Miiles de personas marcharon este sábado en Francia por cuarto fin de semana consecutivo, bajo la consigna “contra el alto costo de la vida y en apoyo de los jóvenes”. La movilización se dio a pocos días de las reuniones que el Gobierno convocó para la próxima semana con sindicatos, empresarios y organizaciones estudiantiles.
Según las autoridades, 146.000 personas participaron de las protestas en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 250.000. En París, donde marcharon unas 60.000 personas, la columna recorrió el centro de la ciudad entre las plazas de la República y de la Nación.
La jornada tuvo incidentes. En la capital, los incidentes se produjeron al cierre de la marcha, cuando la policía reprimió con gases lacrimógenos a grupos de manifestantes, y un auto fue incendiado en la plaza de la República. También se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Burdeos, mientras que en Lyon las autoridades prohibieron una marcha en el centro de la ciudad.
“Hoy es una fecha que permite mantener la presión”, afirmó la vocera de la Unión Estudiantil, Sabrine Kharbach, quien recordó que los sindicatos docentes convocaron a una nueva huelga y a nuevas protestas para el martes. Esos mismos gremios denunciaron, además, presuntos actos de represión policial contra estudiantes.
“Desobediencia masiva”
A diferencia de los sábados anteriores, el movimiento de los chalecos amarillos, que ya había sacudido el primer mandato de Emmanuel Macron entre 2018 y 2019, se movilizó por su cuenta. “Hacemos un llamamiento a la desobediencia masiva”, afirmó Benjamin Ball, integrante de su comité coordinador, que hace ocho años encabezó las protestas contra la suba de los impuestos a los combustibles.
El movimiento convocó a concentrarse en la plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea Nacional y del Palacio del Elíseo, pese a la prohibición policial. Varias decenas de personas respondieron al llamado, y uno de sus líderes fue detenido en las inmediaciones de la Asamblea.
El operativo
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, volvió a desplegar 70.000 policías y gendarmes, con controles reforzados en rutas y estaciones de tren, para evitar que se repitieran los disturbios y saqueos del 17 de octubre. Antes de la jornada, había advertido que el riesgo era “exactamente el mismo que en los sábados anteriores” y que, si había “alborotadores o saqueadores”, las fuerzas estarían “preparadas y esperándolos”. Además, atribuyó los llamados a bloqueos, “revolución” o “insurrección” a sectores de ultraizquierda.
Hasta el mediodía, la Prefectura de París había realizado 847 controles en estaciones de tren de la capital y su área metropolitana. Al final de la jornada, las autoridades señalaron que la movilización fue “claramente a la baja”.
El jueves, entre 575.000 y 1,6 millones de personas, habían salido a las calles para reclamar mejores salarios y mayor poder adquisitivo, y en apoyo a los estudiantes, que desde mediados de septiembre denuncian la falta de profesores, el deterioro de las aulas y un sistema de admisión a la universidad que consideran poco transparente. Aquella jornada terminó con enfrentamientos puntuales y 642 detenidos, según el Ministerio del Interior.
China denunció que Estados Unidos intenta sabotear sus relaciones con Cuba y advirtió a Donald Trump
En paralelo, los abogados de al menos 18 heridos durante las protestas anunciaron que presentarán, en un plazo de tres semanas, una denuncia colectiva contra Nuñez ante la Corte de Justicia de la República, a quien acusan de haber ordenado el uso de armas que pueden causar mutilaciones.
La respuesta del Gobierno
Tras la marcha del jueves, el Gobierno anunció una “conferencia social” para el lunes con sindicatos y empresarios, dedicada a los salarios y al poder adquisitivo. Ese mismo día por la tarde, Lecornu recibirá a representantes de los estudiantes secundarios y universitarios, después de seis semanas de movilizaciones. En una carta enviada el viernes, el primer ministro aseguró estar atento a los reclamos salariales, así como a las preocupaciones del sector empresario, y se comprometió a buscar soluciones concretas.
Los sindicatos reclaman un aumento del salario mínimo, que no tiene una suba discrecional desde 2012, incrementos salariales generales, cambios tributarios y mejores condiciones de estudio para los jóvenes. Sin embargo, el margen del Gobierno es limitado, por la presión para reducir la deuda pública.
Las protestas complican el tramo final del gobierno del centroderechista Macron, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales en las que los franceses elegirán a su sucesor. La líder de ultraderecha Marine Le Pen encabeza las encuestas.
IC
