Este lunes 13 de mayo comenzó el juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público por aplicarle una medicación a una joven víctima de violación en la provincia de Río Negro, para revertir un aborto que ya había comenzado.
El caso tuvo su primer capítulo en enero de 2017 cuando la joven, de 19 años, se presentó en el hospital de la localidad rionegrina de Fernández Oro porque creía que estaba embarazada. Le dieron turno de análisis de sangre para fines de marzo, aunque ya en ese momento manifestaba su intención de abortar, según consignó el diario Río Negro.
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La mujer fue derivada el 2 de abril a la guardia del hospital de Cipolletti donde la atendió Rodríguez Lastra, que se desempeñaba como jefe del servicio de ginecología. De acuerdo al testimonio del médico, la joven tenía contracciones y latidos fetales positivos, aunque no tenía dilatación ni hemorragia. El feto pesaba más de 500 gramos y tenía 22 semanas y media de gestación.
Según contó el propio Rodríguez Lastra, la joven declaró que había ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. Para la acusación del fiscal, el médico le aplicó un medicamento para revertir el cuadro, aunque su paciente le manifestó de forma explícita que deseaba interrumpir el embarazo. Tras esto, fue internada y debió parir.
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El caso tomó estado público en el marco del debate en torno al proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, en un contexto en el que se dan a conocer decenas de casos de niñas víctimas de violación que encontraban trabas para acceder a un aborto no punible, según la regulación de cada provincia.
En apoyo con Rodríguez Lastra, ginecólogos y obstetras del Alto Valle (que incluye a Cipolletti y Neuquén Capital) se inscribieron como objetores de conciencia y la región quedó sin atención en el sector público en casos de abortos no punibles.
La denuncia contra el hombre la realizó la diputada provincial médica pediatra, Marta Milesi. La acusación en nombre del estado la ejercerá el fiscal Santiago Márquez Gauna y la adjunta Annabela Camporesi. Se espera que para las tres jornadas que dure el juicio se presenten unos 26 testigos.
El aborto no punible en Río Negro está garantizado por la ley 4796, sancionada en 2012. Las causales por las que se puede acceder son violación, peligro de vida o para la salud de la persona gestante, y atentado contra mujer idiota o demente. La ley lo permite hasta la semana 20, aunque tras la décimo segunda debe realizarse en un hospital con un determinado tipo de control.
A.B./F.F.
