Una mujer en San Juan solicitó a su obra social que le practiquen un aborto en una clínica privada, pero su expareja no está de acuerdo con su decisión y pidió a la Justicia que interviniera para que el bebé nazca, según informaron medios locales. Sin embargo, la mujer se encuentra amparada por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y en la actualidad lleva un embarazo de 12 semanas.
“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, declaró Franco a Radio AM 1020 de San Juan.
De acuerdo a la norma sancionada por el Congreso Nacional el año pasado, una persona gestante puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14 y el establecimiento médico debe responder su solicitud en un plazo no mayor a 10 días.
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Además, el artículo 4º de la ley 27.610 establece que “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional” y que “deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas por parte de terceros”. La mujer que busca interrumpir el embarazo se encuentra en la semana 12 por lo cual, la Justicia deberá expedirse de manera inmediata.
“Solo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil, los días pasan y se nos acaba el tiempo”, justificó Franco, y añadió: “Como pensamos diferente (con su expareja), hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer”.
Mientras tanto, desde la defensa del hombre manifestaron que se trata de “un papá que está presente y devastado por la posibilidad de perder a su hijo”. Los abogados defensores son Mónica Lobos y Martín Zuleta y, según lo informado por el Diario Huarpe, los letrados presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”, explicó la letrada y pidió que las obras sociales y cualquier otra entidad pública o privada “se abstengan de realizar la práctica abortiva porque esta aniquilación de derechos no es subsanable”.
Consultado por el tema, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, manifestó a sanjuan8.com que “la Justicia tiene que rechazar de inmediato la presentación porque un hombre no tiene ninguna legitimación para interponer ningún tipo de acción en términos de impedir que una mujer o persona gestante ejerza su derecho de interrumpir voluntariamente un embarazo”.
CFT/FL
