Lo anticipó a PERFIL semanas antes de su designación como ministro, y ayer lo cumplió: Ginés González García, responsable desde el martes de la restituida cartera de Salud de la Nación, anunció el jueves que ayer entraría en vigencia el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE), que había sido derogado por el expresidente Mauricio Macri tras publicarse en el boletín oficial el 22 de noviembre pasado.
El nuevo texto tiene similitudes con el anterior pero cambia el foco, ya que determina que los derechos que asisten a la medida ya están concentrados y se centra en los lineamientos de salud pública que implica su aplicación. Es decir, especifica que, para acceder a la ILE, las mujeres y personas gestantes solo tienen que firmar una declaración jurada que determine la causal –entre las que establece el fallo F.A.L. avalado por la Corte Suprema de Justicia en 2012– y dar su consentimiento informado.
Respecto de la objeción de conciencia, el texto publicado ayer dice que “un profesional de la salud tiene derecho a ejercer (la objeción de conciencia) con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”. Al igual que en la anterior resolución, los médicos quedan obligados a informar a la persona gestante sobre el derecho a la ILE y no pueden negarse a hacerlo si no hubiera otro profesional en la institución.
Aunque ayer la Iglesia católica salió a definir la medida como “la instalación del aborto libre”, referentes feministas y organizaciones sociales celebraron el hecho. “Como cualquier otra política sanitaria, aprobar un protocolo de actuación médica es competencia de la autoridad de Salud y celebramos que destierren dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente desde hace más de cien años”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El protocolo contiene lineamientos para la aplicación de la ILE en todo el territorio argentino, tanto en instituciones públicas como privadas. Por ello, esta actualización “es una nueva oportunidad para que las provincias que no han adherido o han implementado protocolos restrictivos adhieran definitivamente al mismo para garantizar este derecho”, agregó.
En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, el legislador Gabriel Solano solicitó una sesión extraordinaria para que la Legislatura adhiera al protocolo. Solano afirmó que “la Ciudad tiene que adherir de inmediato al protocolo ILE actualizado por el Ministerio de Salud. No se puede admitir que sigan bloqueando este derecho fundamental de las mujeres”.
Fuentes del Ministerio de Salud porteño, en tanto, aseguraron a PERFIL que el distrito –que aún no se había pronunciado nunca al respecto– “está analizando, en una mesa de expertos, definir su posición durante la próxima semana”.
