7 minutos. En la jornada del 10 de abril tuvo diferentes oradores y posiciones. |
telam
Milena Páramo Bernal*
En treinta y cinco años de democracia ininterrumpida, tras dos siglos de vida republicana, en este país (casi) todo se ha puesto en discusión legislativa: desde lo proscripto y lo prohibido en las etapas más oscuras, pasando por los hechos y las consecuencias personales, familiares y sociales de las violencias más terribles sucedidas en las dictaduras; la educación y la salud sexual, el reconocimiento de nuevas identidades de género y el matrimonio igualitario que han sido catalogadas a nivel mundial como ejemplos de ampliación de garantías y derechos humanos. Pero se ha logrado esquivar uno de los temas centrales para el movimiento feminista y de mujeres: el aborto o la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Tras seis proyectos de ley previos presentados a la Cámara baja que no recibieron luz verde para su tratamiento en el pasado, y de trece años de estructuración de una experiencia de articulación social bastante inédita, variopinta y federal, llamada Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hoy, la sociedad tiene la oportunidad finalmente de asistir a este debate tan larga como inexplicablemente postergado.
El pasado martes 10 de abril tuvo lugar la primera jornada de exposición de argumentos y como ya se sabe, las presidencias de las comisiones responsables (Legislación General, Legislación Penal, Salud Pública y Familia) propusieron una metodología que contempla las exposiciones a favor de la IVE en horas de la mañana y en contra, a la tarde. Cada persona tiene 7 minutos para desarrollar su argumento. De la primera rueda de argumentos de quienes están en contra de la IVE quiero destacar tres aspectos.
En primer lugar, la discrepancia interna expresada respecto del lugar que le asignan a la educación sexual integral (ESI). Por un lado, se expuso una línea clara y de extrema oposición a su existencia curricular y su implementación, en palabras de Oscar Botta, director de la ONG ProFamilia, se trata de una “falsa educación sexual” a la que responsabiliza de al menos tres males: “la estimulación sexual forzada”, “el aborto criminal” y “la propagación de las enfermedades de transmisión sexual”. Desde otro lugar, voces más moderadas postularon a la ESI como parte central de la estrategia que se debe tener para evitar todos los abortos.
En segundo lugar, llamó la atención la centralidad en la defensa de la maternidad en edades muy tempranas. Para la Dra. Ursula Basset, por ejemplo, “la niña del caso FAL [10 años] se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo”, una diputada en la mañana ya había introducido cierto cuestionamiento sobre la autonomía progresiva contemplada en el Código Civil con su pregunta respecto de la imposibilidad de una niña menor de 13 años de comprar una cerveza y sí decidir sobre algunos aspectos de su vida. Pero no se preguntó sobre la capacidad de esa niña de ser madre en todas las dimensiones que esa experiencia supone.
Un tercer aspecto, de algún modo relacionado con los dos anteriores, se vincula con la autohabilitación para discutir otras leyes y los pisos jurídicos existentes. Un exponente cuestionó el contenido del fallo FAL de la Corte, otras voces se manifestaron en contra de la jurisprudencia producida por los Comités que son los órganos encargados de aclarar e interpretar ampliamente el sentido del articulado de cada Convención, ya sea la del Niño, de la Mujer, Tortura y otros.
También se expresaron críticas al Código Civil, la Ley de Educación Sexual Integral, al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y hasta el propio Código Penal por contemplar excepcionalidades penales al aborto.
En síntesis, cada martes y jueves a la tarde escucharemos toda suerte de argumentos, unos más extremos que otros, que deberían hacernos pensar y reafirmar ciertos pisos mínimos: la educación sexual es tanto necesaria como irrenunciable, el fallo FAL terminó con la discusión sobre el aborto en casos de violación sexual, la autonomía progresiva es un nuevo paradigma incorporado en el Código Civil que reconoce a las y los menores de edad como sujetos de derecho y tantos otros. Hay materias en las que no hay ninguna posibilidad de encontrar acuerdos, los debates sobre la vida humana, el principal de ellos. Aun así, Estados que lograron aprobar leyes de despenalización y liberalización del aborto supieron ubicar niveles de discusión para no “abortar” las leyes de aborto legal tan necesarias como justas. Este es el desafío por delante.
