Con paso entre tímido y temeroso llega al lugar pactado para contar por primera vez lo que vivió. Es la mujer que solicitó realizar el primer aborto no punible en la Ciudad. Andrea (pidió usar nombre falso), en octubre del año pasado, pidió interrumpir su embarazo tras ser violada víctima de una red de trata en Chubut de la cual pudo escapar. Una vez en Buenos Aires, debió enfrentar hostigamientos y presiones por parte de un grupo de la organización autodenominada ProVida, e incluso del propio capellán de la iglesia del hospital Ramos Mejía, Fernando Llambías. Fue tras la revelación pública por parte del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de que se realizaría “el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires”. Cinco meses después, Andrea cuenta por primera vez su historia.
—¿Cómo llega al hospital Ramos Mejía?
—Sentí que estaba embarazada, y quería confirmarlo. Hacía un día que había regresado de Chubut, donde estuve cautiva por una red de trata de la que logré escapar. Antes de ir al consultorio fui a ver a una asistente social. Habló con los médicos y con el director del hospital. Confirmaron mi embarazo y me dejaron internada. Fue el personal de la Red de Rescate a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación. Me tomaron declaración jurada y se realizó la denuncia.
—¿Quién la asesoró sobre el aborto?
—La misma asistente social me explicó el procedimiento. Pero no se hizo nada de lo que me dijo porque todo el mundo sabía que yo iba a abortar cuando habíamos firmado con los médicos una declaración jurada para tener absoluta reserva. Lo que hizo Macri lo sentí como un nuevo abuso. Además, cuando estaba internada se me acercó una señora que trabajaba en la iglesia del hospital, que me dijo que no abortara. Rezaba para que yo cambiara de postura.
Hostigamiento. Fue el principio de lo que consideró un “acoso psicológico constante”. Tras el primer alta, y mientras esperaba en su casa que le realizaran la interrupción del embarazo, pactada para el 9 de octubre de 2012, recibió varias llamadas por parte del personal de la capilla del hospital. Le ofrecieron encontrarse para explicarle que podrían darle una casa, pagarle la obra social de sus hijos, entre otras cosas, para que declinara su decisión.
—¿Cuándo fueron a su casa?
—El sábado anterior al día en que iba a abortar me llamaron y me invitaron a reunirme con ellos. No entiendo cómo tenían mi teléfono. Me negué y el lunes se presentaron en la puerta de mi casa. Fueron con velas, rezaban y me pedían que lo pensara bien. Los escuché por respeto, porque mi familia es católica, pero les dije que no cambiaría mi postura. Se pusieron muy efusivos para convencerme. Me dijeron que había 600 familias para adoptar al bebé. Que lo tenía que tener y un montón de cosas más. Hasta me dijeron que yo me estaba portando mucho peor de lo que me hicieron a mí, porque yo iba a ser una asesina y que las personas que me violaron me dejaron con vida. Incluso una me dijo que me pusiera linda porque iban a estar todas las cámaras de los medios y que ellos iban a tocar las campanas de la iglesia cada una hora si abortaba.
—¿Qué pasó el día de la interrupción?
—El martes 9 estaba todo listo para la intervención. Tenía el suero puesto y estaba en la habitación cuando se metió un grupo de gente diciendo que eran personal del juzgado y que tenían una orden para detener el procedimiento. Las doctoras no sabían qué hacer. Era un caos. Me pedían que firmara un papel, que era la apelación a la autorización de la interrupción del embarazo, a lo cual me negué. Después me enteré de que esa gente no era del juzgado, era de ProVida. Uno de los hombres que insistía con que firmara el papel era el abogado de ProVida, pero se presentó como secretario del juzgado y me dijo que si abortaba iba a tener un problema legal y de conciencia, y que algún día me iba acordar de él porque me iba arrepentir.
Más. La operación no se hizo entonces, pero luego la Corte Suprema obligó a completar el procedimiento en otro hospital. “Mientras esperaba estaba muy angustiada, desbordada. Sufrí mucho y no me esperaba sufrir tanto después. La pasé mal en mi secuestro y después en el hospital también la pasé mal. Sentía que no se terminaba más mi dolor”, termina. Andrea cuenta con apoyo psicológico, pero continúa sin trabajo. No recibe ayuda económica y aún sufre las consecuencias de su secuestro.
Avances en la investigación
Esta semana la Sala VI de la Cámara del Crimen resolvió que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, siga siendo investigado por haber divulgado los datos y detalles de la interrupción del embarazo de la víctima de trata que se iba a hacer un aborto en el Hospital Ramos Mejía.
De esta manera, la Cámara hizo lugar a la apelación del fiscal Eduardo Itoyz para que se reactivara la investigación, al considerar “prematuro” el archivo de la denuncia. En el contexto de esa investigación, ayer la legisladora de la oposición en la Ciudad y denunciante, María José Lubertino, declaró durante más de tres horas.
Luego, Lubertino utilizó la red social Twitter para dar su opinión: “En el caso de mujer víctima de trata, violada, que quería abortar, Macri, la ministra de Salud, el director del Ramos Mejía y el cura incurrieron en violencia institucional”, escribió.
En la investigación también aportó datos el legislador del MST, Alejandro Bodart, quien además le brindó asesoramiento a “Andrea”.
Por otro lado, la causa que investiga la red de trata que tuvo a “Andrea” (ver texto principal) secuestrada no muestra avance de ningún tipo.
