernández es neurocirujano, y especialista en neurointervencionismo, que trata particularmente a pacientes que sufrieron un ataque cerebro vascular. Es, además, quien coordina el Programa de Prevención de ACV que lleva adelante el Ministerio de Salud de Tucumán.
Desde su rol como impulsor del Programa en su provincia, promueve además un proyecto de ley en el Senado para que el tratamiento del ataque cerebro vascular sea incorporado al Programa Médico Obligatorio (PMO) y sea implementado en todo el país.
Esto implica que, de aprobarse la ley 3231/2017, todas las obras sociales y prepagas médicas estarían obligadas a cubrir la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del Accidente Cerebro Vascular, incluyendo el tratamiento del ACV isquémico, por vía Endovenosa y Endovascular. Este tratamiento consiste en administrar una droga por vía endovenosa, que destapa la arteria obstruida, o bien extraer el coágulo que está obstruyendo el vaso.
El accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en adultos en América Latina. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de personas lo sufren por año en el mundo. De esos afectados, 5 millones mueren, y otros 5 millones quedan con una alguna discapacidad permanente.
Desde chico, Julio siempre tuvo una inclinación por la medicina, pero poco después llegaría el motivo que definiría su profesión: a los 14 años, su papá falleció a causa de un ACV no tratado a tiempo. "A esa edad no era consciente de porqué sentía interés en la neurocirugía y en el acv en particular”, cuenta a PERFIL. Cuando terminó la sub-especialidad en neurointervencionismo, dice, entendió que todo tenía que ver con la muerte de su papá, algo que lo llevaría a encabezar una lucha para paliar la incidencia de estos ataques en la población.
“En el primer mundo, donde este tratamiento es masivo y habitual, el 80% de quienes tienen un ACV y logran hacerse un tratamiento de reperfusión, se benefician disminuyendo la mortalidad y la morbilidad, que son todas las consecuencias que dejan los ataques cerebro vasculares”, cuenta en diálogo con este medio.
Cómo funciona en Tucumán. En esa provincia, hace un año lanzaron un programa de prevención, que enlaza al sistema público y privado. “Tenemos un ´código ACV´: en el 107 de emergencias se recepcionan las llamadas, y los telefonistas entrenados hacen una serie de preguntas para detectar si se trata de un accidente cerebro vascular, y ordenan la salida del móvil”, detalla.
Para eso, resalta, es de suma importancia que la gente reconozca los síntomas asociados al ataque cerebro vascular —concientización que también está articulada en el programa— para poder hacer un llamado lo antes posible al 107. Después de que una ambulancia lo asiste, se lleva inmediatamente al paciente a los centros ya acreditados para el tratamiento específico que se requiere en las primeras horas y resultan vitales.
“Desde la implementación del programa aumentamos en un 300% los tratamientos, y tiene una tasa de éxito entre un 60% y 65%. Hubo una mejoría que no hubiera sido posible de no ser tratados en tiempo y forma, y eso está relacionado directamente con el funcionamiento del programa en la provincia”, comenta.
En relación al presupuesto, motivo “probable” por el que considera que no hay avance del proyecto, el especialista comenta que de acuerdo a estudios en países donde ya se aplican iniciativas similares, el costo para el Estado es menor. “Creo que en las autoridades hay una inquietud sobre el presupuesto. Sin embargo, en el mundo entero está demostrado que los tratamientos son costo-efectivos, esto quiere decir que hay un ahorro. Es más económico cubrir el tratamiento que no hacerlo, por el solo hecho que se disminuye la tasa de discapacitados”, asegura.
Concientización y tratamiento. El programa que impulsa la ley apunta a los tres niveles: primario, secundario y terciario. El primero implica hacer saber a la sociedad cuáles son los factores de riesgo para prevenirlo. El secundario se refiere al tratamiento necesario cuando el ACV ocurre, y el tercero, a la rehabilitación a posteriori.
Fernández hace foco en las secuelas porque, explica, no sólo afectan a quien lo padece, sino también impactan en las familias. “La mayoría de las veces los pacientes con secuelas quedan imposibilitados de hacer cosas por sí solos y necesitan de alguien que los asista. De un momento a otro cambia la vida de una familia entera. Con el tratamiento adecuado, esto es posible evitarlo o revertirlo”, destaca.
La recompensa del trabajo, asegura, es cuando un paciente se recupera luego de ser tratado a tiempo. “Cuando vienen los pacientes con la familia a verme al consultorio, recuperados y reintegrados al trabajo, es una gran satisfacción”, dice con esperanza.
Sobre su intención de que pronto se le de tratamiento de la ley, sostiene: “No tendríamos que estar ni siquiera discutiendo si es viable o no hacerlo”. “Hace más de un año que la ley está presentada y no hay avances”, reclama. Por ese motivo lanzó una petición en la plataforma change.org, con la idea de que el pedido se haga masivo.
La petición ya tiene más de 100 mil firmas. “Este es un proyecto de ley que nos beneficiaría a todos los argentinos. Uno no sabe cuándo le puede pasar y si eso ocurre, es necesario que todo esté garantizado para que se pueda actuar lo antes posible”, finaliza.
AG CP
