Con un breve anuncio hecho en sus redes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que luego fue replicado por otro posteo del ministro Mario Lugones, responsable de Salud, el gobierno adelantó que “en los próximos días estaremos enviando al Congreso una nueva ley de salud mental".
Fuentes del ministerio explicaron que el objetivo del proyecto es "actualizar la actual, que fue ley sancionada en el 2010". Y se busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante situaciones a las que la antigua ley no terminaba de dar respuesta. También implica facilitar su aplicación en todo el país y poder intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo".
Ansiedad, crisis vital y sintomatología depresiva: cómo se sienten los argentinos
La legislación actual -Ley 26.657- recibió numerosas críticas por su forma de estar redactada, defendiendo derechos de los pacientes pero limitando al máximo las posibilidades de pedir una internación por parte de los familiares.
Justamente, desde el Ministerio aclararon que "la propuesta busca mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizarla en base a la realidad asistencial de la Argentina".
Algo llamativo es que uno de los primeros dirigentes que salió a bancar este cambio fue Jorge Macri, el Jefe de Gobierno de la Ciudad que tuiteó: "La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma".
Los cambios en la futura Ley de Salud Mental
Entre otras modificaciones, se buscará cambiar el término “padecimiento mental” y adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), que elabora la Organización Mundial de la Salud. La intención es incorporar el concepto de trastornos mentales o del comportamiento, para tener mayor precisión.
La futura legislación propondrá sostener la internación especializada y fortalecer una red de atención organizada según niveles de complejidad, con hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
También se prevé fortalecer los sistemas de información para mejorar el conocimiento de la capacidad instalada, la disponibilidad de camas y la planificación del sistema.
Aportes para la redacción de la nueva legislación
Según aseguraron los responsables de temas de salud, "para identificar los obstáculos del marco legal vigente, relevamos aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo".
De esta manera, aseguran, se pudieron detectar dificultades concretas vinculadas a la implementación desigual en las diferentes provincias del país y a la falta de criterios claros para actuar de manera certera y oportuna ante situaciones de riesgo tanto para las personas con trastornos severos como para sus familias.
Otro problema de la legislación actual es que, aunque pasaron tres lustros desde que fue reglamentada, son solo 16 provincias las que han adherido formalmente a la ley vigente. Por otro lado, únicamente 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas para internación.
Hay grandes desigualdades en el acceso a los servicios de salud mental, especialmente en las provincias con menos recursos.
Para dar respuesta a esta situación, el proyecto propone habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves y reservar los hospitales e instituciones especializadas para cuadros graves. De esta manera se busca evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos son atendidos en hospitales generales que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.
Habrá nuevos criterios de internación
Otro de los puntos que propone actualizar el nuevo proyecto son los criterios de internación. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Ahora bien, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis.
Por este motivo, la propuesta que se presentará propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo, considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en la determinación de las internaciones involuntarias debe ser médico psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.
La internación seguirá siendo un recurso excepcional
En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
En conjunto, las modificaciones propuestas apuntan a dotar al sistema de mayor capacidad de respuesta, mejorar la articulación entre dispositivos de atención y garantizar intervenciones más oportunas y efectivas frente a situaciones de riesgo en salud mental. La propuesta se inscribe en una política sanitaria que busca fortalecer las capacidades del sistema de salud, dotándolo de herramientas concretas para actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad frente a problemáticas complejas.
