El reciente dictamen consensuado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) subsana algunas de las deficiencias del proyecto anterior, pero mantiene una de las omisiones más significativas, y que para mí generan una injusta discriminación legal: la ausencia del derecho a elegir del padre (permítanme usar esta figura para simplificar la línea argumental).
El proyecto en su art. 3 establece que se procederá con la interrupción “con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante”. Es decir, la persona gestante podrá unilateralmente determinar que no quiere continuar con el embarazo y disponer de su terminación. Y creo que es acertado que así sea: si no consideramos que la sociedad puede imponerle a la gestante la obligación de utilizar de su cuerpo de determinada manera, tampoco sería lógico reservarle esta facultad a quien haya contribuido con su esperma a la constitución del embarazo. No creo que haya que pedirle permiso al padre y hasta acá vamos con las coincidencias. Si la madre no lo quiere tener y el padre sí debe primar la voluntad de la madre.
¿Pero qué pasa si el padre no lo quiere tener y la madre sí? Resulta injusto y arbitrario que se le conceda la facultad a la madre de resolver unilateralmente el tema y no se le reserve una facultad parecida al padre. Cuando digo parecida me refiero a que de la misma manera que ni el padre ni la sociedad deben tener la facultad de disponer por sobre el cuerpo de la gestante. Esta prohibición debe ser entendida tanto para obligarla a continuarlo como para obligarla a abortarlo. Pero aún así podemos, y debemos, reconocer el derecho del padre a renunciar a la paternidad. A que no sea sólo una facultad de la gestante disponer del esquema familiar. Los padres también tenemos que tener el derecho a elegir cómo va a ser nuestras vidas y eso no puede estar supeditado a una negociación, de la misma manera que no lo debe estar la decisión de continuar o no con el embarazo.
Creo que sería un error, que forzaría situaciones violentas y de discordia permitir que la única vía de escape a la paternidad sea mediante un aborto. Esto pone a las partes en una desigualdad de condiciones tal que puede dar lugar a abusos de distinta naturaleza. Legislar omitiendo este punto implica negarle la igualdad a las partes, sin perjuicio de la reserva que hicimos sobre el esencial derecho de la gestante sobre su propio cuerpo.
Sería un error que el proyecto final que salga del Congreso no contemple la libertad de elegir para las dos partes. Si se aprueba en Diputados, como espero que pase, debe el Senado incorporar modificaciones que permitan esta reserva. Si no se incorpora el derecho del padre habremos parido un proyecto sesgado, injusto y que generará nuevas situaciones de violencia que pueden evitarse contemplando la renuncia a la paternidad. Libertad para todos.
