En 15 de las 24 provincias y juridicciones argentinas aumentó la tasa de personas detenidas en comisarías entre 2022 y 2024, según la tercera edición del Ranking Provincial de Presos en Comisarías elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). El informe advierte que la permanencia prolongada en dependencias policiales se convirtió en un problema extendido en buena parte del país.
El relevamiento, realizado con datos correspondientes a diciembre de 2024, compara la cantidad de personas alojadas en comisarías con el total de personas encerradas por decisión de los sistemas de justicia de cada jurisdicción. A nivel nacional, la tasa se mantuvo relativamente estable, con una reducción de 0,6 puntos que estuvo impulsada principalmente por la caída registrada en la provincia de Buenos Aires.
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Pero el dato que más preocupa al INECIP aparece al analizar el tiempo de permanencia: en seis de cada diez provincias, las personas detenidas pasan en promedio más de 100 días en una comisaría. Para el organismo, esto contradice la idea de que las dependencias policiales funcionan solamente como lugares de paso.
La Pampa, Tucumán y Chaco, las provincias con mayor proporción de presos en comisarías
El ranking ubica a La Pampa en el primer lugar, con el 68,9% de las personas encerradas por su sistema de justicia alojadas en comisarías. Le siguen Tucumán, con el 49,2%, y Chaco, con el 47,7%. En los siguientes puestos aparecen Santiago del Estero (46%), Santa Cruz (33,8%), Formosa (31,2%), La Rioja (29,7%), Misiones (29,5%), Chubut (28,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (25,8%). El porcentaje refleja qué proporción del total de personas detenidas por cada sistema de justicia se encuentra en dependencias policiales.
En el extremo opuesto se encuentran Tierra del Fuego, con el 0,3%; Córdoba, con el 0,5%; San Luis, con el 2,2%; Entre Ríos y Río Negro, con el 2,3%; Mendoza, con el 3%; y Buenos Aires, con el 4%. La provincia de Buenos Aires presenta una particularidad: aunque registra 2.318 personas detenidas en comisarías, una de las cifras absolutas más altas del país, el número representa el 4% del total de personas encerradas por su sistema de justicia debido al tamaño de su población penitenciaria.
Hay personas que pasan más de un año en una comisaría
El tiempo de permanencia es otro de los indicadores centrales del informe. El promedio nacional alcanza los 215 días, es decir, alrededor de siete meses de detención en dependencias policiales. La situación es todavía más extrema en Santa Cruz y La Pampa, donde el promedio supera los 500 días: 532 y 525 días, respectivamente. En Chaco llega a 519 días y en Tucumán a 448, mientras que Chubut registra un promedio de 328 días.
En el otro extremo, Mendoza tiene un promedio de tres días, Catamarca de dos, San Luis de uno y Tierra del Fuego no registra permanencia promedio. Para el INECIP, estos datos muestran que en la mayoría de las jurisdicciones las comisarías son utilizadas para alojamientos que exceden ampliamente su función original.
El organismo remarca que las dependencias policiales no fueron diseñadas para alojar personas durante períodos prolongados. Entre las deficiencias señaladas aparecen la falta de espacios adecuados para dormir, patios y lugares comunes, además de personal especializado y atención médica preparada para personas privadas de su libertad.
El rol de los jueces en las detenciones
El informe pone especial énfasis en la responsabilidad del Poder Judicial. Según el INECIP, cada persona permanece detenida en una comisaría porque existe una decisión judicial que habilita su encierro en ese lugar, aunque también intervienen otros actores del sistema penal.
El planteo se basa en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y responsabiliza al juez que autorice medidas que provoquen un sufrimiento mayor al que exige la detención. Desde esa perspectiva, el instituto sostiene que los jueces deben controlar no solo la legalidad de una detención, sino también las condiciones en las que se cumple.
El INECIP aclara que esto no significa atribuir toda la responsabilidad a los magistrados. También señala el papel de fiscales, legisladores y autoridades ejecutivas en las decisiones que terminan generando una situación de sobrepoblación y alojamiento prolongado en dependencias policiales.
Qué pasó entre 2022 y 2024
La tercera edición del ranking permite comparar la evolución del fenómeno durante dos años. En 15 de las 24 jurisdicciones creció la tasa de personas detenidas en comisarías por cada 100.000 habitantes, mientras que el indicador nacional tuvo una variación mínima.
El trabajo forma parte de la campaña “No más presos en comisarías”, que el INECIP inició en 2024. Desde entonces, el organismo también desarrolló un Monitor Federal destinado a reunir decisiones judiciales y herramientas relacionadas con las condiciones de detención en dependencias policiales.
El informe cita, además, distintas resoluciones que buscaron limitar el uso de comisarías para detenciones prolongadas. Entre ellas, menciona decisiones judiciales en Tucumán, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que ordenaron traslados, arrestos domiciliarios, liberaciones o clausuras de dependencias ante las condiciones de alojamiento.
El INECIP también destaca que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó a fines de 2025 su preocupación por la detención prolongada en comisarías y alcaidías policiales de la Argentina. El organismo internacional recomendó fortalecer los mecanismos de control y evaluar alternativas al encarcelamiento.
LB/MSS
