Un grupo de 600 sacerdotes católicos de todos los estados y territorios de Australia se mostraron contrarios las nuevas leyes en vías de implementación que imponen denunciar casos de pedofilia conocidos en confesión. Las normas tienen el objetivo de aplicar una de las 122 recomendaciones de la Comisión Nacional de Investigación sobre respuestas de las instituciones a los abusos, que durante más de dos años investigó iglesias, organizaciones benéficas, gobiernos locales, escuelas, organizaciones comunitarias y policías.
La negativa de los sacerdotes se produce tras las protestas de la Conferencia Episcopal Australiana, que definió hace unos días la nueva ley "prematura y desconsiderada, aparentemente causada por el deseo de penalizar a la Iglesia católica sin considerar debidamente las consecuencias de la decisión". Así lo expresó el presidente de los obispos, monseñor Mark Coleridge. Años atrás, Irlanda había debatido sobre el secreto de confesión en relación con los delitos de pedofilia. Pero la propuesta de 2011 nunca se convirtió en ley. La Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital australiana, reunido en Canberra, aprobó el pasado 7 de junio que se exija a los sacerdotes romper el secreto de confesión en algunas ocasiones.
A partir del mes de octubre, los estados del sur de Australia serán los primeros en abolir la exención hasta ahora otorgada al secreto del confesión de la obligación de informar. Los sacerdotes podrán ser multados con hasta 10 mil dólares si se descubre que no informaron a la policía sobre casos de abuso a niños escuchados en confesión.
Según el presidente del Australian Confraternity of Catholic Clergy, Scot Armstrong, "cada sacerdote haría todo lo necesario para proteger a los niños, pero sin violar el secreto de confesión". "Con una intrusión del estado en el dominio de lo sagrado, estas leyes violan la libertad de religión", añadió. "Los católicos profesan que Cristo instituyó el sacramento de la penitencia para el perdón de los pecados. La naturaleza del pecado implica la culpa del pecador ante Dios, y la absolución es confiada por Cristo al sacerdote, quien debe juzgar la autenticidad del arrepentimiento", prosiguió.
En ese sentido, "el secreto del sacramento se aplica a la relación personal del penitente con Dios, por tanto no es sólo cuestión de derecho canónico sino también derecho divino, del cual la Iglesia no tiene el poder de eximir". "La Fraternidad y los 600 sacerdotes que adhirieron consideran las nuevas normas impracticables, además de inaceptables en principio", concluyó el documento.
Por su parte, el arzobispo, Christopher Prowse, en una carta abierta al diario "The Canberra Times", aseguró apoyar la revisión en líneas generales, pero no que se incluya el requisito de romper el secreto de confesión. Según Prowse, esa exigencia ni ayudaría a prevenir los abusos ni mejoraría la seguridad de los niños, además de que una ley de esas características amenazaría la libertad religiosa.
IGLESIA AUSTRALIANA EN CRISIS
La discusión se desarrolla poco después de que el arzobispo australiano Philip Wilson fuera condenado a 12 meses de prisión por haber encubierto acusaciones de abusos a otro religioso en los años 70. El prelado, de 67 años, que se niega a dejar su puesto en la iglesia católica, probablemente podrá cumplir bajo arresto domiciliario al encontrarse en una fase temprana de Alzheimer. La comisión investigadora que analizó lo sucedido concluyó el año pasado que se abusó de decenas de miles de niños en instituciones australianas entre 1960 y 2015.
Meses atrás, la justicia australiana condenó al cadenal George Pell, responsable hasta el año pasado de las finanzas del Vaticano y persona cercana al papa Francisco, por acusaciones de abuso sexual. Pell, de 76 años y que como responsable de Finanzas era extraoficialmente el "número tres" del Vaticano y "papable", es el clérigo más prominente de la Santa Sede acusado en relación con el escándalo de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. El religioso, que fue arzobispo de Melbourne y más tarde de Sydney, fue acusado de mala gestión en casos de abuso sexual por parte del clero que se remontan a sus tiempos como sacerdote en su ciudad natal de Ballarat en la década de los 70.
