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Ley de Glaciares: elevan a juicio oral una causa contra tres exfuncionarios K

Lo decidió el juez federal Sebastián Casanello, que investiga a tres exsecretarios de Ambiente durante el kirchnerismo: Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso.

El juez Sebastián Casanello.
| Cedoc

El juez Federal Sebastián Casanello elevó este martes a juicio oral y público la causa contra exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente durante el kirchnerismo, acusados de vulnerar la ley de glaciares. Entre los involucrados están los ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso; y y el ex director del Instituto Argentino de Nivología, Ricardo Villaba.

En noviembre pasado, en un fallo inédito en la materia, el magistrado había resuelto los procesamientos de los ex funcionarios por el delito de abuso de autoridad. El juez sostuvo entonces que estos crearon un documento en clara contradicción con la ley, sancionada en el año 2010, el cual impidió que fueran inventariados y por ende protegidos, muchos cuerpos de hielo de la zona Lama-Veladero donde está la mina “Barrick Gold”, un lugar que por su condiciones áridas hacía más necesaria la preservación del agua.

El caso, en el que también intervino el fiscal Ramiro González, quien amplió el objeto inicial, es un desprendimiento de la investigación del derrame de cianuro de la Barrick, ocurrido en 2015 y 2017.

En el escrito conocido este martes, Casanello aseguró que Judis, Mussi, Lorusso y Villalba no pudieron “conmover la acusación formulada por la querella y por el Fiscal”. En ese sentido, sostuvo, tal “como indican los acusadores existen pruebas objetivas que autorizan a presumir fundadamente la responsabilidad que les cupo a los nombrados en los hechos que les fueron atribuidos y en la calidad descripta”. Por eso consideró agotada la intervención del juzgado y elevó el caso a juicio.

En noviembre, a la hora de procesarlos, el magistrado les había atribuido a los involucrados el haber retenido información y demorar la publicación del Inventario Nacional de Glaciares; como así también haber postergado los trabajos que tenían que hacerse en la zona, que era “prioritaria” de acuerdo a la ley por la existencia de la mina. Junto al procesamiento, Casanello trabó embargos millonarios y estableció la prohibición de salida del país de los ex funcionarios.

En un pasaje clave de su resolución, Casanello sostuvo que se vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y por ende el de toda la comunidad perjudicada.

En tanto que para evitar que los glaciares afectados sigan “consumiéndose”, el magistrado notificó lo resuelto al Ministerio de Ambiente de la Nación y al Congreso Nacional.