El Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero inició esta semana una investigación para determinar si una médica de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3 de Villa Griselda, en La Banda, mintió sobre las semanas de gestación de una niña violada, para no aplicarle la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La ministra de Salud santiagueña, Natividad Nassif, confirmó la noticia al informar que "se está investigando" a una profesional que le habría negado el derecho a la interrupción legal a una niña de 12 años que fue abusada. "La niña está siendo atendida como se requiere por la situación de vulnerabilidad por la consejería del Centro Integral de Salud Banda, desde el momento en que tomamos conocimiento del caso", aseguró Nassif en declaraciones a la agencia Télam.
El caso se da en Santiago del Estero, una de las provincias -junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan- que no tiene protocolo para acceder al derecho al aborto no punible. "La provincia no adhirió al protocolo actualizado de la ILE pero se aplica el artículo 86 del Código Penal en sus tres incisos", justificó la ministra de Salud. Es, además, uno de los distritos del país con más alto índice de niñas madres, según datos del Ministerio de Salud de Nación.
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De acuerdo a las fuentes consultadas, la nena llegó con su madre el último 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) número 3 del barrio Villa Griselda de la ciudad de La Banda, pero la derivaron con un turno para el día 6 a otro centro con la excusa de que allí no había ecógrafo. "Ese día confirmaron un embarazo de aproximadamente 20 semanas, entonces la niña, con su madre, regresaron a la UPA del barrio Villa Griselda, pero nunca les brindaron consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por ley", afirmó Marianella, militante social feminista que sigue el caso.
Ante esta situación, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA número 3, envió un informe al Ministerio de Salud recién el 28 de abril donde habría informado que el embarazo era de 26 semanas. "La niña tenía 20 semanas de embarazo y le dicen 26. No se da aviso al Ministerio de Salud, ni a la Dirección de Infancia que tiene que intervenir, porque hay una niña abusada. Y tampoco se hace la denuncia en la comisaría del Menor y la Mujer", explicó a un medio televisivo Marisa Graham, defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes.
La defensora dijo que "conocía el caso desde sus inicios" y que está en contacto con autoridades de niñez de Santiago del Estero "para que se haga el control pertinente para la investigación del delito". "Hay un cúmulo de incumplimientos. Más allá de la ILE, del derecho de la niña a ser informada, y el derecho de la madre", remarcó. Graham, en tanto, insistió en que "hay una nena que ha sido víctima de un delito, mas allá de si hubo una intencionalidad o no para desalentar la interrupción legal del embarazo. También resulta llamativo que la UPA informe ya muy pasado en el tiempo a las autoridades".
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Al ser consultada por Télam sobre la responsabilidad de la médica, Nassif aseguró: "Estamos investigando y si se advierte algún grado de responsabilidad vamos a actuar en consecuencia". En este sentido, agregó: "No podemos obligar a las personas a llevar a cabo una acción. La mamá ya había firmado un consentimiento y a partir de esto se desplegó un dispositivo de abordaje integral para cuidar la integridad de la niña".
Organizaciones sociales de la provincia manifestaron "gran preocupación por las posiciones públicas de la médica Pereyra en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente". Mientras, la niña y sus hermanos "siguen en riesgo", alertó Graham y pidió que "el sistema de protección implemente lo que llamamos prestaciones positivas, para ayudarla a ella y a su familia".
AB/FF
