Durante la última sesión de la Legislatura Porteña se aprobó la candidatura de Marcela Millán como Defensora General de la Ciudad, es decir, será la máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. La actual Defensora General Adjunta del fuero penal porteño cuenta con un amplio apoyo institucional, tanto de organismos de derechos humanos como así también de organizaciones de la sociedad civil. Millán asumirá en marzo de 2021, cuando reemplace al actual Defensor General porteño, Horacio Corti.
De esta manera, Millán se convierta así en la primera mujer que ocupará este cargo desde la conformación del Poder Judicial de la Ciudad, pese a que la defensa pública tiene una tarea marcadamente feminizada en la Justicia Porteña. En este sentido, por lo menos dos tercios de las titulares de las defensorías oficiales de primera instancia son mujeres.
De cara a su futura gestión, la futura Defensora General señaló que “el derecho de defensa, como derecho fundamental, fue producto de una lucha de muchos años y de mucha historia. En el medio quedaron muchas personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse frente a un Poder Judicial muchas veces indiferente o apático”.
Aborto: vestirse de verde, ¿un hecho político?
Por ese motivo, consideró: “Hoy más que nunca se debe concebir a la defensa oficial como un servicio público y poner la experiencia, el compromiso con el trabajo y la sensibilidad en función de garantizar una mejor gestión y un mayor acceso a la justicia, en especial para aquellas personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires”.
Finalmente, aseguró que “la gestión tiene que ser un proceso colectivo, acompañado por todos los integrantes del Ministerio Público y también por las organizaciones de derechos humanos con quienes compartimos la preocupación por esos sectores más excluidos”. Y en esta misma línea agregó: “Vamos a trabajar en proporcionar asistencia jurídica integral en casos individuales y colectivos. La articulación entre los fueros Penal y Contencioso Administrativo y Tributario debe ser permanente y siempre priorizando a aquellas personas en situación de vulnerabilidad", completó.
