La justicia por mano propia se ha equiparado con la violencia de quienes -cada vez más jóvenes- entran en conflicto con la ley porque delinquen y la arbitrariedad del gatillo fácil. Para pensar el problema hemos de recuperar algunas explicaciones.
En las últimas semanas han cobrado interés mediático los casos etiquetados como "justicia por mano propia". Al mismo tiempo, tales acontecimientos se codean con el tarifazo promovido por el actual gobierno de Mauricio Macri, las audiencias públicas y en las pantallas televisivas con el destape -aún inconmensurable- del robo del siglo durante una década.
Como panorámica, cierto es que la justicia por mano propia se ha equiparado con la violencia de quienes -cada vez más jóvenes- entran en conflicto con la ley porque delinquen y la arbitrariedad del gatillo fácil. Para pensar el problema desde algún lugar situado hemos de recuperar algunas de las explicaciones publicadas.
Para iniciar, están las que adjudican en las circunstancias del carnicero, el médico y los ladrones nuestro reingreso al Estado de Naturaleza. En pocas palabras, aquí se alude a la ruptura del Contrato Social por el que cada una de las personas habríamos acordado depositar en el Estado la administración de La Ley para alcanzar un orden social racional y abandonar el estado de guerra latente de todos contra todos.
En otra clave están los que se concentran en la disección jurídica del concepto de "legítima defensa" para determinar si en algún momento la víctima se hubo transformado en victimario; y si es admisible que el sistema administrativo de justicia resuelva tales casos apelando a la "excarcelación extraordinaria". En concreto, aspiran a establecer en forma indubitable que la víctima no actuó con alevosía al pasar con su auto por arriba del cuerpo del delincuente.
A sabiendas que en un futuro no muy lejano las medidas excepcionales adoptadas por los jueces habrán de transformarse en regla continúan, persuadidos de encontrar en el núcleo mismo del concepto el parámetro de "legítima defensa".
Por otra parte, están quienes observan las condiciones objetivas de igualdad para el Acceso a la Justicia, tan deslucida, teniendo en cuenta la representación legal que unos y otros estuvieron en condiciones de alcanzar. A decir, mientras el propietario de la carnicería en Zárate recibió el asesoramiento del Defensor Oficial -garantizado por el Estado- el médico cirujano tuvo recursos económicos suficientes para solventar los servicios profesionales de un abogado particular.
Están además las lógicas estaduales que esgrimen la ausencia de las fuerzas de Prefectura para "combatir la delincuencia" y la empatía con las víctimas por parte de Mauricio Macri -quien como Presidente- les aconseja descansar tranquilas. Esto, mientras se incluye en el equipo médico presidencial el servicio de un pediatra específico para Antonia, su hija.
Continúan en la secuencia los ciudadanos indignados con los familiares que rehusaron las disculpas de quienes terminaron con la vida de sus hijos ("delincuentes"). ¿Es que hay hijos cuyas muertes pueden ser dolientes e hijos cuyas vidas no valen nada?
En otro grupo, las razones que vuelven sobre la responsabilidad del Estado. Algunas señalan la ineficacia de las políticas sociales y otras estiman el problema por el fracaso del plan económico ejecutado desde el gobierno medido según el incremento de los niveles de pobreza.
Esto en lo que respecta a las razones editadas para elaborar alguna explicación sobre el flagelo -término con reminiscencias religiosas y expiatorias- de la inseguridad y que circula como moneda corriente para designar en forma errónea un problema a nivel del sistema social.
A renglón continuado -entre las acusaciones por parte de la expresidenta de "burra, mala e ignorante "- Margarita Stolbizer, habiendo sistematizado las pruebas por las cuales cabe el llamado a declaración indagatoria de Cristina Kirchner por presuntos actos de corrupción; le retruca que nunca fue acusada de "chorra". Mientras tanto Florencia Kirchner apela el embargo judicial en sus cajas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF) pide la inhibición de todos los bienes que forman parte de la sucesión de Néstor Kirchner.
Por el estado de cosas debería constatarse un eco social mayoritario al llamado por el "Nunca Más" de la corrupción en Argentina. Aún cuando sea posible consultar las Declaraciones Juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos por la web con un click en el ícono de "Public Management Transparency" -click - "Accountability".
Según información detallada, en el ranking de riquezas acumuladas, la escalada inicia con una base de $34.389.934 hasta alcanzar los $129 millones. Tales fortunas recorren las DDJJ de nuestros representantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en funcionarios públicos con cargos de distinto rango. Casi en el mismo mes pero con el culo de la taba fueron abiertas las paritarias entre los diferentes gremios y el Gobierno.
En este caso, el ranking de la clase trabajadora inicia en la base con un incremento del 17% hasta un máximo del 38% según el sector. Para evitar algún error interpretativo, ha de recordarse que el impacto del incremento no debe desvincularse del salario inicial. Como referencia puede tomarse el salario de $9801 de un docente que hubo logrado un incremento del 34.% pagaderos en tres tramos para el año 2016. Pero para una descripción realista de la pauperización salarial ha de incluirse la caída en desgracia que para muchos trabajadores implican tales aumentos al elevarlos de categoría en la escala de Impuesto a las Ganancias.
¿Que el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aún no entiende que debe vender sus acciones en Shell o renunciar a la función pública? ¿Acaso la torpeza para interpretar el contenido de" incompatibilidad de intereses" expreso en la Ley de Ética de la Función Pública es la aplicada al cuadro tarifario en el que la corrección del sistema de regulación de los servicios se traduce como ajuste en el consumo de los hogares? ¿Es que los CEOs son más peligrosos que La Cámpora en cargos ejecutivos? Triste alternativa elegir en la boca de qué león hemos de meter la cabeza.
Mientras tanto Daniel Oyarzún (el carnicero de Zárate) es investigado por homicidio simple y Lino Villar Cataldo (el médico cirujano) obtuvo la excarcelación extraordinaria con una fianza de $1.000.000.
Tal como vamos, en la guerra de todos contra todos ni la política de mano dura promovida por el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, ni la decisión de María Eugenia Vidal para garantizar un chaleco de protección por cada policía de la Provincia de Buenos Aires presentan lanzas para combatir un sistema de corrupción en el que el valor de la (in)seguridad circula con sobres de dinero, diferenciados por su cuantía, entre las jerarquías de la organización policial.
Y si a los sobres los transformamos en barriles de efedrina terminamos en la Aduana. Por suerte, eso de andar buscando por debajo de las piedras resultó una hipótesis de trabajo falsa.
Frente a esto, es razonable advertir que el uso del cuchillo de carnicería no nos devuelve al Estado de Naturaleza, ni por ello es que hemos arrojado a la hoguera los supuestos del Contrato Social.
No obstante, es admisible sostener que la violencia social aparece como un déficit de racionalidad cuando la economía política de la mano propia funciona como un principio que opera con pretensión de universalidad. Lo cual no significa pretensión de justeza total. El concepto de racionalidad aquí utilizado no hace referencia a un proceso de toma de decisiones, ni a un sistema de orden superior y totalizador o de valores socialmente valiosos que regulan la acción social.
El uso de la racionalidad, en este caso, remite a procesos de diferenciación mediante los cuales la sociedad existe como sistema. En este sentido, la racionalidad no es buena ni mala en sí misma. No es un conjunto de valores morales, normas éticas o jurídicas, sino un requisito que garantiza la diferenciación de la sociedad de otros sistemas.
El estatus de lo social no puede reducirse a la conciencia individual ni a la sumatoria de los valores vigentes en las conciencias individuales. Esto equivale a decir que la experiencia de lo social es autorreferente. Lo social tiene que ver con lo social y tiene una unidad en la cual se referencia y por la cual se distingue de otros sistemas.
Por ello es posible rechazar de plano la aplicación de recetas de políticas económicas genéricas como las usualmente impuestas por el entorno; tales como los organismos internacionales de crédito. De aquí que los aplausos cosechados por el Presidente Mauricio Macri en la última cumbre del G-20 no es un parámetro válido para explicar que la política económica implementada hasta ahora sea la correcta. Así como tampoco la buena relación que mantuvo el gobierno anterior con el Papa Francisco y el autismo político en relación al contexto internacional un indicador de diferenciación orientada a garantizar autonomía.
Así considerado, el incentivo que sitúa a cualquier individuo en conflicto con La Ley debe explicarse como resultado de alguna norma general que regula el funcionamiento de lo social y por la cual la transgresión o adecuación individual a una norma legal resulta una cuestión de alternativas.
Esto de ningún modo implica tendencia por acciones sociales transgresoras o de preferencias hacia acciones sociales reguladas por las normas jurídicas puesto que La Ley es información que circula y favorece la comunicación, pero no es la unidad que garantiza la autorreferencia.
Tenemos pues, que la racionalidad debe observarse como un proceso de diferenciación constante. Y esto demanda normas sociales vivas antes que códigos normativos o diseños institucionales canónicos. Y también, que está en este proceso de intercambio abierto entre sistema y entorno la clave para entender que es en la diferenciación en donde el sistema social garantiza la unidad y su autorreferencia
En resumen, la selección de ejemplos de la vida cotidiana pueden interpretarse como una fotografía representativa de anomia social generalizada, sea como ausencia normativa así como de baja adhesión individual a las normas jurídicas que regulan el orden social. Pero mejor, debieran interpretarse como un registro sobre la dificultad que tiene el sistema social para llevar a cabo procesos de diferenciación que garantizan su unidad y sus diferencias con el entorno.
Habría que identificar pues, cuáles son las resistencias que dificultan tales procesos, sean institucionales o de intereses particulares y que toman al sistema social por mano propia.
Por allá insisten en delimitar en qué momento la víctima se transforma en victimario. Si es homicidio agravado, premeditado o todavía indecible a falta de categorías jurídicas.
Más acá, el sentido común reconoce su falta de idoneidad para pensar el problema ya estaqueado por el tecnicismo jurídico que se adjudica autoridad interpretativa. Y todo esto sucede mientras al malestar del vecindario impreso en los carteles que denuncian "inseguridad" le va ganando en suerte el murmullo de las ciudadanías de baja intensidad. Ese escepticismo propio de cualquiera de nosotros que con dificultad ejerce algunos derechos, en tanto otros apenas si se distinguen como letras de papel.
Que bueno... Como era un chorro, que se joda, y que el carnicero también. Después de todo el asado de los domingos nos costó la mitad del aguinaldo.
