La educación jurídica en nuestro país enfrenta, al menos, dos desafíos importantes. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde Abogacía es una carrera de posgrado, los estudiantes comienzan sus estudios en Derecho sin la exigencia de formación universitaria previa. El derecho es un fenómeno que tiene lugar en un contexto social: para entender la complejidad de las instituciones jurídicas, es necesario comprender sus transformaciones históricas, las prácticas y los valores sociales que son la base del derecho, y sus fundamentos morales y económicos.
La educación jurídica dogmática, más tradicional, por sí sola no es suficiente para comprender este fenómeno complejo. Ello significa que la educación jurídica debe incorporar una formación interdisciplinaria en humanidades. Las carreras de Abogacía, entonces, deben incluir cursos en historia, filosofía, economía y sociología que contribuyan a la formación profesional de los abogados. En particular, podrían incorporarse perspectivas como las del análisis económico del derecho; la teoría de los juegos; las modernas teorías de la justicia; el estudio del derecho constitucional con la teoría de la elección pública y de la democracia deliberativa; la ética aplicada; el análisis filosófico del derecho de daños; la aplicación de la teoría de los bienes públicos al derecho administrativo, y el examen de los principios de la responsabilidad penal a la luz de principios de filosofía moral y política. Estas herramientas son útiles para comprender las diferentes aristas que presentan los casos difíciles, así como para proponer nuevas regulaciones.
Los estudiantes de Abogacía deben tener una formación en pensamiento crítico, es decir, deben desarrollar la capacidad de argumentar de forma clara, rigurosa y original. Para ello, deben aprender lógica informal y a escribir notas críticas y artículos desde bien comenzada la carrera.Están expuestos a argumentos deductivos –por ejemplo, que buscan probar que una ley es consistente con la Constitución–, así como también al razonamiento empírico –mostrar que la evidencia ofrecida prueba que se ha cometido un delito–. Las disciplinas empíricas son importantes para el ejercicio profesional. Así, por ejemplo, los jueces y abogados hacen uso de conocimientos de física o química cuando evalúan los testimonios de expertos en diferentes casos.
No deben ser expertos en todos los temas, pero deben tener la capacidad de evaluar la calidad de los argumentos. Además, los abogados enfrentan discusiones de interpretación de los textos jurídicos, así como también metadiscusiones acerca de los métodos apropiados para interpretar el material jurídico y discusiones acerca de cómo interpretar expresiones jurídicas tales como “propiedad”, “razonabilidad”, “crueldad”, etc.
Otro desafío importante es que en nuestro país los colegios de abogados no exigen experiencia profesional para otorgar la matriculación. Ello significa que las facultades de derecho tienen la enorme responsabilidad de contribuir a cerrar la brecha entre educación universitaria y la práctica profesional. Por supuesto, esta preocupación existe incluso en países en los que se exige experiencia profesional o rendir exámenes específicos como requisito para la matriculación.
En Estados Unidos, por ejemplo, la crisis económica de 2008 causó una crisis en el mercado laboral de los abogados. Ello llevó a que las facultades de derecho hayan sido objeto de críticas fuertes por ofrecer una educación que no preparaba abogados para el ejercicio profesional en el siglo XXI. Esta preocupación se reflejó en informes sobre educación jurídica de la American Bar Association, la asociación que reúne a los colegios de abogados.
Para responder a esta preocupación, la tendencia reciente en muchos países es incorporar a su currícula una dimensión de educación práctica o basada en la experiencia (experiential education). En talleres y clínicas, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en problemas reales con gente real. Por ejemplo, en la Universidad Torcuato Di Tella, el Taller Universitario Pro Bono, fundado por graduados de la carrera, es un curso en el que los estudiantes de la carrera asesoran a organizaciones no gubernamentales en las diferentes necesidades legales que puedan tener: desde cuestiones societarias y de seguros, hasta problemas relacionados con la propiedad intelectual o aspectos laborales. Los estudiantes, a su vez, son supervisados por prestigiosos abogados de los estudios jurídicos más importantes del país, que integran la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Estos abogados luego se convierten en mentores de los estudiantes y son fuente de consulta para su desarrollo profesional. Además, esta actividad acerca el trabajo a estudiantes de la carrera de Abogacía, con la intención de que las nuevas generaciones de abogados ingresen a la profesión comprometidos con esta práctica y filosofía. Además, muchas carreras han incorporado educación práctica mediante clínicas jurídicas, en las que los profesores y estudiantes promueven la defensa de los derechos humanos fundamentales de las personas y el mejoramiento de la Justicia, eficiencia y transparencia gubernamentales a través de presentaciones administrativas o judiciales, y la preparación de proyectos de reforma legislativa.
Los abogados debemos tener conocimiento técnico, pera tenemos que saber explicarlo con claridad y ante audiencias diversas. Por ello, las carreras de Abogacía también deben incorporar formación en habilidades soft dejadas de lado. Se podrían desarrollar talleres de oratoria y de debate para abogados. Un modelo familiar es el debating que se desarrolla en algunos colegios secundarios, en la que los estudiantes aprenden a argumentar, a persuadir y a trabajar en equipo. Las facultades de Derecho pueden importar estas prácticas y adecuarlas a las necesidades de la formación profesional de los abogados. Por otra parte, estas habilidades serán especialmente importantes en nuestro país, en el que los juicios orales y los juicios por jurados comienzan a desarrollarse.
*Decano ejecutivo de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
