El Ministerio de Salud publicó este viernes 13 de diciembre en el Boletín Oficial el nuevo protocolo para la realización de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los casos que contempla la ley, derogado días atrás por la saliente administración de Mauricio Macri. "El protocolo va a seguir siendo actualizado para que incorpore los nuevos derechos que incluye el Código Civil de 2015", sostuvo el nuevo ministro de Salud, Ginés González García al hacer el anuncio.
El protocolo consiste en una herramienta sanitaria que detalla cómo debe proceder el equipo de salud que interviene, qué evaluación médica se debe realizar, y cuál es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, además de incluir bibliografía sobre todos estos pormenores. El ministro había advertido que la objeción de conciencia no podrá "ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley".
El aborto está penalizado en Argentina desde 1921, pero el Código Penal, en el artículo 86, autoriza la interrupción del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando la gestación sea producto de una violación.
“La política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo”, dice la primera resolución del Ministerio. “También debe guiar, acompañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de salud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender a la población con compromiso y responsabilidad”.
Según reza en el Boletín Oficial, “este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”. Además, la guía está basada “en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”.
El Boletín explica que el titulado Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo “incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos”.
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Por último, explica que el objetivo de esta publicación es “garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes”, “proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población” y “orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan”.
“En la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna”, explica el Protocolo. “En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Mientras las muertes maternas por trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio representaron el 18,32% del total y las muertes por sepsis y otras complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio, el 16,83%”.
El debate sobre la despenalización del aborto se mantiene fuerte desde hace más de un año. El presidente Alberto Fernández prometió que iba a impulsarlo tras iniciar su gobierno: "Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto (...) Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente", anunció Fernández antes de asumir. Sin embargo, el tema no apareció en su primer discurso tras su juramento el 10 de diciembre.
D.S.
