El jueves, en una maratónica jornada donde se trataron casi noventa proyectos de ley, la Legislatura porteña volvió sobre un tema que ya había generado polémica a lo largo del año: la intención del Gobierno de la Ciudad de vender ciertos predios considerados “innecesarios” para su administración. El Buenos Aires Design, en Recoleta, fue tal vez el que despertó más resistencia, al punto que, en una negociación para conseguir los votos necesarios, se bajó del debate. Lo mismo el que dispone la creación de un fideicomiso para la concesión a treinta años del Autódromo de Villa Lugano. Ambos quedarán para 2016.
Pero otros casos, como la intención de desprenderse de una parte del predio El Dorrego, en Colegiales, y de otra del Tiro Federal, en Núñez, sí alcanzaron los votos para su aprobación, ya que en vez de ser tratados como proyectos individuales, se incluyeron dentro de la creación de la Corporación Metropolitana SE, un ente que podrá disponer de bienes inmuebles de dominio público y decidir sobre su destino. Dicho proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo, obtuvo los más de cuarenta votos necesarios, con acompañamiento del FpV y rechazo de ECO.
El proyecto de la Corporación Metropolitana establece entonces la creación de un ente que podrá disponer de los bienes inmuebles considerados “innecesarios” para el Ejecutivo, y obtener así, a partir de su venta, financiamiento para otros proyectos del gobierno porteño. Tendrá un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco vocales, entre quienes habrá dos representantes de la oposición con mayor representación en la Legislatura.
Así, por ejemplo, con la venta de El Dorrego, el gobierno porteño busca construir el Centro Metropolitano Audiovisual (CMA), algo similar al existente en Barracas; y en el predio del Tiro Federal, construir un Centro de Innovación y Viviendas para los estudiantes universitarios.
Y si bien desde algunos sectores de la oposición –como ECO o el Frente de Izquierda– calificaron esto como una “cesión de tierras”, o directamente un “remate”, ya que la Ciudad no requeriría de la Legislatura para la venta de esos espacios, fuentes de los bloques del PRO y el FpV manifestaron que, eventualmente, la enajenación de cualquier inmueble del Estado sí requerirá aprobación legislativa; no así los de origen privado y estuvieran en manos del Estado.
Otro de los proyectos que se aprobaron el jueves y entraban dentro del “paquete inmobiliario” fue la concesión para el gerenciamiento y explotación comercial del nuevo Centro de Convenciones, al lado de la Facultad de Derecho de la UBA –obra que el gobierno porteño acaba de culminar por un monto cercano a los $ 400 millones–, y que será por un período de 30 años.
En el caso del Buenos Aires Design y el Autódromo, el PRO debió postergar sus intenciones para el año que viene: con la venta del primero (que se estima en US$ 60 millones) el gobierno porteño busca obtener financiamiento para la construcción de la Ciudad Judicial, aunque sumó a último momento también el destino de esos fondos para la urbanización de las villas 31 y 31 Bis, en Retiro, y la 20 de Lugano, entre otras.
En el caso del Autódromo, no se venderían las tierras sino que cederían el predio a un fideicomiso a treinta años para la construcción de un hotel, locales comerciales y un museo temático, entre otros, en una inversión privada que estiman en US$ 50 millones
Críticas por el Presupuesto
Entre los casi ochenta proyectos que se trataron el jueves, y con amplio rechazo de la oposición, el PRO logró la aprobación del Presupuesto 2016, con 32 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, por un plan de gastos y recursos de $ 112.425 millones (24,5% más que el de 2015); y un aumento del ABL del 26%, de acuerdo al cálculo que se estima de la inflación, entre otros.
A excepción del interbloque SUMA+ (del espacio ECO de Martín Lousteau), la oposición criticó la falta de debate y el tratamiento “exprés” del mismo.
Así, desde el FpV, Gabriel Fuks sostuvo: “Nos preocupa el aumento exponencial de la deuda y toma de deuda; muy poco de eso tiene un uso directo para infraestructura”. Desde Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli advirtió que “el dólar a 12 pesos
–tal como establece el texto– es una devaluación del 25%”.
