La crisis desatada por los beneficios a la importación de productos de la canasta básica, dispuestos por el ministro Luis Caputo, amenaza con extenderse más allá de los reclamos de las empresas de alimentos y bebidas. Algunas multinacionales y marcas argentinas que tienen plantas en el exterior comenzaron a analizar la posibilidad de aprovechar las nuevas condiciones de comercio exterior y traer mercadería terminada para comercializar en el país y poner en stand by más máquinas, ante la pérdida de competitividad que generará el nuevo esquema.
“En cualquier momento traemos todo envasado de afuera y listo. Si total, no va a pagar impuesto PAIS y lo vamos a pagar a 30 días, mientras que los insumos están gravados con todos los impuestos y los dólares aparecen recién a los 120 días”, reconoció a PERFIL un ejecutivo de una empresa multinacional con fábricas en el país. Palabras más, palabras menos, otras fuentes de firmas de alimentos y bebidas, enrolados en la poderosa Coordinadora de Industrias del sector (COPAL), confirmaron que se trata de un esquema tentador.
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Sucede que la importación de productos terminados tiene varios puntos a favor: “En países en donde tenemos fábricas, la inflación no es un problema. En el Gobierno nos acusan de ser los remarcadores de precios, sin entender que la inflación genera suba de costos que hacen impredecibles los negocios, en toda parte de la cadena de valor. Además, a diferencia de otros mercados, la presión impositiva es muy fuerte para todas las empresas que estamos de punta a punta formalizadas. Y, otro punto en contra de la Argentina, es la dificultad para comprar insumos en el exterior, que genera costos de financiamiento y atrasos”, le dijo a este medio un representante de una alimenticia.
Los supermercados se despegan del reclamo importador
Si bien varias empresas pusieron a sus áreas especializadas a explorar la posibilidad de “darse vuelta” en la ventanilla del comercio exterior, la realidad es que aún no hubo órdenes de compra, porque consideran que “es muy reciente la medida y hay que esperar cuánto tiempo seguirá vigente”. “No es sencillo desactivar la producción local si es por un corto tiempo este sistema que puso en marcha el Gobierno”, admitió el dueño de una empresa que tiene experiencia en la compra-venta en el exterior.
Algo parecido les pasa a los supermercados. Si bien el Gobierno se apresuró y ya desde este viernes habilitó las condiciones de la apertura del comercio exterior, a través del Boletín Oficial, fuentes de una cadena de supermercados aclararon que “los procesos de importación requieren períodos que demandan tiempos para conocer el producto, tener certeza de embarque, que tenga homologación con los requisitos sanitarios del país, que el precio sea conveniente y que haya un volumen mínimo”. “No es algo que va a pasar este fin de semana. Requiere tiempo y negociación”, le dijeron a PERFIL. Ese nivel de improvisación es uno de los argumentos que tiene el sector para aclarar: “Nunca pedimos la apertura de las importaciones. Fue una decisión del Gobierno”.
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Los industriales se tomarán una ventana de 15 días para analizar el mercado, pero las primeras estimaciones que compartieron con PERFIL es que aprovecharán los beneficios del comercio exterior para explorar con la oferta de productos premiun, que puedan venderles a los supermercados. “Por ahora, la posibilidad de importar lo que se produce acá es baja. Pero si la medida se extiende, en tres meses habrá una inundación de alimentos y bebidas de todas las partes del mundo y ahí se hará insostenible tener las fábricas abiertas en el país”, confirmó un integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA).
El Gobierno, enojado con los industriales
Justamente, la Junta Directiva de la UIA mandató a su presidente, Daniel Funes de Rioja, a pedir una reunión con el ministro Caputo. Hasta este viernes, no se había oficializado el encuentro. Sin embargo, el abogado laboralista tuvo un approach con el Gobierno, cuando al día siguiente del anuncio gubernamental, y a pedido de la COPAL, se reunió con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.
Allí, el funcionario que responde a Caputo descartó volver atrás con la decisión y sólo le abrió la esperanza de “alguna medida para importación de insumos para el sector”. En la UIA saben que se trata más de una medida política, que económica. “No va a haber baja de precios y si los bajan, será de manera marginal. Esta decisión parece ser resultado de un enojo sin sentido, o el argumento para avanzar en un plan que puede perjudicar mucho a la industria nacional y beneficiar al comercio”, alertó la misma fuente fabril.
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Según fuentes que participaron de reuniones con el Gobierno, en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda existe un fuerte encono con los industriales. “Les pasaron un esquema de costos que es insostenible, dijeron. Y, en algún punto, tienen razón, porque hay precios que son imposibles”, dijo uno de los negociadores del sector privado.
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Los industriales medirán el efecto de la medida, para dilucidar el esquema de fondo. Algunos consideran que “hay que darle tiempo al Gobierno para que ordene la macro, bajando la inflación, para recién poder ver el plan de crecimiento del segundo semestre”. Mientras que otros, más desconfiados, creen que se trata de un globo de ensayo: “si sale bien y bajan considerablemente los precios, utilizarán esos resultados para liberar el comercio exterior en todos los rubros y confirmarán que todo lo anterior fue el inicio del industricidio que algunos comenzaron a denuncia”, se alarmó un fabricante que respaldó la llegada de Javier Milei al poder presidencial.
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En la reunión de mesa ampliada de la UIA, en donde participaron representantes de todas las regiones y sectores, el presidente de los industriales madereros de FAIMA, Román Queiroz, se animó a reclamarle a la conducción nacional por el silencio ante los números rojos que mostraron casi todos los sectores fabriles en los primeros meses de la gestión Milei. Incluso, apuntó contra las grandes empresas: “acordaron un pacto de silencio”.
CP