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CóRDOBA / MERCADO NEGRO
sábado 28 octubre, 2017

En 2016 se secuestraron y destruyeron autopartes por 25 millones de pesos

La cifra viene en caída, ya que la venta mutó de galpones hacia Internet. Grababus, la empresa que graba las autopartes, “una herramienta inocua”, dicen los investigadores.

María Ester Romero

CAMBIA EL NEGOCIO. Si bien el secuestro y destrucción de autopartes viene en baja, el negocio ahora pasa por Internet. Foto: CEDOC PERFIL

A lo largo de 2016, la Justicia provincial secuestró y destruyó una significativa cantidad de autopartes extraídas, en su gran mayoría, de vehículos robados y desarmados. La mejor manera de comprender la dimensión es calcular la cifra que representan, en valor de mercado. 

PERFIL Córdoba confirmó a través de fuentes judiciales y policiales que durante el año pasado las investigaciones que desarticularon bandas dedicadas principalmente a este tipo de delito permitieron secuestrar y destruir autopartes por un valor cercano a los 25 millones de pesos. 

En dos años, se desbarató un total de ocho bandas. Siete son investigadas por la Justicia provincial y una por la Justicia federal. La Ley Nacional de Autopartes 25.761, que rige desde 2003, establece un sistema de autorización y control de negocios dedicados a la venta de una lista de 30 repuestos de vehículos que pueden ser comercializados. Cada uno tiene un sticker que permite su identificación. Por fuera de esa norma, circulan partes en un mercado negro conectado al robo de autos, estafas a seguros y, a su vez, estas especies se emparentan muchas veces al narcotráfico y a la trata. De allí el carácter de delito complejo que debe ser investigado también con procedimientos especiales que incluyen tareas de inteligencia. 

Córdoba adhirió a esta norma nacional en 2012 y a partir de allí se elaboraron protocolos específicos para la persecución penal de robo de autopartes. Si se compara la cifra con años anteriores, hay una notoria disminución. En 2015 la valuación de las partes secuestradas y destruidas alcanzó los 65 millones de pesos y un año antes, superaba los 100 millones. 

¿Cuál es la razón de semejante caída? Hasta no hace mucho, las bandas poseían grandes superficies, con enormes galpones, donde se exponían las partes para la venta. La persecución penal hizo que se modificara la modalidad de comercialización. Si bien algunos locales se reinventaron, cambiando de nombre o de domicilio, los investigadores policiales y judiciales tienen la convicción de que la mayoría mutó y fue hacia Internet. 

En los más populares sitios de compraventa o en redes sociales, se exponen las autopartes de origen delictivo para la venta. Estas formas novedosas de circulación de mercadería de origen delictivo presentan también nuevas dificultades. No es fácil la detección de los vendedores. Usan nombres de fantasía en páginas de Internet. Arman grupos cerrados en Facebook, “stalkean” los perfiles y hacen contraintaligencia para asegurarse de que sean verdaderos potenciales clientes. 

Se traban contactos por WhatsApp y dispersan las autopartes en diferentes sitios evitando la concentración. También improvisan desarmaderos en sitios baldíos desocupados, donde sin infraestructura y solo con una media sombra que emula un techo trasladan autos para obtener los repuestos. 

Protocolo para procedimientos. La detección de autopartes para el comercio ilegal puede ser producto de una investigación previa o un hallazgo casual, a partir de allanamientos realizados por otros delitos. En ambos casos, se procede a la clausura del local, se coloca una valla perimetral en el lugar, personal de Policía Judicial revisa el stock y clasifica las partes según sean ilegales o de venta permitida. Todo el procedimiento es filmado. Al no contarse con un espacio físico para destinar el material secuestrado, se establece una custodia en el mismo sitio. Apenas se constata todo, y si no hay incidentes en relación a este aspecto de la causa, el fiscal ordena la compactación y destrucción, tarea a cargo de una empresa privada. 

El dato a destacar es que hasta ahora ningún tribunal declaró nulo algún procedimiento, ni tampoco se planteó la inconstitucionalidad de las normas que rigen en la materia. Apoyo de la Cámara. La Cámara de Empresarios Repuestos Automotor y Afines de Córdoba (CERAC) emitió un comunicado de prensa para agradecer públicamente a las autoridades policiales y judiciales “por la continuidad de acciones tendientes a combatir el robo de vehículos, su desarmado y la venta de repuestos en el circuito ilegal”. 

Este diario había contactado a sus autoridades para obtener una declaración en el marco de un informe publicado el domingo 15 de este mes, pero en aquella oportunidad omitieron pronunciarse. En el comunicado, firmado por su titular Arlés Martín Mariano y fechado el 18 de octubre último, destacaron el rol decisivo de CERAC para que la provincia de Córdoba adhiriera a la ley nacional 25.761, ya que “el robo de automotores es un flagelo social, dado que, además del delito en sí mismo, muchas veces es materializado con un alto costo en vidas humanas. La comercialización de esos repuestos constituye, además de un delito, una acción inserta en la actividad mafiosa y criminal”, aseveraron. Y destacaron que las autoridades hayan puesto énfasis en el control de los repuestos de segunda mano que se ofrecen en los canales electrónicos.

Grababus no mueve el amperímetro

PERFIL Córdoba consultó específicamente si la disminución de “chacharitas ilegales” se debió a la implementación del grabado de autopartes a cargo de Grababus S. R. L. que, con polémica y zigzagueos, terminó quedándose con el negocio en 2015. La respuesta fue negativa. “No es un sistema que haya incidido en la persecución del delito”, sentenciaron los investigadores. 

Es una herramienta absolutamente inocua. La ley provincial 10.110 que la puso en marcha estableció que las tres letras y tres números de la patente del vehículo deben ser grabados en el interior y parte superior del capó, en todas las puertas y en el baúl al momento de transferirlo. En abril de 2015, durante la gobernación de José Manuel de la Sota, las críticas que cosechó la decisión hicieron que a las pocas horas de publicarse el decreto que ponía en vigencia el grabado local, se diera marcha atrás. Durante meses, el propio titular de la firma, Jorge Sorensen, amenazó con un juicio millonario por la repentina y unilateral suspensión del contrato. 

En diciembre del mismo año, el gobernador Juan Schiaretti retomó la decisión. La puesta en marcha no estuvo exenta de cuestionamientos al descubrirse que las inscripciones no eran indelebles, lo que hizo modificar el sistema de inscripción.




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