La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a garantizar la educación virtual a los alumnos de la escuela normal Mariano Acosta.
La iniciativa la tomó la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, conformada por Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, y Pablo Mántaras, que ordenó al Ejecutivo porteño a que garantice a los alumnos de la escuela de Balvanera el derecho a la educación a través de la modalidad virtual.
“A ese fin, se impone preventivamente al Gobierno porteño que no compute inasistencias a los hijos de los coactores por no asistir de modo presencial”, señalaron en su fallo los camaristas. “Ordenando también cautelarmente al GCBA que adopte las medidas necesarias para garantizar que el derecho a la escolaridad virtual de los NNA abarcados por la presente decisión, pueda ser ejercido en condiciones de razonable igualdad con quienes lo ejercen a través de la modalidad combinada”, completaron. Todo ello en el marco de la causa «R., M. B. y Otros contra GCBA sobre incidente de apelación – Amparo – Educación – Otros”.
Según explicó el portal de noticias, iJudicial, la causa fue iniciada por un colectivo de alrededor 50 madres y padres de alumnos de todos los niveles de la Escuela Normal Superior N° 2 Mariano Acosta. En este sentido, el amparo se inició con el objeto de que “se ordene la suspensión obligatoriedad de la presencialidad dispuesta por el Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud porteños.
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En su ampliación de demanda, los padres de los alumnos sostuvieron que “su petición consistía en que se reconociera la ‘no obligatoriedad de la presencialidad’, de modo que se eximiera a los menores bajo su cuidado de concurrir a las escuelas y, consecuentemente, que ‘no les sean computables las faltas a aquellos que no concurran presencialmente‘”.
También solicitaron que “se declare su inconstitucionalidad” y sostuvieron que “las autoridades del colegio advirtieron que no estaban dadas las condiciones edilicias y de personal necesarias para brindar la bioseguridad que sus hijos necesitaban para asistir de modo presencial a clases, sin poner en peligro la salud y la vida de los y las asistentes”.
El 5 de febrero pasado, el Ejecutivo porteño aprobó en el contexto de la pandemia de coronavirus el “Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021” que admitió que “los estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo, embarazadas o mayores de sesenta años o que convivan con una persona perteneciente a dichos grupos, podrán exceptuarse de asistir de manera presencial al establecimiento educativo” presentando un certificado médico. El protocolo también indica que se deben prestar “alternativas remotas para garantizar la continuidad pedagógica” para aquellos que no puedan asistir a las clases presenciales.
El 2 de mayo, el Gobierno porteño estableció “la continuidad de la presencialidad para los niveles inicial, primario y especial, en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada” de la Ciudad y “la prestación del servicio mediante la modalidad combinada (clases presenciales y virtuales) para el nivel secundario”.
El GCBA afirmó que “el colegio Mariano Acosta cumplía adecuadamente el Protocolo para el retorno a las clases presenciales”.
Los camaristas señalaron que “la evaluación inicial permite considerar razonablemente fundado el temor” de las madres y padres “ante una eventual afectación del derecho a la salud de sus hijos e hijas en caso de ser obligados a asistir a clases presenciales en el colegio, en el estado actual de la pandemia provocada por el Covid-19 y mientras esas condiciones no se modifiquen”.
Los integrantes de la Sala I subrayaron que “no existen datos “precisos e inobjetables” que demuestren que en el colegio Mariano Acosta “el servicio educativo se ajusta cabalmente al protocolo vigente diseñado para garantizar una presencialidad segura”.
