En 1990 el ingeniero Horacio Santos descubrió in fraganti a dos ladrones que estaban tratando de robarse el pasacassette de su auto. Los persiguió y les pegó un tiro a cada uno en la cabeza. Murieron en el acto. Muchísimos argentinos justificaron la violenta e ilegal reacción de la víctima, al grito de “Hay que matarlos a todos”.
Cada vez que alguna víctima de un delito reacciona con violencia contra el victimario –incluso matándolo-, aparece un coro que explica los atenuantes, entiende la reacción y no hace otra cosa que justificar lo que se llama comúnmente “justicia por mano propia”, algo que nos pone a todos en peligro.
Cada vez que alguna víctima de un delito reacciona con violencia contra el victimario –incluso matándolo-, aparece un coro que explica los atenuantes.
Por estos días, se habla en los medios y en las calles el caso del carnicero Daniel Oyarzún, que fue víctima de un robo, corrió a los dos delincuentes mientras le disparaban, los atropelló y mató a uno en la localidad bonaerense de Zárate el 13 de septiembre de 2016.
El tema que se discute no es si está bien o mal lo que hizo, si se excedió en defensa propia o eligió vengarse de quienes lo atacaron. El problema para muchos parece ser que el carnicero, en caso de ser condenado, no podrá cuidar de su familia, su hijita y su esposa que está estudiando. Y que por su reacción de unos segundos, arruinó su vida.
El problema para muchos parece ser que el carnicero, en caso de ser condenado, no podrá cuidar de su familia, su hijita y su esposa que está estudiando.
Lo que admiten como válido en la reacción del carnicero, como la de aquel ingeniero a comienzos de la década del 90, es que los ciudadanos podemos tomar justicia por mano propia. Pero es el estado quien, mal o bien, tiene el usufructo de la fuerza y es el único que, a través de sus tribunales, determina la pena que debe tener quien infringe la ley.
Otra cosa es volver a los tiempos de las cavernas, al salvajismo pre- racional donde vale todo y cualquiera puede decidir por la vida de los demás. Suele decirse: “te matan por un puñado de billetes”. ¿No es acaso lo mismo que hizo el “justiciero” del que estamos hablando por estos días?
El mal llamado “justiciero”, pasa en cuestión de segundos de víctima a victimario, tomando en su mano el poder que sólo debería tener el estado: vigilar y castigar el delito. Es el estado quien debe reprimir– más allá de que lo haga mal o bien- el incumplimiento de la ley. Cuando lo hace una persona (o un grupo de personas), infringe la ley y su acto tiene más que ver con la venganza que con el castigo que como sociedad organizada, deberíamos imponerle a quienes atentan contra la vida o la propiedad de otro.
Son muchos los orígenes de la delincuencia y hace siglos que se discute cómo enfrentarla. Lo que es seguro es que no es cierto que el ladrón nace malo y que no tiene cura. Y que tampoco se va a solucionar nada si caemos en el espiral de violencia que significa que cada víctima de un robo salga a buscar venganza mientras el resto de la sociedad lo aplaude y lo justifica.
