El 11 de marzo de 1949, la Convención Constituyente sancionó una reforma cuyo Preámbulo reafirmó “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. La fórmula condensaba un cambio profundo, pero no había nacido con él.
La expresión “justicia social” tenía ya un siglo de historia. Había surgido en la década de 1840, en el pensamiento católico italiano, con un sentido conservador y orgánico. No pretendía transformar el orden existente, sino preservarlo y armonizarlo. Su incorporación a una reforma constitucional transformadora fue, por eso, mucho más que la continuidad de una fórmula. Expresó una modificación en el sentido mismo del concepto.
Mi hipótesis es que, en ese recorrido, la justicia social cambió de centro de gravedad. Nació ligada al orden y llegó a 1949 asociada a la situación de los desaventajados. Sin embargo, conservó parte de su arquitectura original, la idea de una sociedad organizada también a través de cuerpos y asociaciones intermedias. En 1949, ese desplazamiento dejó de ser una historia de ideas y pasó a convertirse en derecho.
La reforma de 1994 volvió a incorporar la expresión al texto constitucional. Desde entonces, la justicia social no es solo una consigna partidaria ni una preferencia ideológica. Integra el orden jurídico argentino.
Descalificarla desde la Presidencia como una “aberración” trasciende, por tanto, la disputa política. Supone cuestionar un principio consagrado en la ley fundamental.
Un jesuita y un liberal. El creador más citado de la expresión es el jesuita Luigi Taparelli d’Azeglio, que entre 1840 y 1843 publicó su ensayo teórico de derecho natural. Allí escribió que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Parece una promesa de igualdad; leída con atención, es un límite. La igualdad alcanza solo lo que los hombres comparten como especie. En todo lo demás son desiguales y obrar con justicia consiste en respetar esa desigualdad dentro de un orden de sociedades —familia, municipio, corporaciones— anterior al Estado.
Unos veinte años después, el inglés John Stuart Mill la empleó en El utilitarismo con otro sentido. Para el jesuita, la desigualdad es la regla del orden natural y lo que debe justificarse es la igualdad; para el inglés, que parte de la utilidad general, ocurriría a la inversa. Uno piensa en la estructura de la comunidad; el otro, en el reparto. De allí su fórmula, según la cual Mill sostiene que “la sociedad debe tratar igualmente bien a todos aquellos que de su parte lo han igualmente merecido”. Y concluye: “Ved el principio abstracto más elevado de la justicia social y distributiva”. Con ese criterio mira la historia, hecha de costumbres que pasan del “rango de necesidad primera en la existencia social, a el de injusticia, de tiranía universalmente condenada”. La Convención de 1949 se nutrió sobre todo del catolicismo social, aunque no solo de él.
La encíclica de 1931. El texto decisivo de esa tradición es la encíclica Quadragesimo Anno, firmada por Pío XI el 15 de mayo de 1931 y dedicada a la “reconstrucción del orden social”. Es el primer gran documento del magisterio social de la Iglesia que hace de la justicia social un criterio explícito y reiterado para juzgar la economía, en cuatro direcciones.
La primera es la distribución. La encíclica parte del bien común. “Es necesario (…) que las riquezas (…) se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que (…) se conserve inmune el bien común de toda la sociedad”. De allí el mandato de que “la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social”.
La segunda es el salario. Si el salario familiar no puede pagarse, “la justicia social postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo”.
La tercera —la más importante para 1949— es el orden económico. “Mas la libre concurrencia, aun cuando dentro de ciertos límites es justa e indudablemente beneficiosa, no puede en modo alguno regir la economía, como quedó demostrado hasta la saciedad por la experiencia, una vez que entraron en juego los principios del funesto individualismo”. Hacen falta “principios más elevados y nobles (…), es decir, la justicia y la caridad sociales”. Esa justicia establecerá “un orden social y jurídico, con que quede como informada toda la economía”. Dieciocho años después, el artículo 40 de la reformada Constitución argentina de 1949 hará de esa idea un principio constitucional.
La cuarta es el límite: el principio de subsidiariedad. Es injusto, afirma la encíclica, “confiar a una sola sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores”. Subsidiariedad quiere decir ayuda: el Estado auxilia a la familia, al municipio o a las asociaciones cuando no pueden valerse por sí mismos, sin sustituirlos. Heredero de Taparelli, el principio rechaza a la vez el individualismo, que deja a cada uno solo frente al mercado, y el socialismo, que todo lo absorbe en el Estado.
Contenido distributivo, por un lado; orden de sociedades intermedias, por el otro. Esa doble condición recibirá la reforma constitucional de 1949. Antes, otros textos habían recibido el contenido sin la palabra —la Constitución francesa de 1848, la mexicana de 1917— o la palabra antes que el contenido, como la OIT en 1919. En 1949, por primera vez en el derecho constitucional argentino positivo, palabra y contenido coinciden.
Más derechos, más poder.Conviene advertir la economía del cambio y su precio. La Constitución de 1853, con sus cambios, tenía cerca de 7.500 palabras; la reformada en 1949, en torno a las 10.000. La reforma de 1949 sobre los 110 artículos existentes suprimió solo 11, agregó 4 y revisó 51. Con pocas palabras transformó a fondo los derechos y bienes fundamentales, pero no el poder constituido ni sus controles. La parte orgánica de la Constitución siguió siendo, en lo esencial, la misma; lejos de democratizarse, el poder se concentró aún más. No fue un descuido. Arturo Sampay, miembro informante de la mayoría, sostuvo que, con “algunos ajustes requeridos por nuestro tiempo”, la estructura del poder político de 1853 era lo “suficientemente vigorosa y ágil como para seguir cumpliendo la función que al Estado atribuyen las reformas de la parte dogmática”.
Al habilitar la reelección, la reforma potenció el absolutismo que el texto de 1853 ya alojaba en la figura presidencial. Veinticinco años después, en Constitución y pueblo (1974), Sampay admitió la falla. “La reforma constitucional de 1949 no organizó adecuadamente el predominio y el ejercicio del poder político por los sectores populares (…). Tal era, entonces, el talón de Aquiles de la mentada reforma (…)”. La justicia social ingresó en la Escritura fundamental con pocas palabras, por precisión y no por acumulación; el poder, en cambio, salió de ella más concentrado.
La reforma nombra la justicia social en dos lugares. En el Preámbulo, como fin del Estado, junto a la independencia económica y la soberanía política. En el artículo 40, el único donde figura literalmente, como criterio del orden económico, al disponer que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”. Así, la justicia social se convierte en principio constituyente del Estado.
La filiación católica no es una inferencia mía. La declaró el propio Sampay ante la Convención. Curiosamente, al definir la justicia social no mencionó a Taparelli. Señaló que la expresión “aparece con mayor fuerza a comienzos del siglo XX”, como una “consigna de combate lanzada en los medios obreros” y la vinculó con la encíclica de 1931. El origen de 1840 quedó sin declarar.
En esa intervención ofreció una definición que, a mi juicio, es la clave de toda la reforma. “Por justicia social (…) debe entenderse la justicia que ordena las relaciones recíprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyen a su realización”.
Su léxico —“grupos sociales”, “estamentos profesionales”, “clases”— es el de Taparelli; su medida —“en la medida en que contribuyen”— está más cerca del merecimiento de Mill que de la sola necesidad. Dos linajes conviven en una oración. Sampay resumió su función en una imagen. Es “el fiel que balancea el uso personal de la propiedad con las exigencias del bien común”.
El principio se despliega en artículos que no lo nombran. El 35 castiga los abusos de los derechos “que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre”. El 38 declara que “la propiedad privada tiene una función social”; el 39, que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. El núcleo está en el 37, con los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Allí se lee que, “siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano”, la comunidad debe garantizar al trabajador “una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales”.
Aquí la reforma se aparta de su fuente, que había calificado de error atribuir al solo trabajo lo obtenido con la obra conjunta del capital y del trabajo. Pero radicaliza la premisa, no la conclusión, porque no reclama para el trabajador todo el producto, sino una retribución justa. Toma la estructura católica y la radicaliza donde se decide la cuestión, en la fuente de la riqueza.
La herencia orgánica, en cambio, permanece intacta. La familia es el “núcleo primario y fundamental de la sociedad”; la protección del anciano corre primero “por cuenta y cargo de su familia” y solo en caso de desamparo corresponde al Estado.
En su edición de la Constitución de la Nación Argentina de 1949, Leticia Vita la define como una “Constitución obrera”. Por sus convencionales trabajadores, por los derechos y la función sociales de la propiedad. Y porque así la vivieron sus protagonistas.
Una justicia con raíces. Propongo tres miradas para clasificar las maneras de entenderla. La progresista se pregunta si mejora la vida de quienes menos tienen. La conservadora se conforma con que todos sean igualmente libres, sin importar cómo les vaya. La orgánica imagina la sociedad como un cuerpo en el que cada parte —la familia, el municipio, los oficios— tiene su lugar y lo justo es que ese orden se mantenga. Su versión más pura es la de Taparelli. La encíclica de 1931 combina la primera y la tercera; a esa mezcla la llamo progresismo orgánico, la preocupación por el reparto dentro de una sociedad de comunidades intermedias.
La Constitución reformada en 1949 pertenece a esta familia. Es progresista en sus fines. Ante la Convención, Sampay sostuvo que la reforma “abandona la neutralidad liberal que, repito, es intervención a favor del poderoso”. Y es orgánica en su estructura, por el lugar que asigna a la familia y por el carácter subsidiario de la protección estatal.
Una objeción. La justicia social de 1949 enfrentó una objeción conceptual que conviene distinguir de la negación presidencial de hoy, que toma prestados sus argumentos pero no ocupa su lugar.
La formuló más tarde, desde la teoría, el economista austríaco Friedrich A. Hayek en El espejismo de la justicia social (1976), segundo volumen de Derecho, legislación y libertad. Parte de una restricción. “En sentido estricto, sólo la conducta humana puede calificarse de justa o injusta”. De allí que “aplicar el término ‘justo’ a realidades distintas de acciones humanas o de las normas por las que éstas se rigen implica un error de categoría”. El mercado es un proceso impersonal que nadie dirige; su modo de distribuir los bienes “no es ni justo ni injusto”. Y como “no existe ningún sujeto que pueda cometer tal injusticia”, concluye con severidad. La justicia social “no es una expresión errónea, sino carente de sentido, igual que la expresión ‘una piedra moral’”. Así como una piedra no puede ser buena ni mala porque no obra, el mercado no podría ser justo ni injusto porque nadie lo dirige.
Su fuerza depende de una premisa que la reforma de 1949 niega. Para Hayek la distribución es obra de nadie; para Sampay la no intervención “implica la intervención en favor del más fuerte”. El desacuerdo no es lógico, sino sobre los hechos. Reconozco, con todo, que Hayek señala un punto débil real. El texto de 1949 no dice cómo conciliar la medida de la contribución con la de la necesidad.
Derogada, pero no vencida. En 1956, una proclama de la Revolución Libertadora dejó sin efecto la reforma de 1949. La historia parecía cerrada. No lo estaba. Un año después, la Convención constituyente reformadora de 1957 —convocada por el mismo gobierno de facto, con el peronismo proscripto— incorporó el artículo 14 bis a la Ley fundamental. La expresión “justicia social” no figura en él, pero parte de su contenido regresa. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, que asegurarán al trabajador, entre otros derechos, “condiciones dignas y equitativas de labor”, “retribución justa” y “participación en las ganancias de las empresas”; y “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Otra vez, el contenido sin la palabra.
El 14 bis es el puente entre 1949 y 1994. Recuperada la democracia constitucional, el 13 de septiembre de 1974, en el caso “Berçaitz”, una Corte Suprema integrada por conjueces —entre ellos, Sampay— definió la justicia social como la que procura “que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización” y elevó a rango constitucional un principio de interpretación según el cual, ante la duda, se está a favor de la justicia social. Era la primera vez que el más alto tribunal la mencionaba en un fallo. La reforma de 1949 ya no regía; su concepto, sí. Y su medida se había desplazado de la contribución a la universalidad.
En 1994, otra reforma volvió a escribir la expresión en la Ley fundamental. El artículo 75, inciso 19, encomienda al Congreso proveer lo conducente “al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social”. La palabra que 1949 había introducido y 1956 suprimido regresó al texto vigente.
Desde la reforma de 1994, la justicia social también tiene fundamento en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. El preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se propone consolidar, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, “un régimen de libertad personal y de justicia social”. El de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reitera esa fórmula.
No es una rareza argentina. La Constitución de Brasil de 1988, de las más influyentes de la región, establece en su artículo 170 que el orden económico, “fundado en la valoración del trabajo humano y en la libre iniciativa”, tiene por fin “asegurar a todos una existencia digna, de acuerdo con los dictados de la Justicia Social”. Entre sus principios conviven la propiedad privada y su función social, la libre concurrencia y la defensa del consumidor, la reducción de las desigualdades y la búsqueda del pleno empleo. La fórmula es casi la del artículo 40 de 1949. Cuatro décadas después, la justicia social sigue organizando el orden económico y lo hace junto a la libertad de mercado, no contra ella.
Negar lo que se juró cumplir. Esa continuidad obliga a mirar el presente. La prosperidad, el bienestar general y la justicia social están en la Constitución. La noche del 13 de agosto de 2023, siendo candidato, el actual presidente afirmó que la “máxima aberración” del modelo que venía a terminar “es la justicia social”. Ya presidente, en febrero de 2024, ante una convención conservadora en Washington, repitió que la justicia social “es una aberración”. Más de una vez invocó a Hayek. Pero entre ambos hay una diferencia decisiva. El autor de El espejismo de la justicia social la formuló con rigor, desde la cátedra, sin otra obligación que argumentar bien; es una crítica legítima y una sociedad abierta debe admitirla. Quien la repite desde la Presidencia habla, en cambio, desde un cargo público que lo obliga a cumplir la Constitución. No es lo mismo la cátedra que el cargo.
El 10 de diciembre de 2023, el presidente juró “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”. Esa Constitución manda proveer al “progreso económico con justicia social”. Podrá objetarse que el mandato se dirige al Congreso. Pero el presidente participa de la formación de las leyes, las promulga o las veta y juró no solo observar la Constitución, sino también hacerla observar. En un Estado constitucional, la ley es el principal instrumento de gobierno después de la Constitución. Promulgar o vetar no son actos menores, porque por esa vía el presidente decide si el mandato de la justicia social llega o no a la ley. Un ejemplo concreto es lo ocurrido con la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Tras vetarla y después de que el Congreso insistiera con su sanción, el Poder Ejecutivo la promulgó en 2025, pero condicionó su aplicación a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la inclusión de las partidas presupuestarias correspondientes. La ley existe; su cumplimiento, no. Promulgar una ley de justicia social para no cumplirla es la forma más eficaz de negarla sin derogarla. Desde el Ejecutivo, la justicia social queda escrita en el Boletín Oficial y suspendida en los hechos. Su nombre exacto es injusticia social.
Tampoco se reduce a una atribución legislativa. Como recordó la Corte en “Berçaitz”, la justicia social es la expresión más alta del “bienestar general” que el Preámbulo fija como fin de la Nación. Respetarla es una exigencia del buen desempeño constitucional. Llamar aberración a un mandato de la Ley fundamental que se juró cumplir no es una opinión inocua, menos aún cuando la palabra presidencial anticipa la orientación de un gobierno. El presidente tiene responsabilidad institucional. Su palabra no debería bordear el incumplimiento de la Constitución, porque un incumplimiento sostenido puede conducir al mal desempeño, que el artículo 53 enumera entre las causales de juicio político. No afirmo que esa causal esté configurada; esa decisión corresponde al Congreso. Afirmo que el camino hacia ella está trazado en el propio texto constitucional.
No encuentro en nuestra historia un presidente que, llegado por vías constitucionales, se haya propuesto negar un principio constituyente del Estado.
La justicia social nació hace casi dos siglos para conservar un orden; llegó en 1949 a una Constitución para ordenar la economía hacia el bienestar del pueblo; fue derogada y regresó por el 14 bis en 1957, por la jurisprudencia en 1974 y por el texto constitucional en 1994. Esa doble condición —material en sus fines, orgánica en su estructura— es la clave para leerla en la Escritura fundamental de 1949 y la medida para evaluar el desempeño de quien juró cumplir la Constitución que la contiene.
La fórmula de Alberdi en 1852 fue “gobernar es poblar”. Frente a quien hoy llama aberración a la justicia social, la de nuestro tiempo es otra, “gobernar es igualar”. La justicia social, más allá de la igualdad ante el Derecho y de la igualdad de oportunidades, aspira a una igualdad más plena y solidaria, capaz de asegurar que todos participen de los derechos y bienes materiales y espirituales de la civilización. Es la justicia bajo cuya protección pueden florecer la libertad y la solidaridad. Una bendición, acaso, laica.
Durante siglos, la voluntad del príncipe tuvo fuerza de ley. En una democracia constitucional, el principio se invierte y la voluntad del gobernante está subordinada a la Constitución. El presidente no jura para imponer su voluntad, sino para respetar la ley y hacerla cumplir.
Cuatro voces atraviesan esta historia. Para Mill, la justicia social era “el principio abstracto más elevado”; para Sampay, “el fiel que balancea”; para Hayek, “una piedra moral”; para el actual presidente, una “aberración”. Dos de esas voces miden; las otras dos niegan que haya algo que medir. Una piedra no mide. No pesa lo que tiene cada uno ni pregunta quién quedó afuera. Uno escribió una metáfora; el otro la convirtió en programa de gobierno.
Ninguna motosierra borra aquello que una Constitución ordena. A lo sumo, puede desobedecerlo. Quien gobierna con una piedra en la mano no gobierna; arroja. La Constitución le prescribe otra conducta a quien la juró, que suelte la piedra y tome la balanza para hacer más justa la vida de todos.
*Doctor y postdoctor en Derecho. Profesor titular de Derecho constitucional, Facultad de Derecho, UBA.









