El fiscal federal Ramiro González imputó ayer al ex número tres de la Secretaría de Inteligencia (SI), Jaime Antonio Stiuso, y a dos de sus principales hombres. Se trata de la causa que más complica al ex jefe de los espías y que busca determinar si los ex funcionarios se habrían enriquecido ilícitamente desviando fondos reservados a través de empresas fantasma, informaron fuentes judiciales a PERFIL.
Además de Stiuso, la Justicia investigará a Horacio Germán García, ex director de Contrainteligencia de la SI –es el cargo que le adjudica la agencia oficial Télam– y a Alejandro Osvaldo Patrizio –ex jefe de división y a cargo del aeropuerto de Ezeiza–. Se trata de dos de los hombres más poderosos de la ex SIDE hasta diciembre pasado. La causa se originó por una denuncia de la ONG La Alameda, que encabeza el legislador porteño Gustavo Vera. También quedó imputado Roberto Saller, ex autoridad de la Dirección de Operaciones, y Juan Carlos Ioanu, gerente y cofundador de varias de las firmas investigadas, incluida American Tape, fundada por Stiuso y García en 1994. Según el Gobierno, Ioanu no es agente de inteligencia.
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El fiscal pidió al juez federal Sebastián Casanello una batería de medidas. Fuentes del juzgado confirmaron a este medio que el magistrado dará lugar a todos los requerimientos de prueba solicitados por González.
En el expediente, se imputó a más de cincuenta personas relacionadas con Stiuso, García y Patrizio y con unas 85 empresas de Buenos Aires y Miami por los presuntos delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público, así como supuestos delitos contra el orden económico y financiero. Según informó Oscar Parrilli, la mayoría de los imputados no figuran como agentes de la ex SIDE.
En la causa, se analizarán durante meses los patrimonios de los denunciados para investigar si los ex funcionarios de la Secretaría de Inteligencia se enriquecieron ilícitamente.
La supuesta red de empresas denunciadas está encabeza por American Tape SRL –que tiene una firma hermana en Miami–, que en noviembre de 2013 aumentó su capital social de $ 6 mil a $ 6 millones. Stiuso y García también fundaron Construcciones y Tecnología SA. García y Patrizio fundaron, además, Establecimiento El Peregrino y Avícola de la Cruz SA, para la explotación agropecuaria y forestal, entre otras compañías.
En los próximos días, el juez ordenará que más de una docena de organismos públicos y privado le envíen todos los documentos, informes y datos de los imputados y sus empresas.
El fiscal González le pidió a Casanello que consiguiera las propiedades, automóviles, ingresos y egresos del país, buques, aeronaves y hasta caballos de carrera y membresías del Jockey Club a nombre de Stiuso, García, Patrizio, sus familiares y el resto de los imputados. También solicitó una pericia al cuerpo de peritos de la Corte Suprema para “determinar el origen de los fondos de cada una de las empresas” denunciadas.
El juez requerirá las declaraciones juradas de los sospechosos a la AFIP y a la Secretaría de Inteligencia. El fiscal pidió que se le solicitara a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que desclasificara las actividades y legajos personales de Stiuso, García, Patrizio y otros involucrados, pero ayer Parrilli remitió al juzgado voluminosas carpetas con esa información desclasificada, antes de recibir el pedido formal de Casanello.
La Unidad de Información Financiera (UIF) deberá remitir todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que haya recibido de los bancos, financieras, empresas de seguro y escribanías. El Banco Central debe solicitar a todos los bancos, agencias de cambio, financieras y corredores del país que informen sobre las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y sus consumos, operaciones, extracciones de cuentas, plazos fijos, transferencias de dinero, compraventa de divisas, créditos y cajas de seguridad vinculados a los ex espías.
La Justicia ya tiene en la mira una cuenta bancaria en particular: investigará una caja de ahorro en la que García estaría haciendo aportes sin motivo aparente. Está a nombre de una mujer.
Involucrados
Jaime Stiuso.El ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) era el número tres del organismo hasta diciembre, cuando la Presidenta ordenó descabezar la SI y nombró a Oscar Parrilli al mando. La Justicia investigará su patrimonio y si desvío fondos del Estado a través de firmas fantasma. Está también en la mira por viajes relámpago al Uruguay tras su salida de la ex SIDE, como reveló PERFIL. Fundó en 1994 la firma American Tape SRL y renunció al directorio en 2000. Esa empresa tiene cuatro marcas registradas y fue mutando de objeto social. Tiene una empresa hermana en Miami.
Horacio García. Era hasta diciembre el hombre de Stiuso en el área de Contrainteligencia de la SI. Fue desvinculado tras el ingreso de Parrilli a la Secretaría. En los últimos tiempos transfirió dinero a una cuenta bancaria a nombre de una mujer, que ahora investigará la Justicia. Fundó American Tape SRL con Stiuso y comparte firmas con Alejandro Patrizio, otro ex hombre fuerte de organismo de espionaje. La Justicia analizará si los fondos de sus empresas son legales y si puede justificar su patrimonio. Entre las compañías en la mira está Construcciones y Tecnología SA, que fundó con Stiuso.
Alejandro Patrizio. Este ex jefe de división estaba a cargo del control de una de las áreas más sensibles en materia de Inteligencia: el Aeropuerto de Ezeiza. Está apartado de su cargo y habría pedido la jubilación anticipada pero Parrilli lo tiene frizado. Quiere juzgarlo por presunto contrabando. Fundó con García Establecimiento El Peregrino SA y Avícola de la Cruz SA en 2008 y 2011.
Juan Carlos Ioanu. De acuerdo a lo informado por Oscar Parrilli a la Justicia, Ioanu no es agente de la Secretaría de Inteligencia. La Justicia lo investiga porque es el gerente fundador de American Tape SRL, junto a Stiuso y García. Comparte varias firmas con otro imputado: Gabriel Constantino García Mutto. Su relación con Stiuso data de al menos 21 años. Además, se investigarán dos empresas a su nombre en Miami, Adamar Corp y Ecco Realty LLC. Esta última compañía comparte domicilio con la firma American Tape USA Inc., que la Justicia cree que está conectada con la empresa homónima en Buenos Aires, como denunció La Alameda.
