El sistema educativo argentino es sensible a los cambios y no quiere correr riesgos. Suele colocarse en estado de alerta cuando se toca alguna tecla inesperada. Ante el inminente cambio de gobierno, las universidades amenazan con convertirse en el primer foco de conflicto para el futuro ministro Esteban Bullrich.
La designación, el viernes por la tarde, de Albor ‘Nikki’ Cantard –rector de la Universidad Nacional del Litoral– como titular de la secretaría de Políticas Universitarias, trajo tranquilidad tras las horas agitadas por la designación previa del productor televisivo y psicólogo Juan Cruz Avila en ese cargo (ver aparte). Ni bien se confirmó su nombramiento, Cantard habló con PERFIL: “Estoy por la defensa irrestricta de las autonomías universitarias”, dijo, y agregó que “la mejora permanente de la calidad educativa, con indicadores que permitan medir fortalezas y debilidades” del sistema “serán ejes centrales” de su gestión. También busca “articular fuertemente con el nivel medio: no podemos hablar seriamente de calidad en el sistema si no se articula con la secundaria”, explicó.
Y agregó que “la transparencia y equilibrio entre las universidades en la ejecución de los fondos será clave”. Esta declaración no es ingenua: se acaba de conocer un decreto de necesidad y urgencia que otorga $ 400 millones extra a cuatro universidades nacionales afines al kirchnerismo: San Martín, José C. Paz, Tres de Febrero y la Jauretche. Cantard ya se reunió con Bullrich y dice que trabajará “para lograr consensos”. Su designación fue celebrada por el ámbito académico: el diputado nacional Luis Sacca, ex dirigente de la Franja Morada, dijo que el funcionario “asegura la orientación reformista”.
En la mira. Otro foco de conflicto para Bullrich es heredado: se trata de la Ley de Gratuidad de la Educación Superior, aprobada poco antes del ballottage. Esta semana, se reunió con varios rectores y el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Jorge Calzoni, le pidió la reglamentación. El punto polémico es que esa medida garantiza el ingreso irrestricto para todos los que aprobaron el secundario y considera inconveniente los “exámenes eliminatorios”. Calzoni dio un ejemplo: “En Avellaneda hay una carrera de prótesis dental con una cantidad de bancos limitados. Con ingreso irrestricto, se necesitarían infinitos bancos”. La pedagoga Adriana Puiggrós, que impulsó la ley, cree que “no se leyó bien: el CBC o el curso de nivelación son parte de la carrera universitaria y la universidad decide.
La ley está en contra de ingresos con cupo y restrictivos, como ocurre con medicina”, dijo. Desde Diputados, explican que el articulado se hizo para el caso específico de la Universidad de La Plata, donde hay un juicio contra la Facultad de Medicina por el “carácter selectivo” de su examen de ingreso.
Polémica y final adelantado
La comunidad universitaria puso el grito en el cielo ante la noticia de que el productor y psicólogo Juan Cruz Avila estaría al frente de la secretaría de Políticas Universitarias: dijeron que no tenía méritos y que no conocía el sistema. Sus declaraciones públicas no cayeron bien entre los universitarios. “Acá no hay una grieta entre las casas radicales y peronistas; están los que conocen la universidad y los que no saben nada”, dijo un rector.
La tensión se alivió al conocerse la designación de Cantard, un radical con extensa trayectoria docente, que pertenece a la agrupación universitaria Franja Morada.
Cantard era uno de los tres nombres que el radicalismo había acercado a Bullrich para el cargo, y que habían quedado afuera.
Desde Cambiemos aseguran que, si bien Avila no será secretario, igual integrará el equipo responsable de las universidades, junto a Alberto Dibbern, ex secretario entre el 2006 y 2012; y Danya Tavela, una contadora especializada en finanzas cercana a Margarita Stolbizer.
